La revisión analizará cómo se ha utilizado esta tecnología en el ambito de seguridad, su impacto en la privacidad de los arizonenses. CORTESIA: Magnific
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció que su oficina llevará a cabo una revisión del uso de las cámaras Flock Safety debido a la seguridad y otros sistemas de lectores automáticos de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) en todo el estado, luego de que múltiples ciudades y condados cancelaran sus contratos con la empresa debido a casos documentados de uso indebido por parte de agentes policiales y crecientes preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos.
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La revisión analizará cómo se ha utilizado esta tecnología, su impacto en la privacidad de los arizonenses y cualquier posible infracción de los derechos garantizados por la Cuarta Enmienda de la Constitución.
“La tecnología puede y juega un papel importante para ayudar a las fuerzas del orden a resolver y prevenir delitos, pero su uso debe equilibrarse con la Constitución y los derechos de privacidad de los arizonenses”, declaró Mayes en el comunicado oficial.
“Los arizonenses están justificadamente preocupados por los ejemplos documentados de uso indebido de esta tecnología y por cómo afecta sus derechos de privacidad. Comparto esas preocupaciones. Necesitamos un enfoque estatal para este tema”, añadió la fiscal.
El anuncio de Mayes se produce en medio de una ola de cancelaciones de contratos con Flock Safety en Arizona. La semana pasada, Tempe y Cave Creek se sumaron a Surprise, Chandler y el condado Pinal, que ya habían anunciado el fin de sus programas con la empresa.
Tempe, que tenía un contrato de 80,000 dólares con Flock, apagó todas sus cámaras y anunció que no buscará un proveedor alternativo; Cave Creek, por su parte, tomó la decisión después de que se reportara el robo de una cámara y ante la imposibilidad de proteger los datos de los residentes una vez que estos salen de los límites de la ciudad.
Los casos de mal uso han sacudido la confianza en el sistema. En Apache Junction, un oficial utilizó la tecnología para rastrear a su esposa por motivos personales y renunció antes de ser despedido.
En Chandler, una auditoría de rutina detectó que un empleado municipal usó indebidamente el sistema para rastrear a un familiar.
A nivel nacional, una investigación de The Washington Post encontró más de 50 agentes de policía acusados de utilizar los ALPR para fines no autorizados, incluido el acoso a exparejas.
Flock Safety opera una red de más de 80,000 cámaras con inteligencia artificial en más de 5,000 comunidades de 49 estados.
Los lectores capturan imágenes con marca de tiempo e información de los vehículos, incluidas las placas, lo que, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), permite rastrear los movimientos de una persona y revelar detalles de su vida privada.
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El informe de la fiscal general será entregado a la Legislatura y a la Oficina del Gobernador una vez que concluya la revisión. Arizona actualmente carece de regulaciones estatales integrales para esta tecnología.
El proyecto de ley SB 1111, que habría establecido estándares de uso, capacitación obligatoria y auditorías anuales, y que tipificaba como delito grave el uso indebido por parte de oficiales, no logró llegar al escritorio del gobernador.
Con la revisión de Mayes y la creciente presión pública, el futuro de la vigilancia mediante ALPR en Arizona podría estar a punto de cambiar.
