Warren Petersen dijo que sus prioridades como fiscal general, serán combatir los delitos violentos, defender las leyes y la Constitución, y “quitar la corrupción del gobierno”. FOTO: OnSet Media
Entre silencios incómodos, se devela la visión del candidato a Fiscal de Arizona
A sólo unos días de las primarias republicanas que definirán al candidato a Fiscal General de Arizona, el presidente del Senado estatal, Warren Petersen, concedió una entrevista a Prensa Arizona en la que habló sobre la reciente controversia de DACA, evitó definirse sobre la ciudadanía por nacimiento, relativizó las muertes de inmigrantes bajo custodia federal y acusó a sus críticos de intentar hacerlo “mirar como hipócrita”.
Te puede interesar: Katie Hobbs señala a Trump por crisis de guarderías en Arizona
Petersen, quien según la reciente encuesta de Fabrizio, Lee & Associates, aventaja a su rival Ron Glassman por 11 puntos con un 44 por ciento de indecisos, respondió durante casi una hora temas más espinosos de la contienda, desde sus polémicas declaraciones sobre DACA hasta el por qué se considera la mejor opción como Procurador estatal.
DACA y la Enmienda 14
El candidato republicano abrió la conversación quejándose de que la actual fiscal general, Kris Mayes, manipuló sus palabras sobre DACA.
“Ella puso las palabras en mi boca. Nunca dije ‘deportar a DACA’. Lo que dije es que, si estás en el país ilegalmente, no debe sorprenderte si vas a ser deportado”, afirmó.
Petersen insistió en que sus declaraciones originales fueron sacadas de contexto y acusó a Mayes de mentir deliberadamente, pero además señaló:
“En 10 minutos el periodista más liberal del estado publicó una historia; no puedes encontrar nada donde yo haya dicho ‘deportar’”.
En su publicación de redes sociales, Petersen inicia “dando un consejo legal” a Kris Mayes, “DACA no está en la constitución” y asegura que en la publicación original habla de varios temas en diferentes párrafos.
Cuando se le recordó que el 85 por ciento de los votantes apoya una vía de regularización para los dreamers, según una encuesta de 2025 del Pew Research Center, el candidato se limitó a reiterar que deben ellos “están protegidos” y señaló que la parte donde habla de colaborar con el gobierno federal, se refiere las personas indocumentadas, afirmó que esta a favor de que personas quieran “venir aquí legalmente”.
En Arizona hay más de 18,000 jóvenes que estudian y trabajan en el país amparados por el programa de Acción Diferida creado por el presidente Barack Obama y que los propios republicanos ha intentado desmantelar desde sus inicios.
Acto seguido se le planteó un contraste que ha perseguido a los republicanos: DACA no está en la Constitución, pero la Enmienda 14, que consagra el derecho a la ciudadanía por nacimiento, sí lo está.
En el primer día de su segunda administración, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminarla, medida que múltiples jueces federales y la propia Corte Suprema de los Estados Unidos han calificado de inconstitucional y que permanece suspendida.
Como presidente del Senado estatal, se le preguntó por qué no alzó la voz en defensa de ese texto. La respuesta fue una pirueta jurídica: “Yo estoy por la ley, por la Constitución. Cuando sea fiscal general voy a defender las leyes, aunque no todas me gusten. Ahora no soy legislador; la Corte Suprema ya hizo su declaración y yo la voy a seguir”.
La ambigüedad sobre defender la Constitución solo cuando la Corte Suprema lo ordene y no cuando el Ejecutivo la desafía, dejó sin aclarar si, en su calidad de líder del Senado, hubiera podido siquiera emitir un pronunciamiento contra una orden que pretendía derogar por decreto un derecho vigente desde 1868.
El silencio, para sus detractores, habla más que cualquier comunicado.
Respaldado por corporativos carcelarios
En el tema migratorio cabe también señalar los donativos que su campaña recibe de un comité de acción política donde destacan Geo Group y CoreCivic, los dos mayores operadores privados de centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Ambas corporaciones administran las prisiones de Eloy y Florence, en Arizona, y han sido señaladas por abusos sistemáticos.
Organizaciones como Human Rights Watch han documentado al menos 52 fallecimientos de inmigrantes entre enero de 2025 y junio de 2026, lo que representa la tasa de mortalidad más alta en casi 20 años.
