La propuesta se concentra en la ciudadanía del niño podría requerir información y documentación sobre la situación migratoria de los padres. Foto: Magnific
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha propuesto un cambio significativo en el proceso de solicitud de pasaportes para menores de edad, al considerar la posibilidad de exigir a los padres o tutores legales que presenten prueba documental de su propia ciudadanía estadounidense o de su estatus migratorio legal.
Esta medida, aún en fase de borrador y no vigente, forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para implementar la Orden Ejecutiva 14418, firmada el 6 de agosto de 2026, que busca restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento en casos específicos que el gobierno califica como “turismo de nacimiento” y otras excepciones históricas.
De acuerdo con el borrador de directrices al que tuvo acceso la agencia Reuters, el nuevo requisito implicaría que los padres presenten documentos como un pasaporte estadounidense válido o un certificado de nacimiento para acreditar su ciudadanía, o bien el formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente (Green Card) para demostrar su estatus migratorio.
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El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la iniciativa al afirmar que “el presidente Trump ha sido inequívoco al afirmar que esta administración protegerá el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, sin más, y eso incluye garantizar que nuestro proceso de adjudicación de pasaportes refleje plenamente ese estándar”.
Actualmente, los padres de niños nacidos en Estados Unidos solo necesitan demostrar su relación con el menor y presentar una identificación con fotografía, sin que se les exija documentación adicional que acredite su situación migratoria.
El cambio propuesto convertiría la situación migratoria de los progenitores en un elemento central del proceso de adjudicación del pasaporte, ya que la información recabada sería utilizada para determinar si el menor está sujeto a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 14418.
Esta orden, de aplicarse, negaría la ciudadanía a niños con padres que trabajen para un gobierno extranjero en EE.UU., que estén involucrados en fraudes o transacciones comerciales para obtener la ciudadanía, o que sean clasificados como “extranjeros enemigos”.
La propuesta del Departamento de Estado llega después de que la Corte Suprema, en un fallo de 6-3 emitido el pasado mes de junio, declarara inconstitucional el intento previo del presidente Trump de restringir de manera amplia la ciudadanía por nacimiento, al considerar que violaba la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
La nueva orden ejecutiva de agosto, de alcance más limitado, también enfrenta desafíos legales. La jueza federal Deborah Boardman, del Distrito de Maryland, ha expresado dudas sobre su legalidad y ha permitido a los demandantes modificar su demanda para impugnarla directamente.
El Departamento de Justicia, por su parte, argumenta que las impugnaciones son prematuras debido a que las agencias aún no han publicado las regulaciones finales.
Es importante subrayar que esta propuesta no está vigente y no representa un cambio inmediato en los requisitos para obtener un pasaporte infantil.
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El borrador del Departamento de Estado establece un escenario futuro, pero su implementación dependerá del desarrollo del proceso regulatorio y de los resultados de los litigios en curso.
Tampoco exige que los padres sean ciudadanos estadounidenses para que sus hijos obtengan el pasaporte, sino que busca documentar su situación migratoria como parte de la determinación de elegibilidad del menor.
