Exagente de la Patrulla Fronteriza y su prometida son sentenciados a libertad condicional y deberán pagar más de 26 mil dólares por defraudar los programas de asistencia alimentaria SNAP y WIC en Arizona. CORTESIA: Attorney General’s Office
Un exagente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y su prometida fueron sentenciados el miércoles 12 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Yuma a tres años de libertad condicional y al pago de 26,424 dólares en restitución, después de declararse culpables de robo en grado de felonía por haber defraudado los programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y de Mujeres, Bebés y Niños (WIC) durante un período de más de tres años, mientras Hau se desempeñaba como agente de la CBP, según informó la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.
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Saúl Rivas Hau e Hilda Sánchez, de 29 años, fueron acusados originalmente por un gran jurado estatal de múltiples cargos, que incluían conspiración, esquemas y artificios fraudulentos, robo y falsificación.
La investigación reveló que la pareja conspiró para obtener ilegalmente beneficios de SNAP entre el 11 de marzo de 2022 y el 30 de agosto de 2025, así como beneficios de WIC entre el 13 de febrero de 2023 y el 16 de enero de 2024, con una pérdida total para los programas que superó los 25,000 dólares.
La fiscalía determinó que los delitos se cometieron mientras Hau estaba empleado como agente de la CBP, lo que añade un elemento de abuso de confianza pública al caso.
El caso fue investigado por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP, la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Económica de Arizona, con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.
La coordinación entre estas agencias permitió desmantelar el esquema fraudulento y llevar a los responsables ante la justicia.
“Los programas como SNAP y WIC existen para ayudar a las familias de Arizona a poner comida en la mesa, no para ser explotados para beneficio personal”, declaró la fiscal general Mayes en un comunicado. “Mi oficina continuará trabajando con nuestros socios federales y estatales para responsabilizar a cualquiera que defraude estos importantes programas”.
Un problema persistente
El caso de Hau y Sánchez se suma a una larga lista de investigaciones por fraude en los programas de asistencia alimentaria en Arizona y en todo el país.
Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el índice de error en los pagos de SNAP en Arizona para el año fiscal 2025 fue del 10.8 por ciento, una cifra que podría exponer al estado a sanciones de hasta 208 millones de dólares.
Aunque no todo error constituye fraude, las autoridades han intensificado los esfuerzos para detectar y prevenir el uso indebido de los beneficios.
La sentencia de libertad condicional y la orden de restitución reflejan la gravedad de los delitos cometidos por la pareja; el robo en grado de felony es un delito grave que, en Arizona, puede conllevar penas de prisión de hasta 3.75 años.
Sin embargo, los acusados llegaron a un acuerdo con los fiscales que les permitió evitar la cárcel a cambio de su declaración de culpabilidad y el compromiso de pagar la restitución.
Este tipo de acuerdos son comunes en casos de fraude a programas de asistencia gubernamental, especialmente cuando los acusados no tienen antecedentes penales previos.
Desconfianza en programas de asistencia
El hecho de que un exagente de la Patrulla Fronteriza haya sido sentenciado por defraudar los programas SNAP y WIC subraya la importancia de mantener la integridad de estos sistemas, que benefician a millones de familias en todo el país.
En Arizona, la participación en SNAP ha disminuido drásticamente en los últimos años, pasando de más de 900,000 beneficiarios en 2025 a aproximadamente 471,871 en junio de 2026, según datos del Departamento de Seguridad Económica de Arizona.
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Esta reducción se ha atribuido en parte a los recortes federales y a los nuevos requisitos de trabajo implementados por la administración Trump.
La fiscal general Mayes ha sido una firme defensora de la protección de los programas de asistencia alimentaria y ha liderado esfuerzos para combatir el fraude en Arizona; su oficina ha trabajado en colaboración con agencias federales y estatales para investigar y procesar casos de abuso, enviando un mensaje claro de que quienes intenten explotar estos programas para beneficio personal enfrentarán consecuencias legales.