En 2024, una demanda colectiva en Colorado documentó que en el centro de Aurora, operado por Geo Group, los detenidos esperaban semanas por atención médica, los insumos de higiene se racionaban y las condiciones favorecían infecciones.
En 2022, CoreCivic pagó más de 50 millones de dólares para cerrar litigios por violaciones a derechos humanos en Tennessee y Arizona, según la Corte Federal del Distrito Medio de Tennessee.
CoreCivic y GEO Group han enfrentado múltiples demandas colectivas de inmigrantes detenidos bajo el programa de “trabajo voluntario” de ICE, donde se les paga tan solo $1 al día o se les niega el salario mínimo; las demandas acusan a estas empresas de violaciones federales, como la Ley de Protección a las Víctimas de Trata y leyes laborales estatales
Un informe de la Oficina del Inspector General del DHS de septiembre de 2025 identificó a ambas empresas entre los operadores con las peores calificaciones sanitarias del sistema migratorio.
¿Incongruencia migratoria?
Petersen está casado con Denise, una mujer de nacionalidad mexicana que, según ha comentado públicamente, le ha ayudado con su español.
El candidato ha defendido su postura migratoria afirmando que él es “pro inmigración legal”, como la de su propia esposa, quien siguió el proceso establecido. “Mi esposa vino aquí legalmente. Todo el mundo quiere venir aquí y está bien; la única cosa es que deben venir aquí legalmente”, declaró.
Sin embargo, la aparente contradicción entre un discurso que promueve leyes consideradas antiinmigrantes, como la Proposición 314, una copia de la SB 1070 que faculta a policías locales a interrogar sobre el estatus migratorio y la convivencia diaria con una mujer que, de no haber tenido papeles, habría sido blanco de esas mismas políticas, no ha pasado desapercibida.
Al ser cuestionado sobre si veía alguna incongruencia, Petersen respondió que “seguimos las leyes de los inmigrantes; mi esposa siguió el proceso legal”.
La respuesta, aunque directa, no despejó la percepción de muchos votantes hispanos que consideran que el candidato aplica una vara distinta cuando se trata de su propia familia.
Igualmente se le señaló el hecho de que pese a que los republicanos han promocionado su campaña de deportaciones como sacar a “lo peor de lo peor”, operativos como el de la cadena de restaurantes Zipps hace unos meses, demuestran lo contario.
“Estas personas estaban trabajando, no robando, no matando, no violando, ni traficando drogas, los sacaron de su trabajos, igualmente vemos casos como los de los recientes asesinatos de ICE a personas que ellos mismos han reconocido que ni siquiera eran los objetivos ¿Cómo se justifica eso?”, se le preguntó.
La respuesta de Petersen se limitó a enfocar una simple respuesta en los “daños colaterales” de los operativos, cuando personas que sin tener siquiera una orden de aprehensión o deportación, son también afectadas por estar en el lugar y momento equivocados.
El tema de los aranceles
La conversación viró hacia la economía con los aranceles impuestos por la administración Trump mediante órdenes ejecutivas que han golpeado con fuerza a Arizona.
De acuerdo con un análisis de la Cámara de Comercio de Phoenix de mayo de 2026, los gravámenes al acero y al aluminio encarecieron la construcción en un 14 por ciento, mientras que los aranceles a semiconductores redujeron las exportaciones del estado en un 8 por ciento durante el primer trimestre.
La construcción de vivienda asequible, bandera legislativa del propio Petersen, se ha visto frenada por el alza de materiales importados.
Cuestionado sobre si, como fiscal general, demandaría esos aranceles por considerar que invaden la facultad exclusiva del Congreso, replicó con una fórmula genérica: “Yo soy por la ley. Si el juez dice que es la ley, así la voy a seguir”.
No aclaró si tomaría acciones legales ni si considera que el Ejecutivo excede sus facultades, para los empresarios que reclaman certidumbre, la tibieza del candidato suena a una renuncia anticipada a fiscalizar al gobierno federal en el rubro que más afecta el bolsillo de los arizonenses.
Armas, seguridad y el abrazo de la NRA
Petersen ha repetido que su prioridad será “un Arizona seguro”.
