Este 15 de junio se cumplieron 13 años desde la creación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Administración de Barack Obama que ha protegido de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos durante su niñez. Sin embargo, lo que comenzó como un alivio temporal ahora enfrenta un futuro incierto, mientras líderes empresariales, políticos y defensores exigen al Congreso una reforma migratoria definitiva.
La Coalición por el Sueño Americano, que agrupa a más de 100 empresas y asociaciones comerciales, emitió un contundente mensaje en este aniversario. Destacaron que los beneficiarios de DACA son maestros, enfermeros, ingenieros y pequeños empresarios que contribuyen significativamente a la economía. Sin embargo, advirtieron que solo el Congreso puede garantizarles seguridad permanente.
Los números respaldan su postura. Según el informe Perder el Sueño del Trillón de Dólares, eliminar DACA costaría más de un billón de dólares en contribuciones económicas a lo largo de la vida de estos jóvenes. Además, se perderían casi 150 mil millones en impuestos estatales y locales, y más de 500,000 empleos estarían en riesgo. Actualmente, 450,000 beneficiarios trabajan activamente, y 188,000 laboran en negocios propiedad de otros dreamers.
Estos jóvenes, conocidos como “dreamers”, participan en la economía a niveles iguales o superiores a los ciudadanos nacidos en el país. El 89.5% trabaja o estudia, casi la mitad está casado, y muchos son padres de niños estadounidenses. Con un ingreso promedio de 40,000 dólares anuales, su impacto en las economías locales es innegable.
A pesar de su contribución, el programa sigue bajo amenaza. Desde 2021, los tribunales han bloqueado nuevas solicitudes, dejando a más de 500,000 jóvenes en el limbo. Para los actuales beneficiarios, el miedo a la deportación es una realidad diaria. Una encuesta de 2023 reveló que el 67% de los padres con DACA temen ser expulsados y separados de sus hijos.
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El sector empresarial ha sido claro: perder a estos trabajadores sería devastador. Empresas como Apple e IBM, junto a grandes asociaciones industriales, respaldan leyes que protejan a los dreamers. Su argumento no es solo humanitario, sino económico, ya que son vitales en sectores como salud, tecnología y agricultura.
Expertos advierten que el tiempo se agota. Una sola decisión judicial podría dejar sin protección a cientos de miles. Organizaciones presionan al Congreso para aprobar iniciativas como la American Dream and Promise Act, que ofrece un camino a la ciudadanía. Aunque la Cámara de Representantes la ha aprobado en varias ocasiones, el Senado la ha bloqueado sistemáticamente.
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Más allá de las cifras, se trata de vidas humanas. Estos jóvenes crecieron en Estados Unidos, se educaron aquí y contribuyen a su sociedad. Negarles certeza legal, afirman defensores, sería un fracaso moral.
Como señaló la Coalición por el Sueño Americano, es hora de actuar. El décimo tercer aniversario de DACA debe ser un llamado a convertir el sueño americano en una promesa cumplida. El país no puede permitirse perder el talento y dedicación de una generación que ya es parte fundamental de su tejido social y económico.
