De izquierda a derecha César Chávez, explicó que su organización busca replicar en Arizona modelos de otros estados como Colorado y Nuevo México.
Como reciente padre de familia, el senador Flavio Bravo conoce la urgencia de encontrar soluciones a la crisis de cuidado infantil.
Más de 10 mil niños en lista de espera en Arizona; aumentan despidos en guarderías
Más de diez mil niños en Arizona permanecen en lista de espera para acceder a una guardería subsidiada, de los cuales alrededor de dos mil se concentran únicamente en el Valle del Sol, en una crisis que está provocando despidos y recortes de horarios entre los trabajadores de los centros de cuidado infantil.
Te puede interesar: Mientras celebran fallo de la Corte, Trump exige ley contra ciudadanía
La situación, denunciada por legisladores estatales, exfuncionarios y operadores del sector, es el resultado de una combinación de recortes federales, demoras en los reembolsos del Departamento de Seguridad Económica (DES, por sus siglas en inglés) y una maraña burocrática que, según los afectados, está asfixiando a una industria que resulta vital para la fuerza laboral del estado.
De acuerdo con un informe del propio DES publicado en mayo de 2026, al menos quince centros de cuidado infantil han cerrado sus puertas en el último año fiscal, y otros cuarenta están en riesgo inminente de hacerlo antes de que termine el verano.
Los operadores denuncian que los reembolsos del DES no cubren los costos reales de operación, lo que los obliga a reducir personal o recortar horarios.
Varios centros han recortado los horarios de sus empleados y limitado sus jornadas de atención, ofreciendo en algunos casos solo medio turno, lo que obliga a las familias a buscar arreglos informales o a que uno de los padres renuncie a su empleo.
El nuevo presupuesto estatal, que entró en vigor el 1 de julio, destinó 48 millones de dólares para aliviar los costos del cuidado infantil, pero los recursos aún no se han reflejado en los pagos, y las guarderías siguen operando con márgenes cada vez más estrechos.
El exlegislador estatal y actual consultor César Chávez, quien colabora con las organizaciones Bright Beginnings y Building Bright Futures, las cuales otorgan becas para que familias de Phoenix accedan a servicios de cuidado infantil, describió un panorama desolador.
“Actualmente, cumplir para poder estar abiertos es un desafío; estamos trabajando con niños, que es lo más importante, y la protección y el cuidado deberían estar por encima de tanto reglamento”, afirmó Chávez.
El consultor explicó que su organización busca replicar en Arizona modelos de otros estados como Colorado y Nuevo México, que han simplificado la burocracia para que los centros puedan operar sin ahogarse en trámites.
“Tenemos una sequía de cuidado infantil; hay familias que tienen que salir de su comunidad para encontrar estos servicios. Queremos que el estado apoye con fondos y recursos. Estamos aquí no solo para alzar la voz, sino para buscar soluciones”, agregó.
Mucho por legislar
El senador estatal Flavio Bravo coincidió en que la crisis es de una gravedad inusitada. “Las guarderías no están recibiendo los fondos del estado ni del gobierno federal; están batallando para retener empleados, están recortando horas y están teniendo menos niños”, señaló el legislador, quien representa a un distrito del centro de Phoenix.
Bravo advirtió que, de no actuarse con urgencia, el costo del cuidado infantil seguirá escalando hasta convertirse en “un segundo hipoteca” para las familias trabajadoras, obligando a muchos padres, especialmente a las madres, a abandonar sus empleos.
“Lo que no queremos es que las familias tengan que sacrificar su carrera. Si no tenemos sistemas donde el Departamento de Seguridad pueda ayudar, la realidad es que el precio va a subir para quienes pagan cada mes”, subrayó.
Bravo reconoció que, aunque el presupuesto estatal ya fue aprobado y los fondos están autorizados, el problema radica en que los recursos no están fluyendo hacia los centros.
“Podemos ver cuáles fondos ya hemos pasado para este programa y asegurar que estén accesibles. Pero esos recursos aprobados están atorados. Si pudiéramos conseguir una solución con lo que ya está aprobado, evitaríamos que más centros cierren este verano”, afirmó.
