Andy Biggs, el candidato republicano a la Gubernatura ha sido criticado por su actuar en el senado estatal de Arizona. CORTESIA: Andy Biggs / Facebook
El congresista Andy Biggs, quien se alzó con la candidatura republicana a la gubernatura de Arizona y enfrentará en noviembre a Katie Hobbs, llega a la contienda general arrastrando un historial legislativo que sus adversarios ya han comenzado a explotar.
Dos episodios concentran las críticas: el bloqueo en 2013 de una ley que buscaba desmantelar la policía de una comunidad señalada por el Departamento de Justicia como cómplice de abuso infantil, y su oposición reiterada a incrementar el presupuesto de protección a la infancia durante la crisis del sistema de bienestar de menores en Arizona.
El episodio más controvertido se remonta a 2013, cuando Biggs presidía el Senado estatal y el entonces fiscal general republicano Tom Horne impulsó un proyecto de ley para crear un mecanismo que permitiera despojar de autoridad a cuerpos policiales locales cuyos agentes hubieran perdido repetidamente la certificación estatal.
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La iniciativa apuntaba directamente al Colorado City Marshal’s Office, una pequeña fuerza policial en la frontera norte del estado que el Departamento de Justicia federal había demandado en 2012 por actuar como el “brazo ejecutor” de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), una secta polígama escindida de la Iglesia Mormona.
Los fiscales documentaron que los agentes aplicaban la ley de forma selectiva, discriminaban a quienes no pertenecían a la comunidad religiosa y, en al menos un caso, devolvieron a una menor fugada a los líderes de la secta para que continuara en un matrimonio forzado.
Siete agentes habían perdido su certificación desde 2003 y el líder de la FLDS, Warren Jeffs, había sido condenado dos años antes por agredir sexualmente a dos niñas a las que obligó a casarse.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes por 52 votos a favor y 7 en contra, con amplio respaldo bipartidista, pero nunca llegó a votarse en el Senado. La entonces representante republicana Michelle Ugenti-Rita, autora de la iniciativa, declaró a The Washington Post.
“Mujeres y niños sufrieron tres años más de lo que deberían porque él protegió a los malos”.
Biggs rechaza esa caracterización y sostiene que el proyecto era demasiado amplio, que existían dudas jurídicas y que la iniciativa contaba con la oposición de asociaciones policiales; la intervención federal finalmente forzó cambios en 2017, cuatro años después del bloqueo legislativo.
El segundo flanco que explotan sus críticos es su historial de votos en materia de protección infantil.
Durante la crisis del sistema de bienestar de menores en Arizon, que estalló en 2013 tras revelarse que miles de denuncias de abuso no habían sido investigadas, Biggs cuestionó y votó en contra de incrementos presupuestales para el entonces Departamento de ChildSafety, propuestos por los gobernadores Jan Brewer y Doug Ducey.
También se opuso a ampliar programas de subsidios para guarderías, argumentando que las familias podían recurrir a iglesias, familiares e instituciones privadas. Sus defensores enmarcan estas posturas en su filosofía como conservador fiscal; sus críticos las interpretan como una falta de sensibilidad hacia los menores más vulnerables.
El propio exrival republicano de Biggs, el congresista David Schweikert, lo criticó durante la campaña interna por “haber votado contra medidas para proteger a menores”, una acusación recogida por medios nacionales que la campaña de Hobbs ya ha señalado que utilizará como línea de ataque de cara a noviembre.
Biggs confía en que el respaldo de Donald Trump y su historial como líder del ultraconservador House Freedom Caucus movilicen a la base republicana en un estado que se ha decidido por márgenes mínimos.
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Lo que está documentado es que bloqueó una iniciativa respaldada por su propio partido y por el Departamento de Justicia para desmantelar una policía cómplice de abusos, y que votó en contra de ampliar el presupuesto de protección infantil en plena crisis del sistema de bienestar de menores.
Si esas decisiones representan insensibilidad o principios fiscales será algo que los votantes decidirán en las urnas.
