La Ley de Menores Costos de Medicamentos para las Familias exigiría que las compañías farmacéuticas paguen una multa si aumentan los precios más rápido que la inflación y utilizarían esos fondos para proteger y preservar Medicare.
Los congresistas demócratas Rubén Gallego y Elissa Slotkin se unieron para presentar la Ley de Menores Costos de Medicamentos para las Familias, un proyecto que responsabilizaría a las grandes farmacéuticas por el aumento de precios y que paguen una multa si aumentan los precios más rápido que la inflación.
Debido a la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado, el gobierno federal puede limitar los aumentos de precios de los medicamentos más rápido que la tasa de inflación de los medicamentos comprados y utilizados por personas con Medicare, pero el proyecto de ley de Gallego y Slotkin ampliaría esto para incluir medicamentos comprados y utilizados por personas con seguro médico privado. Según la propuesta, todas las multas pagadas por las empresas se destinarían a preservar el fondo fiduciario de Medicare y una estimación sugiere que podría ahorrarle al gobierno federal $34 mil millones en los próximos 10 años.
“Durante años, los arizonenses han estado luchando para pagar los precios de los medicamentos recetados que se han disparado muy por encima de la inflación. Con la histórica Ley de Reducción de la Inflación, pudimos poner fin al aumento de precios de los medicamentos para las personas mayores, pero es hora de expandir esas protecciones a todos los arizonenses. Eso es exactamente lo que hace mi propuesta”, dijo Gallego, quien se postula para el Senado en 2024.
La indignación por el aumento de precios de los medicamentos recetados no es nada nuevo.
Como señala la organización filantrópica Arnold Ventures, las compañías farmacéuticas han “jugado con el sistema de patentes de Estados Unidos y se han involucrado en conductas anticompetitivas para hacer subir los precios” durante décadas.
Un informe reciente del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones también describió cómo “las corporaciones farmacéuticas usan la investigación financiada por los contribuyentes para desarrollar productos para venderlos a esos mismos contribuyentes por ganancias exorbitantes y los contribuyentes prácticamente siempre pagan más que las personas en otros países por los tratamientos que los científicos [del gobierno] ayudaron a inventar”.
Por ejemplo, Prezista, un medicamento contra el VIH fabricado por Johnson & Johnson, tiene un precio de lista de $25,000 en los Estados Unidos, mientras que en Alemania, el precio de lista de ese mismo medicamento es de $4,000 dólares. Prezcobix, otro medicamento contra el VIH fabricado por Johnson & Johnson, tiene un precio de lista de $29,000 en los aquí, mientras que en Japón, el precio de lista es de $5,000.
Este tipo de aumento de precios tampoco es exclusivo de los medicamentos contra el VIH, pues durante años, los tres principales fabricantes de insulina aumentaron constantemente los precios de los medicamentos que salvan vidas, tanto que durante un período de 20 años, el costo de la insulina aumentó en un asombroso 600 y estos aumentos de precios se produjeron cuando el costo de producir insulina se mantuvo estable, entre $ 3,69 y $ 6,16 por vial, según un estudio de 2018.
Los altos costos han dificultado que muchos estadounidenses puedan pagar los medicamentos que necesitan para vivir; de hecho, es tan difícil que el 17 % de los usuarios de insulina informaron que retrasaron la compra, tomaron menos de la necesaria o se saltearon una dosis debido a razones de costo.
Esto puede provocar cetoacidosis diabética, una complicación potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina.
Mientras los estadounidenses luchan para pagar los medicamentos que necesitan para vivir, estas compañías farmacéuticas están acumulando dinero, pues Pfizer reportó ingresos de más de $100 mil millones solo en 2022 y los ingresos anuales de Merck el año pasado fueron de casi $60 mil millones.