Sin embargo, al ser preguntado por los recientes tiroteos cometidos por adolescentes de 15 años en Westgate y Desert Sky Mall, con saldo de un muerto y seis heridos, incluida una niña de 8, descartó cualquier propuesta para controlar el acceso a las armas.
“La comunidad es más segura cuando la gente buena tiene armas para defenderse. Quitar las armas a los buenos no resuelve nada”, declaró.
Sobre cómo impedir que menores obtengan esos rifles, respondió que “es responsabilidad de los padres guardarlas bajo seguro”, sin mencionar iniciativa legislativa alguna.
La postura es coherente con los respaldos que exhibe: el Political Victory Fund de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) figura en su lista oficial.
La NRA ha combatido sistemáticamente leyes de almacenamiento seguro y controles de antecedentes en Arizona.
Bajo el liderazgo de Petersen, la legislatura republicana rechazó en 2024, 2025 y 2026 proyectos bipartidistas que buscaban verificación universal en ferias de armas y sanciones al almacenamiento negligente, según registros de la Secretaría de Estado.
Prometer un estado seguro mientras se bloquea toda regulación y se recibe el respaldo del lobby armamentista configura una duda que el candidato no logró disipar.
El tema de la hipocresía
Un momento revelador llegó cuando se le recordó que en marzo de este año su oficina condenó el legado de César Chávez, a quien calificó de “abusador”, y pidió dejar de honrarlo.
En contraste, guarda silencio sobre el veredicto judicial que declaró al presidente Trump responsable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll, sentencia que la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar sin un solo voto disidente y de hecho esta semana, la afectada recibió una compensación superior a los 5 millones de dólares por ese veredicto y quedan pendientes de pago otros más de 83 millones por difamación en un juicio que todavía se encuentra en apelación.
Visiblemente incómodo, Petersen soltó: “Estás intentando hacerme mirar como hipócrita. Lo de César Chávez fue evidencia, sin motivo, todos juntados; todos los demócratas y republicanos estaban de acuerdo. Lo de Trump es diferente: no tienes una prueba segura de que hizo algo. Esa fue una mentira”.
Afirmó además, sin fundamentar, que el E. Jean Carroll solo estaba buscando el dinero porque Trump es billonario.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
Cuando se le precisó que existía un veredicto unánime de jurado y una sentencia firme, insistió en que se trató de una persecución política.
La respuesta dejó al descubierto el doble rasero que legisladores y organizaciones de derechos civiles han denunciado: condenar sin matices a un líder latino fallecido mientras se descalifica un fallo judicial contra el presidente con el argumento de que no hay “prueba segura”.
La hipocresía, en este caso, no fue señalada por el entrevistador; fue el propio Petersen quien la nombró al defenderse de ella, sin lograr despejarla.
Donald Trump sigue siendo un criminal convicto declarado culpable de 34 cargos criminales y señalado en múltiples ocasiones por escándalos sexuales, sin embargo se tocó solo el tema de E. Jean Carroll por ser un caso juzgado.
¿Por qué se considera la mejor opción?
Al final de la entrevista, el candidato defendió su candidatura con tres argumentos: experiencia, liderazgo y respaldo de las fuerzas del orden.
“Yo soy el líder del Senado, una de las instituciones más grandes del estado. Tengo cuatro fiscales generales de otros estados que me apoyan, cuatro fiscales de condado de Arizona, y todas las asociaciones policiales”, enumeró.
Petersen, quien se graduó como abogado en 2019, asegura manejar 110 casos activos, sostuvo que su oponente “no tiene experiencia” y que él es “la persona que tiene más experiencia de los dos”.
Sus prioridades como fiscal general, dijo, serán combatir los delitos violentos, defender las leyes y la Constitución, y “quitar la corrupción del gobierno”.
También prometió restaurar la confianza en las elecciones, asegurando que bajo su mando “vamos a tener personas vigilando para que la gente sepa que son seguras”.
Petersen llega a la recta final del 21 de julio con una ventaja cómoda en las encuestas y el respaldo de la cúpula policial.
Lo que no quedó claro durante la entrevista es si el candidato que promete defender la ley está dispuesto a hacerlo también cuando la ley incomoda a su partido, a sus financistas o al Presidente que marca la agenda desde Washington.
