La Patrulla Fronteriza y CBP estarían instalando más retenes al sur del estado; podría costar hasta 100 millones, lo que genera críticas de congresista Grijalva. CORTESIA: US Border Patrol / Facebook
La Patrulla Fronteriza avanza con planes para construir una nueva estación en un predio de 87 acres cerca de Three Points, en el condado Pima, además de expandir el retén existente en la Interestatal 19 al sur de Tucson, proyectos que en conjunto podrían costar hasta 100 millones de dólares, según documentos federales obtenidos por medios locales.
La congresista demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, condenó la propuesta y calificó el gasto como un “desperdicio escandaloso de dinero de los contribuyentes” en un contexto en el que las familias trabajadoras enfrentan dificultades económicas, de acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa.
La nueva estación se ubicaría en un terreno de la Oficina de Gestión de Tierras a lo largo de la Ruta Estatal 86, según una carta de alcance fechada el 21 de agosto de 2026 y firmada por John Petrilla, de la Oficina de Gestión de Instalaciones y Activos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
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El documento notifica al condado que la agencia prepara una Evaluación Ambiental para estudiar los impactos de construir, operar y mantener la instalación; CBP no respondió de inmediato a solicitudes sobre el costo, el calendario de construcción o el aumento proyectado de personal, según reportes a la prensa.
De manera paralela, CBP planea invertir entre 50 y 100 millones de dólares en la expansión del retén de la I-19, ubicado entre Amado y Tubac, de acuerdo con un registro del Sistema de Pronóstico de Planificación de Adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional.
El proyecto contempla una parcela de 17 acres al este de la carretera y forma parte de una serie de contratos de expansión de retenes que la agencia busca adjudicar, incluidos dos en Texas y uno en Nuevo México.
Grijalva cuestionó que CBP proponga gastar “decenas de millones de dólares de los contribuyentes” mientras se niega a dar respuestas básicas sobre por qué estos proyectos son necesarios.
La congresista señaló que el Departamento de Seguridad Nacional y CBP disponen de “más dinero del que saben qué hacer” gracias a los más de 200,000 millones de dólares en fondos nuevos que los republicanos del Congreso han asignado, de acuerdo con su declaración oficial.
La legisladora sostuvo que si la administración Trump “hablara en serio sobre seguridad fronteriza, parte de estos recursos se destinarían a modernizar los puertos de entrada mejorando el personal y la infraestructura”, especialmente porque la gran mayoría del fentanilo ilícito incautado por el DHS se intercepta en los puertos, según reportes a la prensa.
Grijalva también afirmó que se mantiene “firmemente al lado de los residentes, agricultores, trabajadores, empresas y líderes locales que luchan contra esta expansión”.
La oposición local ha sido significativa, pues la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado Pima, Jen Allen, calificó como “profundamente preocupante” la posibilidad de una nueva estación de la Patrulla Fronteriza en las afueras de Tucson, “especialmente si contiene una instalación de detención.
Allen agregó que existe “una falta grave de supervisión de estas agencias y sus tácticas agresivas dirigidas a madres, niños, estudiantes y otros miembros de la comunidad”.
Funcionarios del Condado Santa Cruz también expresaron su oposición al proyecto de la I-19, señalando que la instalación propuesta está lo suficientemente lejos de la frontera como para ser “más un obstáculo que una ayuda”, según reportes a la prensa.
El supervisor John Fanning declaró que apoyan “una seguridad fronteriza fuerte” pero quieren que esa seguridad “esté lo más cerca posible de la frontera internacional”.
Residentes de Tubac cuestionaron la necesidad de someter a los tráileres que transportan productos frescos desde México a otra inspección después de que ya pasaron por los controles en la frontera, 25 millas al sur del retén de la I-19.
El financiamiento para estos proyectos proviene de la Ley de América Segura, aprobada mediante reconciliación presupuestaria, que destinó 70,000 millones de dólares adicionales a la aplicación de la ley migratoria, de acuerdo con el Brennan Center for Justice.
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La legislación asignó 26,000 millones de dólares a CBP para contratar y equipar personal, expandir la vigilancia e inspecciones y fortalecer la aplicación fronteriza.
