El ex oficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn presentó una demanda federal para bloquear el nuevo “Fondo Anti-Armas”. CORTESIA: Walter Fields / Facebook
Ex agentes que defendieron el Capitolio presentan demanda contra el gobierno
El ex oficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn y el oficial del Departamento de Policía Metropolitana Daniel Hodges, ambos heridos y amenazados por defender el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021, presentaron una demanda federal para bloquear el nuevo “Fondo Anti-Armas” de 1,776 millones de dólares creado por el gobierno de Donald Trump.
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La querella, interpuesta ante un tribunal federal en Washington D.C., califica el fondo de “soborno” y denuncia que está diseñado para compensar a los insurrectos que participaron en la toma violenta del Capitolio, una medida que los agentes consideran inconstitucional y que, según sostienen, recompensa la violencia política mientras incrementa los riesgos de muerte y acoso contra quienes cumplieron con su deber.
Los demandantes sostienen que el programa viola la Sección 4 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe que el gobierno federal asuma deuda u obligación alguna “incurrida en ayuda de insurrección o rebelión contra Estados Unidos”.
Dunn y Hodges alegan además que el Departamento de Justicia carece de autoridad legal para establecer la comisión de cinco miembros encargada de administrar el fondo, ya que las leyes que crearon el Fondo de Sentencias del que procede el dinero no conceden a la agencia la facultad de instituir un nuevo esquema de compensación para particulares sin autorización del Congreso.
“Por su propia existencia, el fondo alienta a quienes cometieron actos de violencia en nombre del presidente a seguir haciéndolo”, señala la demanda.
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El escrito añade que “el Fondo Anti-Armas compensará y empoderará a las mismas personas que realizan esas amenazas; milicias como los Proud Boys utilizarán el dinero del Fondo para armarse y equiparse”.
Dunn y Hodges, representados por el Public Integrity Project, organización fundada por Brendan Ballou, exfiscal del 6 de enero que renunció al Departamento de Justicia tras los indultos masivos concedidos por Trump, solicitan a la corte que declare ilegal el programa y bloquee cualquier transferencia de fondos desde el Fondo de Sentencias.
