El senador Mark Kelly ha estado realizando constantes visitas en centros de salud para escuchar a sus representados ante los inminentes recortes en sistemas como Medicare y Medicaid. CORTESIA: Senator Mark Kelly / Facebook
Líderes políticos y empresariales señalan que recortes costarán miles de empleos
Líderes demócratas y empresariales han declarado guerra al plan presupuestario de Trump y los republicanos que eliminaría créditos fiscales clave de la Ley de Reducción de la Inflación. Los números son contundentes: 69,000 empleos y $58,000 millones en inversiones penden de un hilo.
El senador Mark Kelly, arquitecto de las disposiciones energéticas en la ley, alerta sobre el impacto inmediato. “Arizona se ha beneficiado más que otros estados con estos créditos para energía renovable”.
Sus palabras resuenan en las fábricas de baterías de Queen Creek y las plantas solares del desierto de Sonora. “El plan republicano dejará sin trabajo a miles de arizonenses y encarecerá la energía”, sentencia.
La gobernadora Katie Hobbs desglosa el costo humano: 134 proyectos afectados que van desde vehículos eléctricos hasta semiconductores. “Estas inversiones representan $58,000 millones y 69,000 empleos actuales y futuros”.
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Su advertencia cobra rostro en Richard Ra, presidente de LG Energy Solution Arizona, cuya planta en Queen Creek depende de estos incentivos. “Esperamos que el Congreso mantenga el crédito que asegura cadenas de suministro estratégicas”, implora.
Lucid Motors, faro de la industria automotriz eléctrica en el estado, advierte sobre el efecto dominó. Jessica Nigro, su vicepresidenta de Asuntos Externos, explica: “Estas políticas apoyan empleos bien remunerados y cadenas de suministro nacionales”. Los análisis de la Asociación de Compradores de Energía Limpia proyectan un aumento del 11.4% en las facturas eléctricas para 2029 si se eliminan los créditos.
Danny Seiden, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, desmonta el argumento republicano: “Nuestra ventaja competitiva en manufactura avanzada resulta de políticas inteligentes, no de casualidad”.
Sandra Watson de la Autoridad de Comercio añade un dato crucial: “Eliminar estos programas podría hacer colapsar proyectos ya aprobados”.
Mientras Arizona compite con Texas y Ohio por inversiones en tecnología limpia, el gobierno federal amenaza con desmantelar su principal ventaja. Steven Zylstra del Consejo Tecnológico sintetiza el desafío: “Atraemos $58,000 millones gracias a estos incentivos. Retirarlos ahora sería sabotear nuestro ecosistema de innovación”.
Maren Mahoney, directora de la Oficina de Resiliencia, amplía el impacto: “Sin créditos, no solo perdemos empleos: el aire será más contaminado y gastaremos más agua en refrigeración”. Su advertencia conecta con la esencia del debate: no es solo economía, es supervivencia en un estado donde las temperaturas superan los 43°C.
Mientras la fiscal general Kris Mayes explora acciones legales, los senadores Kelly y Gallego libran una batalla en Washington. “No es solo un plan fiscal: es un asalto directo contra familias que solo quieren salir adelante”, denuncia Gallego.
La gobernadora Hobbs cierra con un llamado a la identidad estatal: “Esto trasciende partidos: es proteger lo que hemos construido juntos”.
En las calles de Chandler, donde TSMC expande su megaproyecto de chips, los trabajadores miran hacia Washington.
Como resume Kelly: “Quieren enterrar el futuro energético de Estados Unidos. Nosotros lo estamos construyendo en el desierto”. El destino de Arizona se decide en una contienda donde números concretos desafían ideologías abstractas.
