Desde el 5 de agosto está vigente un programa piloto que permite a los funcionarios consulares exigir a ciertos solicitantes de visas de inmigrante una “Fianza por Carga Pública”. CORTESIA: USCIS
La administración del presidente Donald Trump ordenó a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo pausar las citas para visas de inmigrante mientras los funcionarios consulares reciben capacitación sobre la nueva normativa de “carga pública” que entra en vigor el 18 de septiembre, una medida que afecta a quienes buscan establecerse de manera permanente en el país, incluidos los procesos de inmigración familiar y laboral.
Por separado, el Departamento de Estado prepara la revocación de hasta 200,000 visas de turismo y negocios (B1/B2) emitidas entre 2016 y 2026 a personas que solicitaron asilo después de ingresar a Estados Unidos.
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La abogada de inmigración Ayensa Millán, de Cima Law Group, advirtió que las nuevas reglas otorgan a los oficiales “mucha discreción para determinar si la persona posiblemente puede ser una carga pública”, y que podrán examinar factores como ingresos, renta, gastos, nivel educativo, deudas y el número de personas que viven en el hogar.
La pausa mundial de visas
El Departamento de Estado inició una “iniciativa de capacitación global” para que los oficiales consulares apliquen de manera uniforme los nuevos criterios de evaluación de “carga pública”.
Un portavoz del Departamento de Estado señaló que el objetivo es “asegurar que los solicitantes de visa no sean propensos a convertirse en una carga pública o depender de beneficios públicos reservados para estadounidenses calificados”.
La pausa afecta a quienes buscan residencia permanente en Estados Unidos, incluidos procesos de inmigración familiar y laboral, pero no suspende las visas de turismo, negocios o estudiantes, que tienen procedimientos separados.
México no ha sido declarado como país suspendido; la información oficial de la Embajada y los consulados estadounidenses en México continúa mostrando operaciones normales para solicitantes mexicanos y Ciudad Juárez sigue siendo un centro fundamental para el procesamiento de visas de inmigrante.
La nueva regla de “carga pública”
El 20 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla final que rescinde la normativa de la era Biden y establece un estándar más estricto para determinar si un solicitante de ajuste de estatus podría convertirse en una “carga pública”.
La regla entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y otorga a los oficiales de USCIS “amplia discreción” para evaluar factores como ingresos, recursos, deudas, nivel educativo, edad, estado de salud y el número de personas que dependen del solicitante.
Millán explicó que los oficiales podrán examinar “cuánto pagas de renta, cuánto haces al mes” y, aunque el solicitante esté cumpliendo con sus gastos y no haya pedido asistencia pública, el oficial puede determinar que existe la posibilidad de que la persona se convierta en una carga pública.
Además, desde el 5 de agosto está vigente un programa piloto que permite a los funcionarios consulares exigir a ciertos solicitantes de visas de inmigrante un “Public Charge Bond”.
Revocación masiva de visas B1/B2
También el Departamento de Estado está preparando lo que sería la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.
La medida apunta a titulares de visas B1 (negocios) y B2 (turismo) emitidas entre 2016 y 2026 que hayan solicitado o estén solicitando asilo.
La revocación se realizará de manera gradual, no todas de una sola vez, y la pérdida de la visa no implica necesariamente una deportación inmediata.
El Departamento de Estado argumenta que las visas B1/B2 se conceden para visitas temporales y que solicitar asilo posteriormente puede ser incompatible con la premisa bajo la cual fueron concedidas.
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Para las familias mexicanas, el principal riesgo inmediato es el retraso en los procesos, no una cancelación automática de sus casos.
Millán instó a los solicitantes a estar atentos y preparar documentación sólida que demuestre su capacidad para mantenerse sin depender del gobierno y consideró que la legalidad y alcance de estas políticas podrían ser objeto de litigios en los próximos meses.
