DOJ demanda a Arizona por la Proposición 308 y advierte que ya son 21 los estados en la mira; la fiscal Kris Mayes defiende la ley aprobada por los votantes y la califica de “constitucional”. CORTESIA: Magnific
La Ley aprobada por los votantes permite a estudiantes sin estatus migratorio pagar la matrícula estatal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el estado de Arizona, junto con Nuevo México, Oregón y Washington, para invalidar la Proposición 308, la ley aprobada por los votantes en 2022 que permite a los estudiantes indocumentados que se graduaron de preparatorias de Arizona pagar la misma matrícula que los residentes del estado.
Con esta acción, la administración Trump suma ya 21 estados demandados por políticas similares que, según el gobierno federal, otorgan beneficios a “extranjeros ilegales” en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.
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La demanda argumenta que la Proposición 308 viola una ley federal de 1998 que prohíbe a los estados ofrecer beneficios educativos basados en la residencia estatal a no ciudadanos si los ciudadanos de otros estados no pueden calificar para ellos.
El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. declaró que “durante más de 30 años, el Congreso dejó claro que los estados no pueden poner a los extranjeros ilegales por delante de los ciudadanos de nuestra nación”.
El Departamento de Justicia estima que al menos 720 estudiantes indocumentados recibieron matrícula estatal en el otoño de 2025, 432 de ellos en la Universidad Estatal de Arizona, lo que representó aproximadamente 10.5 millones de dólares en ahorros para esos alumnos.
La defensa de Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, respondió de inmediato y calificó la demanda como infundada. En un comunicado oficial, Mayes sostuvo que la Proposición 308 “no condiciona la elegibilidad a la residencia, que es lo que el gobierno alega.
La condiciona a si un estudiante asistió y se graduó de una preparatoria de Arizona”. La fiscal recordó que ya en agosto de 2025 emitió una opinión formal en la que concluía que, al vincular la matrícula estatal a criterios educativos y no a la residencia, la ley queda fuera del alcance de la norma federal que el Departamento de Justicia cita en su demanda.
“Fundamentalmente, esto es sobre los derechos de los estados y defenderé vigorosamente el derecho de Arizona a establecer sus propias reglas, especialmente aquellas aprobadas por los propios votantes”, declaró Mayes.
Respaldan a los Dreamers
Los senadores de Arizona Mark Kelly y Rubén Gallego emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a la demanda federal.
“Los Dreamers son estadounidenses en todos los sentidos. Crecieron aquí, asistieron a nuestras escuelas y están contribuyendo a las comunidades de todo Arizona”, afirmaron.
“Hacer que la universidad sea más costosa para los jóvenes que están profundamente arraigados en Estados Unidos no soluciona nuestro sistema migratorio roto ni hace que nuestro país sea más seguro. Los votantes de Arizona decidieron permitir que estos estudiantes accedan a una educación asequible, y debemos respetar esa decisión”.
La Proposición 308
La demanda contra Arizona es parte de una ofensiva coordinada de la administración Trump, que ha logrado que políticas similares sean anuladas en al menos cinco estados.
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Reyna Montoya, directora ejecutiva de la organización Aliento, que apoya a estudiantes indocumentados, expresó su confianza en que el Departamento de Justicia “perderá esta batalla en los tribunales”.
“Para los Dreamers de Arizona, es importante que sepan que pertenecen a la educación superior y que tienen el apoyo de los votantes de Arizona y de Aliento. Una demanda no cambia la capacidad de los Dreamers para pagar matrícula estatal”, declaró.
La demanda, presentada ante un tribunal federal, busca que un juez anule la Proposición 308 y las políticas de los colegios comunitarios de Maricopa y Pima que se basan en los mismos criterios.
