El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, aquí durante una visita a Washington D.C. denuncia obstrucción investigación sobre Epstein y obtiene una sentencia histórica. CORTESIA: Raúl Torrez / Facebook
El estado de Nuevo México ha emergido como un laboratorio de innovación legal en dos frentes de alto impacto: por un lado, la Fiscalía General del estado demandó el 5 de agosto al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al fiscal general interino Todd Blanche por negarse a entregar archivos sin censura relacionados con los crímenes de Jeffrey Epstein en el Rancho Zorro, una propiedad de 7,500 acres al sur de Santa Fe.
Por otro, el mismo fiscal general, Raúl Torrez, obtuvo una sentencia histórica contra Meta Platforms que ordena a la compañía pagar 567 millones de dólares y reformar sus plataformas para proteger a los menores, en un fallo que podría servir de guía para otros estados que buscan responsabilizar a las grandes tecnológicas por los daños a la salud mental de los jóvenes.
La demanda contra el Departamento de Justicia, presentada ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, acusa a la agencia y a Blanche de “ocultar información sobre Epstein y sus co-conspiradores” y de “obstruir” la investigación estatal sobre los delitos cometidos en el Rancho Zorro, una propiedad que Epstein adquirió en 1993 y donde, según testimonios y documentos, ocurrieron abusos sexuales durante más de 25 años.
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El fiscal general Torrez afirmó que su oficina realizó al menos diez solicitudes de información clave que fueron ignoradas o denegadas, y que la negativa federal está “dañando activamente nuestra investigación criminal y retrasando la justicia que los sobrevivientes de Epstein merecen”.
El Departamento de Justicia ha respondido que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y las órdenes judiciales protectoras le impiden divulgar información que identifique a las víctimas, y que Nuevo México “no ha proporcionado ninguna base legal para justificar divulgaciones tan amplias”.
Torrez, sin embargo, ha calificado esa postura como una “excusa” y ha señalado que, si realmente les preocuparan los derechos de las sobrevivientes, “modificarían la orden protectora”.
El Rancho Zorro y la Comisión de la Verdad
El Rancho Zorro, ubicado en Stanley, Nuevo México, ha sido un punto ciego en las investigaciones federales sobre Epstein. Mientras que las autoridades federales se centraron en los delitos cometidos en Nueva York, Palm Beach y la isla privada de Epstein en el Caribe, las actividades en Nuevo México quedaron en gran medida sin examinar.
En febrero de 2026, Torrez reabrió la investigación estatal después de que los archivos de Epstein, liberados en virtud de la Ley de Transparencia, mencionaran el rancho en miles de ocasiones.
La Comisión de la Verdad de Nuevo México, un panel bipartidista de la Cámara de Representantes estatal, publicó el mismo día de la demanda un informe preliminar en el que concluyó que Epstein abusó de al menos cinco mujeres y menores en el rancho, e identificó a 30 víctimas potenciales más.
Durante la audiencia de la comisión, Rachel Benavidez, una sobreviviente que afirma que Epstein la abusó sexualmente en el rancho, declaró: “no necesitamos más archivos de papel que permanezcan como artefactos”.
La sentencia contra Meta
En un frente paralelo, el juez Bryan Biedscheid del Tribunal del Primer Distrito Judicial de Santa Fe emitió el 6 de agosto una sentencia sin precedentes contra Meta Platforms, ordenando a la compañía pagar 567 millones de dólares para abordar la crisis de salud mental juvenil e imponer reformas supervisadas por el tribunal en Facebook e Instagram durante cinco años.
Esta cantidad se suma a los 375 millones de dólares en sanciones civiles que un jurado impuso a Meta en marzo, lo que eleva la exposición total de la compañía en Nuevo México a 942 millones de dólares.
El juez determinó que las plataformas de Meta constituyen una “molestia pública” en Nuevo México, comparando sus efectos con los de una “fábrica contaminante”, y rechazó el argumento de la compañía de que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones la protegía de responsabilidad.
Es la primera vez que un tribunal sostiene que una empresa de redes sociales puede ser demandada, juzgada y considerada financiera y estructuralmente responsable por construir productos que ponen en peligro a los niños.
La sentencia impone una serie de cambios significativos en las plataformas de Meta para los usuarios de Nuevo México, incluyendo la verificación de edad más rigurosa, la limitación del uso de menores a 90 horas al mes, la eliminación de notificaciones push durante la noche y el horario escolar, la ocultación de los conteos de “me gusta” por defecto y la prohibición de que los menores envíen o reciban imágenes de desnudos que violen las políticas de Meta.
El tribunal también ordenó a Meta financiar una campaña estatal de educación y concientización, y proporcionar capacitación especializada para las fuerzas del orden de Nuevo México que investigan delitos cibernéticos contra menores.
Sin embargo, el juez se abstuvo de imponer algunas de las medidas más drásticas solicitadas por el estado, como la modificación de los algoritmos y las funciones de desplazamiento infinito y reproducción automática, señalando que esas decisiones de política pública corresponden a los poderes legislativo y ejecutivo.
Reacciones y perspectivas futuras
El fiscal general Torrez calificó la sentencia como un “modelo” que otros estados pueden seguir.
De hecho, juicios similares contra Meta están en curso en California y Tennessee, y un tribunal federal en California se prepara para comenzar la selección del jurado en un caso presentado por varios estados. Meta ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que las afirmaciones del estado “tergiversan los hechos”.
En el frente de Epstein, la demanda de Nuevo México contra el Departamento de Justicia añade presión sobre Blanche, cuya confirmación como fiscal general fue aprobada por el Senado el 8 de agosto, pero que sigue siendo objeto de críticas por su manejo de los archivos de Epstein.
Un grupo de sobrevivientes de Epstein y familiares de víctimas acusó a Blanche de “continuar protegiendo a los abusadores” al retener la información solicitada por Nuevo México.
Nuevo México ha demostrado que un estado puede actuar como laboratorio de innovación legal tanto en el ámbito de la justicia penal como en la regulación de las grandes tecnológicas.
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La demanda por los archivos de Epstein y la sentencia contra Meta son dos frentes de una misma batalla por la rendición de cuentas: en un caso, contra un gobierno federal que se niega a compartir información crucial.
En el otro, contra una corporación que, según el tribunal, diseñó sus productos para explotar a los jóvenes.
Como señaló Torrez, “una victoria en un tribunal en un estado no puede ser la única línea de defensa para los niños en todas partes. Toda legislatura, y el Congreso, necesita terminar lo que este tribunal comenzó”.
