La ex maestra Theresa Pulido durante su entrevista, denunció el reclutamiento del crimen organizado y encubrimiento en escuelas de Phoenix. FOTO: Magnific
Tres tiroteos perpetrados por adolescentes en Valle del Sol en el lapso de unas cuantas semanas, han dejado de ser episodios aislados para convertirse en el síntoma más visible de una crisis mucho más profunda estaría carcomiendo las escuelas del Distrito de Phoenix Union: el reclutamiento sistemático de estudiantes por parte de cárteles y pandillas, la presencia de armas automáticas dentro de los campus y una política institucional que, según exdocentes y padres, minimiza los hechos para proteger la matrícula y la imagen del distrito.
Las denuncias, respaldadas por testimonios directos, contrastan con las respuestas escuetas de las autoridades educativas y policiales, que hasta ahora no han respondido a los señalamientos más graves.
Testimonios de Theresa Pulido sobre el ocultamiento de armas
La exmaestra Theresa Pulido, quien impartió clases de inglés en la preparatoria Metro Tech de 2015 hasta su renuncia en 2024, ha detallado en entrevista con Prensa Arizona un patrón de ocultamiento que, según su testimonio, se activa cada vez que la violencia escala dentro de los planteles.
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En septiembre 2024, asegura, dos armas de fuego con cargadores extendidos y un interruptor para convertirlas en automáticas ingresaron al campus sin que la directora ordenara un confinamiento total.
“Se hizo un ‘shelter in place’ para no alarmar a los padres. La directora reconoció que había un arma, pero dijo que estaba en el estacionamiento. Yo le respondí que no me importaba dónde estaba; estaba en nuestro campus”, relató Pulido en declaraciones recogidas para este reportaje.
La docente fue puesta en licencia y posteriormente renunció, convencida de que el distrito buscaba identificar a sus fuentes para silenciarlas.
El reclutamiento de estudiantes por cárteles
El corazón de la denuncia de Pulido y de otros empleados que han hablado bajo condición de anonimato es que el clima de impunidad ha creado un “terreno fértil” para que el crimen organizado reclute a estudiantes.
“He tenido alumnos que me dicen: ‘Miss, si yo no vendía drogas o no hacía lo que me decían, sabían dónde vivía y le iban a hacer algo a mi familia’”, narró la exmaestra.
En al menos un caso documentado por la propia Pulido, una madre de la preparatoria Camelback le mostró capturas de pantalla donde un joven amenazaba a su hija con secuestrarla y venderla a una red de trata luego de que ella se negara a salir con él.
Cuando la madre acudió a la escuela, la directora llamó a la policía… en su contra. “Intimidan a los padres. Los hacen parecer el problema para no enfrentar lo que realmente está pasando”, afirmó.
El control fallido Ese ambiente de violencia no denunciada, o denunciada a medias, también es señalado por la diputada estatal Lydia Guzmán, quien impulsó la fallida “Ley Michael” (HB 4109) para obligar a la notificación inmediata a los padres y proteger a los denunciantes.
Guzmán, cuyo distrito abarca parte del área de Phoenix, relató cómo, tras el apuñalamiento mortal de Michael Montoya en la prepa Maryvale en 2025, las madres que protestaban fueron hostigadas por el personal de seguridad.
“Una mujer del equipo les gritó: ‘¡Fuera de aquí, no hay servicios para ustedes!’. Las madres lloraban, estaban aterradas”, recordó la legisladora, quien posteriormente fue acusada de haber introducido un cuchillo al plantel, una versión que ella considera una represalia por su activismo.
Las dos instancias oficiales que deberían esclarecer estas acusaciones han respondido con declaraciones breves que no entran al fondo de los testimonios. Richard Franco, vocero del Distrito Escolar Phoenix Union High School, declaró a la prensa que “el distrito siempre priorizará la seguridad y el bienestar de todas las personas a las que sirve” y aseguró que “hasta el momento, no hemos recibido ninguna denuncia formal de un denunciante relacionada con la seguridad escolar”.
La respuesta, sin embargo, omite que múltiples docentes y padres han expuesto los hechos ante los medios y ante los propios comités escolares, aunque no siempre bajo el formato de “denuncia formal” que exige el distrito.
Por su parte, la vocera del Departamento de Policía de Phoenix, Mercedes Fortune, declaró que “cualquier amenaza de violencia en o asociada a una escuela se toma con seriedad” y que “los oficiales de recursos escolares continuarán asignándose a las preparatorias de Phoenix Union el próximo ciclo”.
Fortune añadió que “estamos trabajando con el distrito para determinar el número de oficiales y a qué escuelas serán asignados”.
La declaración, leída en clave institucional, no aborda ninguno de los señalamientos concretos: la existencia de redes de reclutamiento, la reducción de la sensibilidad de los detectores de metales, que la propia Pulido documentó con testimonios de guardias de seguridad, ni la práctica de no entregar a los estudiantes sorprendidos con armas o drogas a la policía para evitar las consecuencias legales y el registro estadístico.
Estadísticas del FBI y el impacto financiero
Según datos del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, los delitos con armas cometidos por menores crecieron un 18 por ciento en 2025 respecto al año anterior, una tendencia que, de mantenerse, haría de 2026 el año más violento de la década para la población juvenil.
A nivel federal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha alertado desde 2024 sobre el incremento del reclutamiento de menores por parte de los cárteles mexicanos en ciudades del suroeste, un fenómeno que, según el informe “National Gang Threat Assessment”, encuentra en las escuelas secundarias uno de sus principales puntos de captación.
El silencio administrativo tiene un correlato financiero que no es menor: Phoenix Union reportó la salida de 3,000 estudiantes en los últimos dos años, una pérdida que la administración atribuye a la baja natalidad, pero que exdocentes y padres vinculan con la migración hacia escuelas chárter o hacia otros distritos para huir de la violencia.
“Los padres no están protestando; simplemente se están yendo. Y al distrito le aterra perder alumnos porque son dinero”, resumió Pulido.
Mientras tanto, los estudiantes que permanecen en las aulas han desarrollado sus propios mecanismos de supervivencia: grupos de WhatsApp y cuentas de redes sociales donde circulan alertas sobre quién porta armas, qué pasillos evitar y cuándo es seguro acudir al baño.
“Me decían: ‘Miss, es demasiado traumático venir a la escuela. No sabes si al entrar al baño te vas a topar con un narcotraficante’”, contó Pulido.
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La violencia, de acuerdo con los testimonios recabados, no es ya un rumor de pasillo: es una presencia cotidiana que los jóvenes han aprendido a gestionar en la clandestinidad, mientras las autoridades insisten en que todo está bajo control y los padres se debaten entre denunciar y ser acusados de crear pánico.
Las próximas semanas serán decisivas para saber si los reflectores encendidos por los tiroteos recientes alcanzan para iluminar lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de los salones, o si, una vez más, el silencio administrativo logrará que el expediente se archive sin que nadie rinda cuentas.
