El abogado demócrata Andy Gaona, en representación de Phoenix Legal Action Network, Poder in Action y Florence Immigrant and Refugee Rights Network, criticó la ley como un “mosaico” de disposiciones extraídas de varios otros proyectos de ley que no lograron obtener una mayoría legislativa por sí solos. CORTESIA: Phoenix Legal Action Network / Facebook
La propuesta republicana está en manos del Tribunal Superior de Maricopa
El destino de la medida electoral (HCR 2060 o Proposición 314 en la boleta electoral) respaldada por el Partido Republicano que permitiría a los agentes de policía locales arrestar a inmigrantes ahora está en manos de un juez del Tribunal Superior de Maricopa. El juez escuchó argumentos a inicios de ésta semana sobre si la propuesta es constitucional y puede presentarse a los votantes en noviembre.
Un grupo de cuatro organizaciones de defensa de latinos e inmigrantes lidera una demanda para impedir que la remisión legislativa, titulada “Ley para Proteger la Frontera”, llegue a la boleta electoral y alegan que la remisión viola la Regla de Sujeto Único de la Constitución de Arizona, que requiere que las medidas electorales se ciñan a un solo tema.
La ley incluye múltiples disposiciones que tipifican como delito estatal cruzar la frontera ilegalmente, castigar a los arizonenses indocumentados que presentan documentación falsa para solicitar empleos o beneficios públicos, y crea una nueva clase de delito grave con duras penas de prisión para aquellos que, a sabiendas, vendan fentanilo que cause la muerte de otra persona.
Los partidarios de la ley afirman que satisface la regla de un solo sujeto porque responde a los “daños” causados por la frontera sur “no segura”.
Los abogados de los grupos de defensa de los inmigrantes y los líderes legislativos del Partido Republicano, que han asumido la defensa de la ley después de que el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se negó, presentaron sus casos ante los tribunales.
El juez Scott Minder dijo que intentaría emitir un fallo sobre el asunto para el final de la semana, consciente de la necesidad de dar tiempo para una apelación antes de que las boletas comiencen a imprimirse en el condado más poblado del estado el 22 de agosto.
Demasiados temas
El abogado demócrata Andy Gaona, en representación de Phoenix Legal Action Network, Poder in Action y Florence Immigrant and Refugee Rights Network, criticó la ley como un “mosaico” de disposiciones extraídas de varios otros proyectos de ley que no lograron obtener una mayoría legislativa por sí solos.
Gaona argumentó que esto es precisamente el tipo de intercambio de favores que la regla de sujeto único de la Constitución de Arizona busca prevenir y añadió que las disposiciones que penalizan la entrada ilegal y el comportamiento de arizonenses indocumentados no tienen nada que ver con la disposición que penaliza la venta letal de fentanilo; argumentó que el tribunal debería considerar los efectos prácticos de la ley y no cómo la formulan los legisladores republicanos.
Gaona también recordó un caso de 2021 en el que la Corte Suprema de Arizona anuló un intento de la legislatura de mayoría republicana de incorporar en el presupuesto estatal docenas de proyectos de ley no relacionados.
Defensa Republicana
Kory Langhofer, abogado que representa al presidente del Senado, Warren Petersen, y al presidente de la Cámara de Representantes, Ben Toma, defendió que la ley aborda el contrabando ilegal a través de la frontera sur del estado, incluyendo tanto el tráfico de drogas como de personas.
Langhofer sostuvo que la Constitución estatal no exige que las disposiciones de una medida electoral estén relacionadas entre sí, sino que basta con que el contenido de la propuesta se alinee con un tema general.
El juez Minder mostró escepticismo ante algunos de los argumentos presentados, señalando que la legislatura incluyó una cláusula de conclusiones legislativas en su remisión a la boleta electoral para unir sus numerosas disposiciones. Sin embargo, Minder expresó preocupaciones sobre la disposición del fentanilo y su relación con el estatus migratorio de una persona.
