Como anticonstitucional, calificaron a la orden ejecutiva que anula derecho a ciudadanía por nacimiento. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, y la fiscal general del estado, Kris Mayes, han tomado una postura firme contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca terminar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Ambas funcionarias destacaron las graves implicaciones constitucionales, económicas y sociales de la medida, al anunciar su participación en una demanda multilateral presentada por un grupo de estados.
La fiscal general Kris Mayes calificó la orden como inconstitucional y un retroceso en los derechos fundamentales garantizados por la 14ª Enmienda, la cual establece desde 1868 que todas las personas nacidas en suelo estadounidense son ciudadanos del país.
“La Constitución de los Estados Unidos y más de 150 años de leyes establecidas no pueden ser anuladas por una orden ejecutiva. Mientras el expresidente Trump intenta llevarnos a una época donde no todos los ciudadanos eran tratados como iguales, no permitiremos que eso suceda”, afirmó Mayes.
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Mayes advirtió que la orden podría dejar a miles de niños nacidos en Arizona sin acceso a derechos básicos como votar, recibir educación o acceder a servicios de salud. Además, destacó que la medida podría complicar la administración de las leyes electorales del estado, al requerir pruebas adicionales de ciudadanía para registrarse como votante, lo que generaría caos y costos administrativos elevados.
Impactos económicos y sociales en Arizona
Por su parte, la gobernadora Katie Hobbs subrayó que la eliminación de la ciudadanía por nacimiento tendría un impacto devastador en el estado: “Terminar con la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional y antiestadounidense”, declaró Hobbs.
“Esta política no solo ataca los ideales que hacen a nuestro país excepcional, sino que también causaría caos administrativo y financiero, dificultando la capacidad del gobierno estatal para brindar servicios esenciales a los arizonenses”, agregó.
De acuerdo con las declaraciones presentadas por la Administración de Hobbs, agencias como el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) enfrentarían un aumento significativo en los costos.
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento reduciría los fondos federales para programas de salud y bienestar, lo que obligaría al estado a asumir millones de dólares en gastos adicionales, afectando especialmente a hospitales que proveen servicios de emergencia y no emergencia a personas sin seguro.
En defensa de los derechos civiles
La demanda contra la orden ejecutiva fue presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Washington y cuenta con el respaldo de varios estados, incluidos Washington, Oregón, Illinois y ahora Arizona. Todos argumentan que la medida viola no solo la 14ª Enmienda, sino también la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La demanda destaca que la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda es un pilar fundamental de los valores estadounidenses y una garantía de igualdad. La Corte Suprema reafirmó este principio en 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark, estableciendo que el lugar de nacimiento, no el estatus migratorio de los padres, determina la ciudadanía estadounidense.
Tanto Hobbs como Mayes han pedido al gobierno federal que reconsidere esta política. “Deberíamos tomar medidas de sentido común para asegurar nuestra frontera y proteger nuestras comunidades, pero terminar con la ciudadanía por nacimiento no lo hará”, expresó la gobernadora Hobbs.
En su declaración final, Mayes reiteró el compromiso de Arizona de defender los derechos fundamentales de sus residentes: “Este derecho ha permitido que Estados Unidos se convierta en un hogar dinámico para familias de todo el mundo. Es fundamental para nuestra fortaleza y prosperidad como nación”.