El secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrián Fontes, aclaró que la decisión del alto tribunal no altera el proceso electoral en el estado. CORTESIA: Arizona Secretary of State / Facebook
Los estados son libres de contar las boletas por correo que lleguen después del día de la elección, siempre que tengan el matasellos oportuno o las autoridades electorales determinen que fueron emitidas a tiempo, dictaminó la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión, aprobada por 5 votos contra 4, supone una derrota para la administración Trump, que había impulsado un desafío a una ley de Mississippi que permite contar boletas hasta cinco días después de los comicios.
Sin embargo, el fallo no modifica las reglas en Arizona, donde la legislación estatal exige que las boletas estén en posesión de los funcionarios electorales a más tardar a las 7 de la noche del día de la elección.
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El impacto del fallo de la Corte Suprema
El secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrián Fontes, salió al paso de inmediato para aclarar que la decisión del alto tribunal no altera el proceso electoral en el estado.
“La decisión de hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos reafirma un principio fundamental de nuestro sistema electoral: los estados administran las elecciones, no el gobierno federal”, declaró Fontes.
“Arizona es un estado de recepción en mano, lo que significa que las boletas votadas deben ser recibidas por un funcionario electoral a más tardar a las 7:00 p.m. del día de la elección. Como resultado, la decisión de hoy no cambia la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Arizona”, añadió.
Fontes recordó que la mejor manera de garantizar que un voto sea contabilizado es depositar la boleta lo antes posible. Quienes voten por correo deben hacerlo a más tardar el 14 de julio, o entregarla personalmente en un buzón oficial o centro de votación antes de las 7 de la noche del día de la elección. Los electores también pueden rastrear su boleta a través del portal de información electoral Arizona.Vote.
Los votos de los magistrados
El fallo de la Corte Suprema, redactado por la jueza Amy Coney Barrett, designada por Trump, se apoyó en el presidente del tribunal, John Roberts, y los tres magistrados progresistas.
Barrett escribió que “los estatutos del día de la elección no dicen nada sobre la recepción de las boletas, y no podemos añadir las palabras que el Congreso decidió no incluir”. Disintieron Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
El presidente Trump arremetió contra la decisión en su red Truth Social: “A la luz de la tremenda pérdida en la Corte Suprema hoy sobre los derechos de los votantes, es más importante que nunca aprobar la Ley SAVE AMERICA”.
Esa legislación, que exigiría prueba de ciudadanía e identificación con foto para votar, ha sido aprobada en la Cámara pero se ha estancado en el Senado.
Decisiones judiciales contra la orden ejecutiva
La derrota judicial para la Casa Blanca se suma a una cascada de reveses en su intento por reconfigurar el sistema electoral por la vía ejecutiva.
Apenas el 25 de junio, una jueza federal en Massachusetts, Indira Talwani, bloqueó grandes porciones de la orden ejecutiva de Trump que pretendía restringir el voto por correo al exigir a los estados la entrega de listas de votantes preautorizadas.
La magistrada concluyó que “La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones” y que la medida violaba la autoridad estatal.
Arizona fue uno de los 24 estados que, con la fiscal general Kris Mayes al frente, integraron la coalición que demandó contra esa orden.
Mayes celebró el fallo de Talwani con un mensaje directo: “Millones de independientes, republicanos y demócratas en Arizona han votado por correo durante décadas. Casi el 80 por ciento de los votantes de Arizona emiten su sufragio de esta manera. Las familias de militares votan por correo. Los arizonenses rurales votan por correo. Los miembros de las tribus votan por correo. La orden ejecutiva de Donald Trump apuntaba contra todos estos votantes. Pero hoy, los tribunales californianos confirmaron lo que la Constitución deja claro: los estados administran sus elecciones, no el presidente”.
La propia Mayes ha sido una voz activa en la defensa de la integridad electoral frente a lo que considera una extralimitación del Ejecutivo. Su oficina también se ha opuesto a la base de datos SAVE del Departamento de Seguridad Nacional, que pretendía cruzar información migratoria con los padrones estatales, y ha demandado a la administración por intentar imponer requisitos de trabajo más estrictos en el programa Medicaid.
Arizona, con sus primarias en marcha y las elecciones generales de noviembre en el horizonte, se ha convertido en el epicentro de esta batalla.
La Corte de Apelaciones estatal ya bloqueó los intentos del registrador del condado de Maricopa, Justin Heap, de modificar los procedimientos electorales a pocos días del inicio de la votación anticipada, y el secretario Fontes ha reiterado que las reglas vigentes, incluida la exigencia de recibir las boletas antes de las 7 de la noche del día de la elección, seguirán aplicándose sin cambios.
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La suma de los fallos judiciales y la resistencia estatal configura un escenario en el que, pese a la retórica presidencial, el sistema electoral de Arizona se mantiene blindado por las leyes locales y por una serie de decisiones judiciales que han frenado, una y otra vez, los intentos de la administración Trump de reescribir las reglas desde Washington.
Para Fontes, la conclusión es clara: “Seguiremos cumpliendo la ley y garantizando que cada votante elegible de Arizona pueda emitir un voto que sea contado”.
