La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, durante la mesa redonda con beneficiarios del programa DACA, entre ellos Reyna Montoya, directora de Aliento. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Realiza Fiscal General mesa redonda con beneficiarios del programa DACA
En el décimo cuarto aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, prometió este domingo continuar la batalla legal para proteger a los más de 18,000 dreamers que residen en el estado, en un contexto marcado por demoras sin precedentes en las renovaciones, detenciones arbitrarias y un clima de temor que, según los propios beneficiarios, está vaciando comunidades enteras.
La funcionaria demócrata, que busca la reelección en noviembre, advirtió que los ataques de la administración Trump contra el programa se han vuelto “más sofisticados y silenciosos”, y que su eventual reemplazo por un candidato republicano podría significar el abandono total de las protecciones judiciales que hoy mantienen con vida el alivio migratorio.
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Mayes habló durante una mesa redonda celebrada en el Centro Cultural y de Artes Latinas de Arizona, en el centro de Phoenix, donde estuvo flanqueada por retratos de Frida Kahlo y por jóvenes dreamers que relataron cómo el miedo a la deportación ha paralizado a familias enteras, incluso a aquellas cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses.
“Quiero que cada dreamer en Arizona sepa esto: tienen una fiscal general que luchará por sus derechos, por sus familias y para garantizar que la Constitución proteja a todos aquellos para quienes fue diseñada”, declaró Mayes.
La fiscal recordó que en febrero de 2024 se sumó a otros 22 fiscales estatales en un escrito ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para defender el programa, y que en enero de 2025 intentó intervenir en un caso que buscaba excluir a los beneficiarios de DACA del mercado de seguros de salud.
Pero más allá de los litigios en tribunales lejanos, la realidad cotidiana de los dreamers en Arizona se ha deteriorado de forma alarmante.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las renovaciones, que deben realizarse cada dos años, están sufriendo retrasos de meses, un fenómeno que los activistas atribuyen a una estrategia deliberada de asfixia burocrática.
“Sabemos de personas que presentaron su solicitud en noviembre y aún no han recibido respuesta, mientras que otras que la presentaron hace dos meses ya fueron aprobadas. Es una inconsistencia total”, denunció Reyna Montoya, directora ejecutiva de Aliento y beneficiaria de DACA.
La abogada añadió que “no sé si es intencional, pero sí sé que en el Proyecto 2025 estaban muchas de las cosas que esta administración está haciendo. Aprendieron la lección: saben que si hacen un anuncio público, el 85 por ciento de los votantes apoya a los dreamers. Entonces actúan en silencio”.
El impacto de esa estrategia no es abstracto, pues Montoya citó el caso de una mujer que perdió su empleo porque su renovación no llegó a tiempo, y el de otra beneficiaria que vive a hora y media del consulado más cercano y teme conducir hasta allí por miedo a ser detenida en una carretera rural.
“Si 15 minutos de trayecto dan miedo, imagina una hora y media”, dijo.
Luis Duque, un joven originario de Chiapas que llegó a Estados Unidos siendo un bebé y sueña con ser abogado de derechos civiles, lo resumió con amargura: “La única diferencia entre mis compañeros y yo es que ellos nacieron aquí. Me ganaron por como una semana”.
Noemí Lucero, una recién graduada de Phoenix College que aspira a trabajar en el sistema de transporte público, recordó entre risas que cuando su familia la trajo de Sonora a los 12 años le dijeron que era “una vacación”.
“Esta ha sido la vacación más larga de mi vida”, bromeó.
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Mayes también destacó otras acciones de su oficina, como la demanda contra un centro de detención en Surprise y la guía legal emitida a principios de 2025 para que las escuelas supieran cómo responder a las visitas de agentes de inmigración.
Sin embargo, su capacidad de acción futura está en entredicho: los dos aspirantes republicanos a la fiscalía, Warren Petersen y Rodney Glassman, son abiertos partidarios de Trump y de su agenda de deportaciones masivas.
Petersen, presidente del Senado estatal, fue uno de los principales arquitectos de la Ley de Seguridad Fronteriza que buscaba criminalizar el cruce irregular a nivel estatal, y ha respaldado legislación para obligar a las escuelas a permitir el ingreso de agentes de ICE.
