Enrique Davis-Mazlum, Director Estatal de UnidosUS en Arizona y Joe García de Chicanos Por La Causa.
La situación ha empeorado desde la autorización del One Big Beautifull Bill
En Tucson, UnidosUS convocó a defensores comunitarios, líderes de salud y funcionarios electos para analizar cómo las decisiones federales están afectando a las familias de Arizona en sus mesas, clínicas, escuelas y lugares de trabajo.
La conversación comenzó con un ejercicio sencillo. Fernando Quiroz, organizador en Arizona de Bread for the World, pidió a los asistentes que escribieran en un plato de papel qué habían cenado la noche anterior. Luego les pidió voltearlo.
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“Una vez que lo hagan, quiero que le den la vuelta. ¿Qué ven?”, dijo. “Ven un plato vacío. Esa es la realidad que nuestra gente, nuestras comunidades, enfrentan todos los días”.
Quiroz fue uno de los participantes en la mesa redonda convocada por UnidosUS en el Tucson Small Business Center para hablar sobre las consecuencias de la OBBBA, o H.R. 1, casi un año después de que se convirtiera en ley.
El foro se centró en el impacto que ya se siente en Arizona: cientos de miles de personas han perdido asistencia alimentaria desde que entraron en vigor los cambios federales, mientras que las próximas restricciones a Medicaid, conocido en Arizona como AHCCCS, podrían dejar sin seguro médico a unas 420,000 personas.
Stan Dorn, director del Proyecto de Política de Salud de UnidosUS, advirtió que los recortes actuales son apenas el comienzo.
“Los recortes a SNAP ya entraron en vigor”, dijo, en referencia al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. “Lo que estamos viendo ahora son los aperitivos del menú. Los platos fuertes todavía están por venir”.
La discusión también abordó la presión que enfrenta el Departamento de Seguridad Económica de Arizona para reducir la tasa de error en los pagos de SNAP. Bajo H.R. 1, los estados pueden enfrentar sanciones si superan una tasa de error del 6%. Arizona registró una tasa de 10.8% en 2025 y podría enfrentar entre $100 millones y $300 millones en penalidades.
Aunque funcionarios estatales han dicho que reducir esa cifra es una prioridad, defensores advierten que la presión podría traducirse en más papeleo, demoras y rechazos para las familias elegibles.
Dorn describió la situación como “un desastre provocado por seres humanos” y advirtió que, para evitar sanciones, los trabajadores sobrecargados podrían terminar negando solicitudes cuando haya dudas.
La mesa redonda también abordó los nuevos requisitos laborales para SNAP y Medicaid. Joseph Palomino, del Arizona Center for Economic Progress, dijo que esas reglas no reflejan la realidad de muchas personas que dependen de asistencia alimentaria.
“También hemos visto un mercado laboral muy paralizado, y las personas con más probabilidades de recibir SNAP son las que tienen empleos inconsistentes”, dijo Palomino.
La senadora estatal Stephanie Stahl Hamilton compartió su propia experiencia recurriendo a programas públicos.
“Yo hice fila para WIC. Fui al DES. Mis hijos estuvieron en AHCCCS, estuvieron en KidsCare. Nosotros pasamos tiempo sin seguro médico”, dijo.
Aunque el estado reportó un pequeño aumento reciente en pagos de SNAP, las cifras siguen siendo alarmantes: cerca de 450,000 arizonenses recibían asistencia alimentaria en mayo, comparado con 910,000 el año anterior.
Al abrir el evento, el Dr. Enrique Davis-Mazlum, Director Estatal de UnidosUS en Arizona, agradeció la presencia de Roy M Tatem, Jr., representante del Senador Rubén Gallego, y de Elvira Din, Directora Distrital de la Congresista Adelita Grijalva. También señaló que el Senador Mark Kelly y el Congresista Juan Ciscomani fueron invitados para escuchar directamente a las más de veinte organizaciones comunitarias y conocer de primera mano el impacto que estas políticas están teniendo en las familias de Arizona.
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Al concluir la mesa redonda, Davis-Mazlum resumió el objetivo del encuentro con un llamado a mantener las voces de la comunidad en el centro del debate público: “Las decisiones de políticas públicas pueden tomarse en Washington, D.C., pero sus consecuencias se sienten en los hogares, las clínicas, las escuelas y las comunidades de Arizona. Por eso, las voces de Arizona importan y las historias compartidas hoy deben seguir siendo escuchadas”.
Para UnidosUS, el foro fue parte de un esfuerzo más amplio para elevar las experiencias de las familias afectadas, visibilizar las consecuencias locales de las decisiones federales y reunir a líderes comunitarios en torno a soluciones que respondan a las necesidades de los arizonenses.
