Los líderes republicanos de la legislatura estatal, Steve Montenegro y Warren Petersen, siguen litigando el caso Sunshine. CORTESIA: Arizona House GOP
Aunque la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, concluyó el 21 de agosto que no había evidencia suficiente para presentar cargos penales contra la gobernadora Katie Hobbs por un presunto esquema de “pago por favores” con el operador de hogares grupales Sunshine Residential Homes, el caso está lejos de haber terminado.
La Oficina del Auditor General de Arizona mantiene una investigación, la Cámara de Representantes del estado, de mayoría republicana, continúa su propia pesquisa con un despacho externo, y el testimonio de un exdirector del Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) ha abierto una nueva controversia sobre si la Fiscalía General presentó una versión incompleta de los hechos.
El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Steve Montenegro, envió el 27 de agosto una carta a la fiscal Mayes en la que señala que su investigación omitió información relevante. En particular, Montenegro cita el testimonio del exdirector del DCS Michael Faust, quien declaró ante investigadores legislativos que el director ejecutivo de Sunshine, Simon Kottoor, le habría ofrecido en el otoño de 2022 recomendar a la entonces gobernadora electa Hobbs que lo mantuviera en su cargo, a cambio de que Faust aprobara un aumento de tarifas para la empresa. Faust afirma que rechazó la oferta y que posteriormente informó del hecho a otros altos funcionarios del DCS.
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Montenegro sostiene que el memorando de Mayes “no abordó asuntos críticos” y llegó a conclusiones que “entran en conflicto directo con evidencia confiable”, lo que pone en duda si la investigación fue realizada de buena fe. El presidente de la Cámara pidió a Mayes respuestas por escrito a cinco preguntas antes del 4 de septiembre.
La defensa de Mayes y la respuesta de Sunshine
La fiscal Mayes ha defendido su investigación y calificado el testimonio de Faust como un caso de “él dijo, él dijo”, ya que Kottoor niega haber hecho tal ofrecimiento. Un portavoz de Mayes acusó a Montenegro de “seleccionar evidencia y filtrar versiones parciales de los hechos para impulsar una narrativa política partidista”.
La fiscalía también cuestionó la credibilidad de Faust porque, según su investigación, el exdirector no reportó la supuesta propuesta en su momento.
Por su parte, Sunshine Residential Homes emitió un comunicado en el que califica las acusaciones de Faust como “falsas y no probadas” y señala que la investigación de la fiscal general, que duró dos años y revisó más de 100,000 documentos, no encontró evidencia de irregularidades.
La empresa destacó que Faust, en correos electrónicos de la época, se comprometió a “abordar las preocupaciones sobre los costos de los proveedores” con la nueva administración, lo que contradice la versión de que estaba siendo presionado.
Otro elemento que ha mantenido el caso en el centro de atención es la negativa de la gobernadora Hobbs a revelar quiénes han donado a su fondo de defensa legal.
El 31 de agosto, Hobbs confirmó que Sunshine Residential aportó 150,000 dólares a ese fondo en 2023 y 2024, pero se ha negado a divulgar otros donantes.
La gobernadora ha afirmado que ha cumplido con todas las obligaciones legales de divulgación.
Además de la investigación de la Cámara, la Oficina del Auditor General de Arizona mantiene una investigación con la asistencia de la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell. Legisladores republicanos han pedido que las autoridades federales examinen si hubo fondos federales involucrados.
Al cierre de la edición, los líderes republicanos del Senado de Arizona, encabezados por el presidente Warren Petersen ofrecieron una conferencia de prensa en la que exigieron a la fiscal Mayes que divulgue los archivos y la evidencia completa de su investigación.
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Los legisladores presentaron una declaración de un exempleado del DCS que, según ellos, cuestiona la justificación del aumento de tarifas otorgado a Sunshine y plantea nuevas preguntas sobre por qué los archivos de la investigación permanecen ocultos al público.
