Aun sin resolverse la investigación de Sunshine Residential Homes, tanto la gobernadora Katie Hobbs, como la fiscal general Kris Mayes enfrentan presión al respecto. Foto: OnSet Media
La investigación abierta por la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, contra el gobierno de Katie Hobbs por un presunto esquema de “pago por favores” vinculado a la empresa Sunshine Residential Homes, que donó aproximadamente 400,000 dólares al comité inaugural de Hobbs y al Partido Demócrata estatal en 2022 y 2023, acumula más de dos años sin resolverse y sin que la gobernadora haya accedido a una entrevista formal con los investigadores.
La propia Mayes afirmó recientemente que el caso está “cerca de su fin” y que los resultados llegarán antes de las elecciones.
Te puede interesar: Aún puedes pedir el pago de $700 por perder SNAP en Phoenix
La demora y la negativa de Hobbs a ser entrevistada han alimentado las críticas de su oponente republicano, el congresista Andy Biggs, quien ha hecho de la investigación el centro de su campaña con anuncios que acusan a la gobernadora de haber otorgado un contrato millonario a un donante a cambio de contribuciones políticas.
La investigación se centra en Sunshine Residential Homes, un operador de hogares grupales para menores bajo custodia del Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) de Arizona.
Según reportes de The Arizona Republic, la empresa donó aproximadamente 400,000 dólares al fondo inaugural de Hobbs y al Partido Demócrata de Arizona en 2022 y 2023.
Poco después, en 2024, DCS autorizó un incremento de casi el 60 por ciento en las tarifas que la compañía recibía del estado, un aumento que los críticos han calificado como sospechoso.
El entonces director de DCS, David Luján, aprobó el incremento y ha declarado que la oficina de la gobernadora no influyó ni presionó su decisión, sin embargo, registros internos de DCS mostraron que el personal consideró el apoyo de la empresa a Hobbs antes de recomendar el aumento.
La postura de la gobernadora
Hobbs ha negado categóricamente cualquier irregularidad y ha reiterado que no tuvo participación en la decisión del DCS.
En su declaración pública más reciente, la gobernadora afirmó que la investigación demostrará que “no estuve involucrada en absoluto en esta decisión de aumento de tarifas” y que el departamento actuó en beneficio de los menores bajo su cuidado.
Sin embargo, la oficina de Mayes ha estado solicitando una entrevista con Hobbs durante la mayor parte del año, sin que se haya fijado una fecha.
Cuando se le preguntó por qué no había aceptado la entrevista, Hobbs señaló que “hemos estado en conversación y todavía estamos con su oficina sobre la solicitud” y que espera que la investigación concluya.
La fiscal general Mayes ha sido cautelosa en sus declaraciones públicas y en reciente conferencia, afirmó que la investigación está “cerca del fin” y que confía en que obtendrán la información necesaria para concluirla antes de las elecciones de noviembre.
Sin embargo, ha evitado responder si la gobernadora será entrevistada antes de que concluya la pesquisa.
Mayes también ha enfrentado críticas por la lentitud del proceso y por el hecho de que, siendo demócrata como Hobbs, algunos sectores cuestionan su independencia.
Botín político para Biggs
El candidato republicano Andy Biggs ha convertido la investigación en el eje central de su campaña.
En anuncios de 30 segundos, Biggs acusa a Hobbs de haber otorgado un contrato estatal lucrativo a un donante después de que este realizara una contribución de seis cifras.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
La campaña de Biggs sostiene que el hecho de que la investigación no se haya resuelto es prueba de que Hobbs se cree por encima de la ley.
Además de la investigación de la fiscal general, la Cámara de Representantes de Arizona contrató en febrero de 2026 a un abogado externo con vínculos con el presidente Trump para realizar una investigación independiente.
La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, también ha examinado el asunto. En junio de 2026, Hobbs vetó la SB 1186, una iniciativa republicana que habría obligado a las empresas que buscan contratos estatales a revelar donaciones, regalos y otros beneficios relacionados con la gobernadora y su red política.
