“Llegué aquí porque mi comunidad se organizó, no porque los poderosos me cedieron un espacio”, dijo Anna Hernández. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
En el corazón de Phoenix, donde el sol quema con la misma intensidad que las desigualdades sociales, el Distrito 7, que abarca Maryvale, el barrio con mayor población hispana de Arizona, eligió a Anna Hernández como su nueva concejal. Con una historia marcada por la pérdida familiar y un discurso arraigado en la justicia social, Hernández asumió su cargo prometiendo combatir la crisis de vivienda, exigir rendición de cuentas policial y proteger a las comunidades migrantes bajo un gobierno federal hostil.
Hernández, hija de un obrero de la construcción y una activista comunitaria, creció entre las calles de Maryvale, un vecindario fundado en los años 50 como un paraíso suburbano para familias blancas y transformado décadas después en un enclave latino vibrante, pero olvidado.
Con más del 70% de residentes hispanos y altos índices de pobreza, el distrito enfrenta desafíos únicos: desde la escasez de viviendas asequibles hasta la desconfianza histórica hacia las fuerzas del orden.
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“Los residentes del Distrito 7 no necesitan promesas vacías. Necesitan soluciones reales para pagar el alquiler, caminar seguros por sus calles y no vivir con el miedo de que ICE los separe de sus familias”, declaró Anna Hernández durante su discurso de toma de posesión, rodeada de líderes sindicales, organizadores de Poder in Action y miembros de Mi Gente, una coalición proinmigrante.
Maryvale, epicentro de la crisis de asequibilidad en Phoenix, ha visto cómo los precios de alquiler aumentan un 30% en cinco años, mientras los salarios se estancan. Anna Hernández, quien durante su campaña visitó más de 10,000 hogares, señaló que la falta de vivienda accesible es una “emergencia humanitaria”.
“No criminalizaremos a nuestros vecinos sin techo. En lugar de desalojos, construiremos viviendas sociales con fondos públicos y regularemos a los caseros que abusan de las familias”, afirmó.
Su plan incluye colaborar con sindicatos como Local 469 y grupos como WorkingFamilies Party para convertir terrenos abandonados en cooperativas habitacionales. Además, propone exenciones fiscales para desarrolladores que reserven unidades a bajo costo, una medida ya implementada en ciudades como Tucson.
Policía: rendición de cuentas
La relación entre la comunidad y el Departamento de Policía de Phoenix (PPD) ha estado fracturada por décadas. En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación al PPD por uso excesivo de la fuerza, especialmente contra personas de color. Hernández, cuyo hermano menor, Alex, murió en un enfrentamiento con agentes en 2019, prometió transformar la seguridad pública.
“Mi hermano tenía 22 años. Lo mataron por ser latino y estar en el lugar equivocado. Por eso, es preferible destinar los fondos de patrullas armadas a programas de intervención en crisis de salud mental”, explicó.
También abogó por la creación de una oficina independiente de supervisión policial, compuesta por civiles del Distrito 7, para investigar casos de brutalidad.
Con el 40% de los residentes del Distrito 7 nacidos fuera de Estados Unidos, Anna Hernández enfrenta la tarea de blindar a su comunidad contra las políticas antiinmigrantes de la actual administración. Phoenix, una “ciudad santuario” desde 2022, prohíbe a sus policías colaborar con ICE, pero Hernández busca ir más allá.
“Propondré fondos municipales para clínicas jurídicas que defiendan a familias en procesos de deportación. Además, ampliaremos el acceso a identificaciones locales, sin importar estatus migratorio, para garantizar servicios básicos”, detalló. Organizaciones como Progress Arizona y Sunrise Movement respaldan sus iniciativas, aunque anticipan batallas legales con el gobierno estatal, controlado por republicanos.
La tragedia personal es el motor de Hernández. Su padre, trabajador esencial durante la pandemia, falleció por COVID-19 tras carecer de equipo de protección en su empleo. “Él me enseñó que, aunque la vida nos doblegue, no nos rompe”, compartió. Esa resilienciala llevó a aliarse con grupos como Arizona DSA y Building Trades para impulsar salarios dignos y condiciones laborales seguras.
En su primer mes en el cargo, Anna Hernández ha priorizado asambleas comunitarias en centros culturales y iglesias de Maryvale. “No quiero ser una concejal distante. Quiero gobernar desde los comedores populares y las escuelas”, dijo durante un encuentro en la biblioteca de Maryvale, donde escuchó testimonios de madres cuyos hijos han sido perfilados racialmente.
Aunque su agenda es ambiciosa, los desafíos son enormes. Phoenix, una de las ciudades con mayor crecimiento en Estados Unidos, enfrenta presiones de desarrolladores que buscan desplazar a comunidades de bajos ingresos. Además, el concejo municipal, con mayoría moderada, podría resistirse a sus propuestas más radicales.
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Hernández no subestima el camino por delante. “Sé que algunos me llamarán ‘idealista’, pero Maryvale merece más que migajas. Llegué aquí porque mi comunidad se organizó, no porque los poderosos me cedieron un espacio”, afirmó. Con el respaldo de sindicatos, activistas y familias que ven en ella un reflejo de sus luchas, Anna Hernández no solo representa un distrito: encarna la esperanza de un Phoenix más justo, donde nadie más tenga que perder a un ser querido por la violencia o la indiferencia.
Mientras el sol se pone sobre las montañas de South Mountain, Hernández se prepara para otra reunión nocturna. En su escritorio, junto a fotos de Alex y su padre, hay un letrero escrito a mano: “La unidad hace la fuerza”. Para el Distrito 7, esa frase ya dejó de ser un lema para convertirse en un plan de acción.
