Varias organizaciones de Arizona, que busca imponer límites al crecimiento del ESA y exigir mecanismos de rendición de cuentas. CORTESIA: Save Our Schools
Descarta legislatura republicana la sesión especial para analizar el problema
El intento de los republicanos de la Legislatura de Arizona de convocar una sesión especial para negociar un acuerdo sobre el programa de vouchers escolares colapsó, lo que provocó una airada reacción de los líderes demócratas, quienes acusaron a la mayoría de anteponer la política a las soluciones.
El fracaso de las negociaciones, confirmado por los propios republicanos a través de redes sociales, deja en pie una batalla de iniciativas ciudadanas que se resolverá en las urnas de noviembre y reaviva las profundas controversias que han rodeado al programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés) desde su expansión universal.
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“Los republicanos crearon este desastre al aprobar apresuradamente remisiones electorales dañinas y engañosas, incluido un ataque contra maestros, bomberos, agentes del orden y otros empleados públicos que desean afiliarse a un sindicato”, declararon en un comunicado conjunto el líder de la minoría en el Senado, Priya Sundareshan, y el líder de la minoría en la Cámara, Oscar De Los Santos.
“Hoy tuvieron la oportunidad de unirse y trabajar con los demócratas para retirar estas reformas apresuradas e imprudentes y, una vez más, le fallaron a Arizona”.
El programa ESA, que nació en 2011 para estudiantes con discapacidades y fue universalizado por los republicanos en 2022, se ha convertido en un gigante presupuestario: actualmente atiende a más de 112,000 alumnos con erogaciones anuales que superan los 1,100 millones de dólares, según el Departamento de Educación de Arizona.
Su rápida expansión ha estado marcada por una cascada de controversias: la Oficina del Auditor General ha documentado pagos duplicados, beneficiarios que ya no residen en el estado y gastos no elegibles.
La fiscal general Kris Mayes creó en 2025 una unidad antifraude exclusiva para investigar irregularidades, y apenas este mes se obtuvo la primera condena penal: Amanda Maestas fue sentenciada a restituir más de 28,000 dólares tras seguir cobrando fondos después de mudarse a Texas.
Ese historial alimentó la iniciativa ciudadana Protect Education Act, impulsada por la Asociación de Educación de Arizona (AEA) y grupos como Save Our Schools Arizona, que busca imponer límites al crecimiento del ESA y exigir mecanismos de rendición de cuentas.
En las últimas horas del período ordinario de sesiones, los republicanos respondieron con la Resolución Concurrente 2048, una medida que, bajo el título de “Ley de Protección de Familias Militares”, contiene una cláusula que, según los demócratas, impediría cualquier reforma futura al programa de vouchers.
“Lo que vimos hoy fue un fracaso de liderazgo de los republicanos en ambas cámaras”, afirmaron Sundareshan y De Los Santos en su comunicado.
“Mientras el presidente Montenegro y el presidente Petersen afirmaban que negociaban de buena fe, ahora sabemos la verdad. No habrá sesión especial. En cambio, los republicanos dieron marcha atrás en los términos de un acuerdo que no solo fue ampliamente reportado, sino que ellos mismos armaron”.
El colapso de las negociaciones se produce apenas dos semanas después de que un intento similar fracasara en el pleno del Senado, cuando el presidente Warren Petersen y el senador Jake Hoffman votaron junto a los demócratas para hundir la propuesta.
En aquella ocasión, la AEA había aceptado retirar su iniciativa a cambio de que los republicanos abandonaran una remisión que habría prohibido a los distritos escolares deducir las cuotas sindicales de los salarios docentes.
El nuevo fracaso deja intactas ambas medidas de cara a noviembre.
Los líderes demócratas concluyeron su declaración con un mensaje de confianza en el electorado.
“Ahora depende de los votantes de Arizona. Tenemos plena confianza en que aprobarán la Ley de Protección Educativa para frenar el desperdicio, el fraude y el abuso en el programa ESA, y se movilizarán para proteger la educación pública y los sindicatos que representan a educadores, bomberos y agentes del orden”, señalan.
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Mientras tanto, la resolución republicana HCR 2048 sigue su curso en los tribunales, donde Save Our Schools Arizona ha presentado una demanda que alega violaciones a la Constitución estatal.
La organización argumenta que la medida combina ilegalmente múltiples elementos en un solo texto legislativo y que su título induce a error a los votantes. Con las firmas de las iniciativas ciudadanas a punto de vencer y sin un acuerdo legislativo a la vista, el futuro del programa de vouchers más ambicioso del país se dirimirá, muy probablemente, en las urnas de noviembre.
