Los 24 fiscales que presentaron la demanda, incluido Arizona, cuestionan endurecimiento de requisitos para acceder a los servicios de salud. Foto:
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció que se sumó a una coalición de 24 fiscales estatales y dos gobernadores para demandar al gobierno federal por la implementación de los nuevos requisitos de trabajo para Medicaid, contenidos en la Ley “One Big Beautiful Bill”.
La acción legal, presentada ante un tribunal federal, impugna una regla final provisional publicada el 3 de junio por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que según la fiscal “ignora la ley y pone en riesgo a las personas médicamente frágiles”.
“Medicaid existe para proteger a los arizonenses más vulnerables, y esta regla final provisional socava ilegalmente esa protección”, declaró Mayes al anunciar la demanda.
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“Ignora la ley y pone a las personas médicamente frágiles en riesgo de perder la atención médica de la que dependen. Los arizonenses que de otro modo serían elegibles para la cobertura no deberían perder el acceso a su atención médica debido a trámites burocráticos innecesarios”, añadió la fiscal.
La Ley One Big Beautiful Bill
La controversia se centra en la sección de “Requisito de Participación Comunitaria para Ciertas Personas”, que establece una nueva interpretación de términos clave como “médicamente frágil” y dificulta que las personas con enfermedades graves o discapacidades queden exentas de los requisitos laborales.
El Congreso había creado esas exenciones para garantizar que los beneficiarios con padecimientos severos no perdieran la cobertura. Sin embargo, según la demanda, la nueva regla reduce drásticamente el alcance de esa protección.
La regla final provisional fue publicada por CMS apenas el 3 de junio de 2026, después de que la dependencia hubiera trabajado durante meses con los estados en la implementación de la ley.
Ese cambio de criterio, según los fiscales, tomó por sorpresa a las administraciones estatales.
Aunque los requisitos de trabajo entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, los estados deben notificar a los beneficiarios de Medicaid sobre estos cambios antes del 31 de agosto de 2026, lo que deja un margen muy estrecho para preparar las comunicaciones. La demanda busca bloquear la implementación de la regla y, en última instancia, anularla.
Los argumentos legales de la coalición de fiscales estatales
La demanda argumenta que la regla reduce ilegalmente las protecciones del Congreso para los beneficiarios médicamente frágiles; ignora evidencia sustancial de que los requisitos de reporte laboral provocan que personas elegibles pierdan la cobertura por barreras administrativas, no por falta de empleo.
Y es que no evalúa adecuadamente el daño a los estados, los beneficiarios y los sistemas de salud, y coacciona inconstitucionalmente a los estados al imponer nuevas exigencias cuando ya habían comenzado a implementar la ley según su texto original y las guías previas de CMS.
Impacto en el programa AHCCCS de Arizona
Estudios de la Kaiser Family Foundation y de la Oficina de Presupuesto del Congreso han documentado que experiencias previas de requisitos laborales en Medicaid, como las de Arkansas y Kentucky, resultaron en la pérdida de cobertura de miles de personas sin que aumentara significativamente el empleo, y generaron costos administrativos adicionales para los estados.
Arizona, con su programa AHCCCS, atiende a aproximadamente 2.5 millones de residentes, de los cuales una porción significativa podría verse afectada por el endurecimiento de los requisitos.
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La demanda fue coliderada por los fiscales generales de California, Massachusetts y Nueva Jersey, y cuenta con el respaldo de los fiscales de Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania. La coalición confía en que el tribunal conceda una medida cautelar que suspenda la aplicación de la regla mientras se resuelve el litigio de fondo.
