Una controvertida ley de Arizona que restringe cómo el público puede filmar a la policía enfrentó su primer desafío legal el martes con una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles .
El capítulo de Arizona del grupo, junto con varias organizaciones de noticias de Arizona, presentó una petición en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Argumentan que la ley va en contra de las libertades de la Primera Enmienda.
“Esta ley es una violación de un derecho constitucional vital y frustrará severamente los intentos de generar responsabilidad policial. Debe ser derribado antes de que cause un daño irreparable a la comunidad”, escribió la ACLU en un comunicado en su blog.
A los videos de teléfonos celulares de espectadores se les atribuye en gran medida la revelación de mala conducta policial, como la muerte de George Floyd en 2020 a manos de oficiales de Minneapolis, y la remodelación de la conversación sobre la transparencia policial. Pero algunos legisladores de Arizona dicen que se necesita legislación para limitar a las personas con cámaras que obstaculizan deliberadamente a los agentes.
La ley, firmada por el gobernador republicano Doug Ducey en julio, establece que es ilegal filmar a sabiendas a agentes de policía a 2,5 metros (8 pies) o menos sin el permiso de un oficial. Un oficial puede ordenarle a alguien que deje de filmar incluso si está grabando en una propiedad privada con el consentimiento del propietario si un oficial descubre que está interfiriendo o considera que el área no es segura.
La sanción es un delito menor que probablemente generaría una multa sin ir a la cárcel.
Fue elaborado por el representante estatal republicano John Kavanagh, un ex oficial de policía, quien argumentó que los oficiales deben poder hacer su trabajo sin interferencias. La ley aún permite que las personas registren la actividad policial desde una distancia segura, dijo.
La legislación original fue enmendada para que se aplique a ciertos tipos de acciones policiales, incluido el interrogatorio de sospechosos y encuentros que involucren problemas de salud mental o conductual.
Las personas que son objeto directo de la interacción policial también están exentas. Pueden filmar siempre y cuando no estén siendo arrestados o registrados. Alguien en un automóvil detenido por la policía o interrogado también puede filmar el encuentro. Kavanagh dijo que estos cambios se realizaron con el aporte de la ACLU.
En casos similares, seis de la docena de tribunales de apelaciones de EE. UU. se han pronunciado a favor de permitir que las personas graben a la policía sin restricciones. Menos de una semana después de que la ley de Arizona entró en vigencia, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver dictaminó que la demanda de un periodista y bloguero de YouTube contra un departamento de policía de los suburbios de Denver podía seguir adelante. El bloguero afirmó que un oficial le impidió registrar una parada de tráfico en 2019.
