La demanda, presentada ante un tribunal federal, busca que un juez anule la Proposición 308 que afectará directamente a dreamers de Arizona Foto: Facebook Aliento
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el estado de Arizona, junto con Nuevo México, Oregón y Washington, para invalidar la Proposición 308.
La ley aprobada por los votantes en 2022 permite a los estudiantes indocumentados que se graduaron de preparatorias de Arizona pagar la misma matrícula que los residentes del estado.
Con esta acción, la administración Trump suma ya 21 estados demandados por políticas similares que, según el gobierno federal, otorgan beneficios a “extranjeros ilegales” en detrimento de los ciudadanos estadounidenses, mientras que la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha calificado la demanda como infundada y ha prometido defender la ley.
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Por su parte, el representante estatal César Aguilar ha afirmado que la acción federal es un “ataque directo” a los más de 1.25 millones de votantes que apoyaron la medida.
La demanda, presentada ante un tribunal federal, argumenta que la Proposición 308 viola una ley federal de 1998 que prohíbe a los estados ofrecer beneficios educativos basados en la residencia estatal a no ciudadanos si los ciudadanos de otros estados no pueden calificar para ellos.
El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. declaró que “durante más de 30 años, el Congreso dejó claro que los estados no pueden poner a los extranjeros ilegales por delante de los ciudadanos de nuestra nación”.
El Departamento de Justicia estima que al menos 720 estudiantes indocumentados recibieron matrícula estatal en el otoño de 2025, 432 de ellos en la Universidad Estatal de Arizona, lo que representó aproximadamente 10.5 millones de dólares en ahorros para esos alumnos.
Defienden a “dreamers”
La fiscal general Kris Mayes, quien ya había emitido en 2025 una opinión legal no vinculante defendiendo la constitucionalidad de la Proposición 308, reiteró que la ley estatal “no condiciona la elegibilidad a la residencia, que es lo que el gobierno alega. La condiciona a si un estudiante asistió y se graduó de una preparatoria de Arizona”.
Mayes sostiene que, al vincular la matrícula estatal a criterios educativos y no a la residencia, la ley queda fuera del alcance de la norma federal que el Departamento de Justicia cita en su demanda.
“Fundamentalmente, esto es sobre los derechos de los estados y defenderé vigorosamente el derecho de Arizona a establecer sus propias reglas, especialmente aquellas aprobadas por los propios votantes”, declaró Mayes.
El representante estatal César Aguilar, quien ha sido un defensor de la equidad en la matrícula para los Dreamers desde antes de llegar a la Legislatura, emitió un comunicado en el que calificó la demanda federal como un “ataque directo” a la promesa fundamental de Arizona y una “bofetada” a los 1,250,320 votantes que aprobaron la Proposición 308.
“Históricamente, Arizona ha sido un estado donde, si trabajas duro, vas a la escuela y te esfuerzas al máximo, puedes construir un futuro para ti”, declaró Aguilar.
“La demanda federal contra la Proposición 308 es un ataque directo a esa promesa fundamental y una bofetada a los 1,250,320 votantes de Arizona que aprobaron abrumadoramente esta política en las urnas”, señaló.
Aguilar destacó que los Dreamers contribuyen aproximadamente 466 millones de dólares en impuestos anuales a la economía de Arizona y tienen un poder de gasto estimado en 1,500 millones de dólares anuales.
“Hacer que la educación superior sea inalcanzable para nuestros jóvenes no solo frena a los estudiantes individuales; perjudica activamente el éxito económico más amplio de nuestro estado”, afirmó.
El legislador, quien se involucró en el servicio público precisamente para abogar por la equidad en la matrícula para los Dreamers, prometió seguir luchando por un Arizona “más justo, equitativo y accesible para cada estudiante”.
Los senadores de Arizona Mark Kelly y Rubén Gallego emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a la demanda federal.
“Los Dreamers son estadounidenses en todos los sentidos. Crecieron aquí, asistieron a nuestras escuelas y están contribuyendo a las comunidades de todo Arizona”, afirmaron.
“Hacer que la universidad sea más costosa para los jóvenes que están profundamente arraigados en Estados Unidos no soluciona nuestro sistema migratorio roto ni hace que nuestro país sea más seguro. Los votantes de Arizona decidieron permitir que estos estudiantes accedan a una educación asequible, y debemos respetar esa decisión”, agregaron.
La batalla legal continúa
La demanda contra Arizona es parte de una ofensiva coordinada de la administración Trump, que ha logrado que políticas similares sean anuladas en al menos cinco estados.
Reyna Montoya, directora ejecutiva de la organización Aliento, expresó su confianza en que el Departamento de Justicia “perderá esta batalla en los tribunales” y alentó a los jóvenes a continuar con sus estudios universitarios.
“Para los Dreamers de Arizona, es importante que sepan que pertenecen a la educación superior y que tienen el apoyo de los votantes de Arizona y de Aliento. Una demanda no cambia la capacidad de los Dreamers para pagar matrícula estatal”, declaró.
El Departamento de Justicia sostiene que la ley de Arizona viola el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1623, que prohíbe a los estados otorgar beneficios educativos basados en la residencia a personas sin estatus legal.
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Sin embargo, la fiscal Mayes argumenta que la Proposición 308 no se basa en la residencia, sino en criterios educativos.
La demanda, presentada ante un tribunal federal, busca que un juez anule la Proposición 308 y las políticas de los colegios comunitarios de Maricopa y Pima que se basan en los mismos criterios. El caso podría tardar meses o años en resolverse, y mientras tanto, la ley sigue vigente.
