El presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, quien busca la Fiscalía General de Arizona, asegura que trabajara con el gobierno federal para deportaciones. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El presidente del Senado de Arizona y candidato republicano a fiscal general, Warren Petersen, prometió que, de ser electo en noviembre, colaborará con el gobierno federal para deportar a los casi 20,000 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que residen en el estado, a quienes calificó de “ilegales”.
La declaración, difundida en la red social X, desató una inmediata condena de la fiscal general demócrata Kris Mayes, quien busca la reelección y calificó la postura de Petersen como “descalificadora”.
“Aquí va un consejo legal gratuito para nuestra fiscal general en funciones: DACA no aparece en ningún lugar de la Constitución”, escribió Petersen en respuesta a un video en el que Mayes prometía seguir defendiendo los derechos de los dreamers en los tribunales.
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El senador añadió: “Mantendré nuestra frontera segura y trabajaré con el gobierno federal para deportar a todos los que ingresen ilegalmente a este país. Damos la bienvenida a quienes vienen legalmente y respetan la ley. Pero prepárate para ser deportado o procesado si no lo haces”.
Mayes replicó de inmediato en la misma plataforma: “Noticia de última hora, Warren: los beneficiarios de DACA son agentes de policía, bomberos, enfermeros y propietarios de pequeños negocios en Arizona. Y acabas de anunciarle al mundo que crees que son criminales y que deberían ser deportados. Descalificador”.
La actual fiscal, que ha movilizado su oficina para defender el programa en cortes federales y para emitir guías legales a escuelas y hospitales sobre cómo actuar ante agentes migratorios, contrastó su historial con el de un rival que, según sus propias palabras, “representa un retorno a las épocas más oscuras de la política de Arizona”.
Más de 18 mil dreamers en Arizona
Según el informe más reciente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, 18,450 dreamers viven en Arizona, donde gozan de un estatus legal temporal que les permite trabajar, estudiar y contribuir a la economía.
Pese a ese blindaje, la administración Trump ha detenido a 270 beneficiarios de DACA en los primeros nueve meses de su mandato, y 174 han sido deportados, según datos de la propia agencia citados por organizaciones defensoras de los inmigrantes.
La promesa de Petersen de “procesar o deportar” a este grupo llevó a la presidenta del Partido Demócrata de Arizona, Charlene Fernández, a acusarlo de “prometer una nueva era de miedo, apuntando contra jóvenes que han pasado su vida en nuestras comunidades”.
Petersen, quien cuenta con el respaldo del exalguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, condenado por desacato judicial por prácticas de discriminación racial, ha hecho de la mano dura migratoria uno de los ejes de su campaña.
La directora de campaña de Mayes, Delaney Corcoran, lo equiparó directamente con el antiguo alguacil.
“Cuando Petersen les dice a los dreamers que se preparen para ser procesados y deportados, les está diciendo a los arizonenses que se preparen para un período de terror y separación familiar. Básicamente está prometiendo ser un fiscal al estilo Arpaio”.
En el frente republicano, el otro contendiente en la primaria del 21 de julio, Rodney Glassman, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si comparte la postura de Petersen respecto a los dreamers.
El silencio de Glassman contrasta con la vehemencia de Petersen, quien ha fijado una posición que, según las encuestas, lo coloca en contra de la corriente mayoritaria de la opinión pública: un sondeo de Gallup de 2025 mostró que el 78 por ciento de los estadounidenses apoya ofrecer un camino a la ciudadanía a inmigrantes que cumplan ciertos requisitos, y el 85 por ciento respalda específicamente que se conceda esa oportunidad a quienes fueron traídos al país de niños.
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La contienda por la fiscalía general, una de las más vigiladas del ciclo electoral en Arizona, se perfila así como un choque frontal entre dos visiones irreconciliables del derecho migratorio.
Por un lado, Mayes ha hecho de la defensa legal de las comunidades inmigrantes una bandera de su gestión; por el otro, Petersen ha prometido utilizar la oficina del fiscal para “procesar y deportar” a quienes, pese a tener un estatus legal temporal, él considera indocumentados.
La diferencia de enfoques quedó expuesta en unas cuantas palabras, pero sus consecuencias se medirán en las urnas.
