La Fiscal de Arizona Kris Mayes pidió al juez no bloquearla, pues todavía no se registran arrestos bajo la Proposición 314 en Arizona. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, pidió a un tribunal federal que no bloquee la Proposición 314, la controvertida ley aprobada por los votantes en 2024 que permite a las policías locales arrestar a quienes crucen la frontera sin autorización fuera de los puertos de entrada, argumentando que es demasiado pronto para impugnarla porque nadie ha sido detenido aún bajo esa disposición.
La postura de Mayes, que en el pasado se opuso públicamente a la medida, ha sido recibida con escepticismo por los líderes republicanos de la Legislatura, quienes intervinieron en el litigio por desconfiar de la defensa de la fiscal demócrata.
“Debido a que la Sección 5 apenas ha entrado en vigor, el Proyecto Florence no ha demostrado, y probablemente no puede demostrar, que alguien haya sido arrestado, detenido o procesado por violar la disposición de entrada ilegal”, escribió el fiscal adjunto Timothy Horley en representación de Mayes, según consta en el expediente judicial.
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La organización sin fines de lucro Florence Immigrant and Refugee Rights Project, que ofrece defensa gratuita a personas en procesos de deportación, presentó la demanda a principios de mes argumentando que la ley invade competencias federales y generará detenciones arbitrarias.
La Proposición 314, también conocida como Ley de Protección Fronteriza, fue aprobada en 2024 por más del 62 por ciento de los votantes y su artículo más polémico, la Sección 5, tipifica como delito estatal el cruce irregular de la frontera y castiga la primera ofensa con hasta seis meses de cárcel.
La disposición permaneció congelada hasta que un tribunal federal de apelaciones del Quinto Circuito restableció en mayo una ley similar en Texas, la SB4, lo que activó automáticamente la entrada en vigor de la norma de Arizona el pasado 15 de julio, 60 días después de aquel fallo.
Cacería de brujas
El activista Salvador Reza, quien combatió la SB1070 y las políticas del ex alguacil Joe Arpaio, advirtió en declaraciones a la prensa que la ley abre “una cacería de brujas en las carreteras y en las ciudades de Arizona”.
Reza subrayó que la inclusión del fentanilo en la propuesta fue una estrategia republicana deliberada: “Usaron la amenaza del fentanilo para que la población votara a favor. Pero lo que la Sección 5 realmente hace es autorizar a un juez estatal a ordenar la deportación y permitir que cualquier policía arreste a alguien por cómo se ve”.
El activista recordó que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa al Proyecto Florence, sostiene que solo el gobierno federal puede hacer cumplir las leyes migratorias.
Los líderes republicanos de la Legislatura, el presidente del Senado Warren Petersen y el presidente de la Cámara Steve Montenegro, intervinieron directamente en el litigio ante la desconfianza que les genera la defensa de Mayes. “No podemos contar con Kris Mayes para defender plenamente esta ley: se opuso desde el principio y la ha tachado de mandato sin financiamiento”, declaró Petersen a la prensa.
La fiscal, por su parte, ha insistido en que su intervención no debe interpretarse como un respaldo a las políticas contenidas en la norma, sino como el cumplimiento de su obligación constitucional de defender las leyes estatales.
La audiencia sobre una orden de restricción temporal se celebró el 24 de julio, aunque el juez federal aún no se ha pronunciado sobre si frena o no la aplicación de la Sección 5 mientras avanza el juicio de fondo.
Mayes argumentó en su escrito que el tribunal debe respetar la voluntad de los votantes y no atar las manos de las fuerzas del orden.
“Existe un fuerte interés público en prevenir delitos transfronterizos peligrosos, como el tráfico de personas y el contrabando de drogas. Suspender la Sección 5 le quitaría a las autoridades un método que la Legislatura y los votantes de Arizona han decidido que haría más seguro al estado”, señala el documento.
El Proyecto Florence, en cambio, ha advertido que la ley obligará a sus abogados a multiplicar esfuerzos y viajar distancias más largas, poniendo en riesgo la atención a sus clientes.
Sin embargo, el equipo de Mayes replicó que los arrestos podrían concentrarse en el sur del estado y que no hay certeza sobre cuántos recursos destinarán las agencias policiales a vigilar la frontera.
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El caso se perfila como la batalla legal más relevante en materia migratoria desde la SB1070 de 2010, y su desenlace podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que aún no ha zanjado definitivamente hasta dónde pueden llegar los estados en la persecución de inmigrantes.
