Justin Heap con un acuerdo que divide las tareas electorales, inyecta más de 20 millones de dólares al presupuesto del registrador. CORTESIA: Maricopa County Recorder’s Office
Se dividen las tareas y se inyecta más de 20 millones de dólares al registrador
El Condado de Maricopa puso fin este martes a un año y medio de litigio entre la Junta de Supervisores y el registrador Justin Heap con un acuerdo que divide las tareas electorales, inyecta más de 20 millones de dólares al presupuesto del registrador y deja sin efecto la sentencia que la Corte Suprema de Arizona emitió la semana pasada.
El pacto, aprobado por tres votos contra uno en la Junta, redefine el mapa administrativo a escasos siete días de las primarias del 21 de julio, cuando miles de ciudadanos ya han comenzado a votar.
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La presidenta de la Junta, Kate Brophy McGee, explicó el cálculo: “Prefiero gastar 20 millones de dólares en equipos y personal para llevar a cabo una elección exitosa que 20 millones en un tribunal”, declaró.
La vicepresidenta Debbie Lesko añadió que “los votantes querían que dejáramos de pelear; el litigio estaba costando demasiado dinero a los contribuyentes”.
El acuerdo asigna 15 millones de dólares para un sistema informático propio de la oficina del registrador y fondos para 24 puestos de tecnología, recursos que Heap había reclamado desde que en enero de 2025 canceló el convenio de su antecesor.
Ahora, Heap se encargará del registro de votantes, la verificación de firmas y la votación anticipada en persona; la Junta, por su parte, retendrá la votación del día de la elección, la tabulación de los sufragios y las operaciones de emergencia.
La fórmula busca poner fin a meses de desacuerdo sobre quién controla bases de datos, servidores y personal técnico, una disputa que llevó al registrador a demandar a la Junta en junio de 2025 y que escaló hasta el máximo tribunal estatal.
El único voto en contra fue el del supervisor demócrata Steve Gallardo, quien cuestionó la capacidad de Heap para garantizar comicios imparciales.
“¿Cómo pueden los residentes del Condado de Maricopa confiar en que este registrador y su personal no van a meter la mano en la balanza a la hora de conducir nuestras elecciones? No tengo confianza. Estamos creando dos departamentos electorales distintos, y con un costo de 20 millones de dólares para el contribuyente”, dijo.
Heap, aliado del movimiento negacionista electoral, fue el blanco de críticas durante la campaña de 2024 por respaldar denuncias infundadas de fraude.
El registrador, por su parte, emitió un comunicado en el que sostuvo que el éxito del acuerdo “se medirá en última instancia por su implementación fiel” y que su oficina sigue comprometida con elecciones “legales, seguras, transparentes y dignas de la confianza pública”.
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El mediador del caso, el juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa Christopher Coury, resolverá cualquier disputa futura, con apelaciones directas a la Corte Suprema de Arizona.
El pacto deja sin efecto el fallo que el alto tribunal emitió apenas el 7 de julio, en el que había dado la razón a Heap al ordenar a la Junta devolverle el control sobre sus sistemas informáticos y al validar el plan provisional propuesto por el registrador para no perturbar la primaria.
Con la votación anticipada en marcha y las urnas a punto de abrir, el acuerdo promete evitar el caos logístico que los abogados de la Junta habían pronosticado, aunque a un costo que los críticos consideran una factura evitable para los bolsillos de los arizonenses.
