Monitor del caso Melendres presenta informe trimestral; nueva audiencia el 26 de junio
El monitor independiente designado por la corte federal en el caso Meléndres contra Sheridan presentó su 46º informe trimestral el 15 de junio, en el que documenta que la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) incurrió en “incumplimiento” en catorce párrafos que previamente habían sido calificados como “en cumplimiento”, según reveló el activista Salvador Reza, del colectivo Tonatierra.
El reporte, correspondiente al tercer trimestre de 2025, señala violaciones graves en la Sección 12, relativa a investigaciones de conducta indebida, y acusa al alguacil Russ Sheridan, al subalguacil Gentry y al jefe ejecutivo Palopoli de tomar represalias contra el capitán de la Oficina de Estándares Profesionales y de socavar las políticas internas y la orden judicial vigente.
“Estas nuevas revelaciones son alarmantes para la comunidad afectada, aunque los organizadores comunitarios de larga data no se sorprenden de que el alguacil Sheridan y otros miembros del equipo ejecutivo de la era Arpaio no hayan cambiado su comportamiento y actúen como si estuvieran por encima de la ley”, declaró Reza.
El activista recordó que la supervisión federal sobre la MCSO se remonta a 2013, cuando el juez federal Murray Snow determinó que la dependencia, entonces bajo el mando del alguacil Joe Arpaio, había violado los derechos constitucionales de conductores latinos mediante prácticas sistemáticas de discriminación racial.
La MCSO, por su parte, emitió un comunicado en el que pide a la opinión pública leer el informe completo y sus comentarios antes de sacar conclusiones.
“Muchos de los hallazgos del monitor no involucran acusaciones de policía discriminatoria, paradas de tráfico ilegales o preocupaciones de derechos civiles que dieron origen a este litigio”, señala el documento oficial.
“En cambio, el informe se centra en gran medida en desacuerdos sobre asuntos administrativos internos, decisiones de personal, procedimientos disciplinarios e interpretación de políticas”.
La dependencia defendió que cuando se presentaron quejas contra un oficial de mando, “la MCSO hizo exactamente lo que requieren las órdenes judiciales y lo que el público esperaría: las acusaciones fueron aceptadas, documentadas y remitidas para investigación”.
El informe del monitor llega en un momento crítico: el próximo viernes 26 de junio, a la 1:30 de la tarde, el juez Snow celebrará una audiencia en la que la MCSO y el Condado de Maricopa presentarán argumentos para solicitar el levantamiento de la supervisión federal, alegando años de cumplimiento reconocido.
La MCSO planteó en su comunicado una pregunta que anticipa el debate de esa audiencia: “¿Deberían retirarse años de cumplimiento previamente reconocido porque los líderes de la agencia discutieron preocupaciones sobre el debido proceso, ejercieron su discreción legal y tomaron decisiones administrativas que fueron debatidas y revisadas abiertamente?”.
El alguacil Sheridan, quien asumió el cargo en 2024 prometiendo modernizar la corporación, enfrenta ahora el señalamiento más severo desde que comenzó su mandato.
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El monitor documentó que los mandos participaron en “medidas de represalia” contra el capitán Lugo, responsable de la Oficina de Estándares Profesionales, y en “otras actividades para socavar el cumplimiento de las políticas de la MCSO y el desprecio de la orden judicial”, según el resumen del activista Reza. La MCSO replicó que una de las decisiones cuestionadas, permitir representación legal a un oficial durante una entrevista administrativa, está expresamente autorizada por la ley de Arizona y fue adoptada tras consultar las prácticas de otras agencias policiales del estado.
La audiencia del 26 de junio definirá si la supervisión federal, que ha costado cientos de millones de dólares a los contribuyentes del condado, se mantiene o se levanta.
Para los críticos, el informe 46 es la prueba de que la cultura institucional de la era Arpaio sigue viva; para la MCSO, se trata de una discrepancia administrativa que no debería anular más de una década de reformas. El juez Snow tendrá la última palabra.