El senador adelantó que, pese a que la sesión legislativa ya concluyó y no se reanudará hasta enero de 2027, su equipo trabaja con el DES para destrabar los pagos.
“Todos los líderes, a nivel de la ciudad y del condado, entienden que esto es una prioridad”, remató.
La senadora Eva Díaz, aportó otra perspectiva que refleja la magnitud del problema.
“El costo es demasiado alto para los padres. Si no tienen el apoyo gubernamental, una familia puede pagar hasta cuatrocientos dólares por semana. Para alguien que gana un salario mínimo, eso es más de la mitad de su cheque”, explicó.
Díaz confirmó que los recursos del DES, aunque aprobados, no han llegado a los centros.
“No me sorprende que no hayan llamado desde que terminamos el presupuesto. Quedaron en darle el dinero a los padres, pero ahorita las familias están de vacaciones o los niños se quedan con los abuelos porque no hay cupo. Hemos recibido más llamadas de lo normal”, relató.
La legisladora también puso el dedo en la llaga de la burocracia que, a su juicio, complica innecesariamente la operación de las guarderías.
“Hay mucha burocracia. Tenemos que asegurarnos de que todo esté perfecto, y eso lo hace muy difícil”, dijo.
Díaz abogó por una mayor interacción entre las autoridades y los centros, y no solo en lo que respecta a las inspecciones, sino también en el acompañamiento para sortear los trámites.
“La prioridad debe ser mejorar las cosas para las familias. Por eso mis compañeros del grupo demócrata estamos presentando leyes, pero necesitamos tener más demócratas en enero para que esto avance”, concluyó.
Un problema añejo
El telón de fondo de la crisis es la expiración de los fondos federales extraordinarios que durante la pandemia sostuvieron el sistema de cuidado infantil y permitían subsidiar a más familias, pagar apoyos adicionales a las guarderías y mantener abiertos muchos centros.
Cuando el dinero se terminó, Arizona ya no pudo mantener el mismo nivel de cobertura, y la demanda superó con creces la capacidad instalada.
De acuerdo con el Center for American Progress, el 62 por ciento de las comunidades rurales del estado carece de oferta suficiente de guarderías, lo que obliga a muchas familias, especialmente las de bajos ingresos, a depender de arreglos informales o a reducir su participación laboral.
La organización ReadyNation, compuesta por líderes empresariales enfocados en construir una fuerza laboral calificada, estimó en un informe reciente que Arizona pierde 3,300 millones de dólares anuales en productividad, ingresos y recaudación fiscal debido a la falta de acceso a servicios de cuidado infantil asequibles.
“El mejor trabajo proviene de aquellos que están relajados y cómodos, y que saben que sus hijos están bien cuidados. Tiene un impacto enorme en la productividad diaria del trabajador”, declaró Adam Saks, director de operaciones de Cannon Beach and Revel Surf Parks en Mesa, en el marco del informe.
El estado ha intentado mitigar el problema y la administración de la gobernadora Katie Hobbs anunció en febrero la liberación de recursos para incorporar 600 niños adicionales al programa de asistencia y elevó a 1,500 el número de menores retirados de la lista de espera desde mediados de 2025, la demanda sigue siendo muy superior a la capacidad del sistema.
El propio DES reconoce que el costo del cuidado infantil ha aumentado más del 60 por ciento desde 2018, y que el número de proveedores licenciados se ha reducido prácticamente a la mitad en las últimas dos décadas.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
Mientras tanto, los padres de familia que dependen de estos servicios para poder trabajar se enfrentan a una disyuntiva cada vez más angustiante: pagar tarifas que equivalen a una segunda hipoteca o renunciar a sus empleos para cuidar a sus hijos.
La crisis, lejos de ser un problema exclusivo de las familias afectadas, amenaza con convertirse en un lastre para la economía del estado justo cuando la recuperación pospandemia aún no se consolida.
