La medida fue impulsada por la senadora estatal Carine Werner, presidenta del Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado. CORTESIA: Arizona Senate Republicans / Facebook
La legislatura de Arizona aprobó con apoyo bipartidista el proyecto de ley SB 1174, una reforma al sistema de protección infantil que obligará a los trabajadores de la línea directa del Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) a revisar el historial completo de reportes previos sobre un menor antes de decidir si se abre una investigación.
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La medida, impulsada por la senadora estatal Carine Werner, presidenta del Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado, surgió de una investigación de meses sobre casos de abuso y negligencia que derivaron en la muerte de tres niños el año pasado.
“A lo largo de nuestra investigación, escuchamos repetidamente el mismo tema desgarrador: existían señales de advertencia, pero la información fragmentada impidió que el DCS viera el panorama completo”, declaró Werner durante la sesión.
La SB 1174 busca resolver esa fragmentación al permitir que los operadores de la línea directa compilen y revisen de inmediato el historial reciente de llamadas e investigaciones, incluidos los reportes sobre hermanos, de modo que los patrones de maltrato, negligencia o escalada de riesgos sean visibles en cuanto se reciba una nueva denuncia.
La legislación también autoriza a los trabajadores de la línea directa a considerar información de llamadas previas que en su momento no cumplieron el umbral para una investigación formal, y establece que los casos con cuatro o más reportes sobre el mismo cuidador en un período de doce meses sean asignados a especialistas con formación avanzada en investigación forense, cuando estén disponibles.
Asimismo, la ley garantiza que los tribunales que supervisan casos de dependencia reciban la información pertinente de la línea directa cuando se trate de menores que ya están bajo supervisión judicial.
Werner puso en marcha una serie de audiencias de supervisión después de que varias muertes de alto perfil y fallas en el sistema de protección infantil generaran cuestionamientos sobre la eficacia del DCS en Arizona.
Los testimonios recabados de trabajadores sociales, agentes del orden, educadores y familias afectadas evidenciaron la necesidad de salvaguardas más sólidas para identificar patrones de abuso de manera temprana e intervenir antes de que los menores cayeran en las grietas del sistema.
“Cuando se reciben múltiples reportes sobre el mismo niño o cuidador, esos incidentes no pueden verse de forma aislada”, afirmó Werner.
“Este proyecto de ley ayuda a garantizar que las preocupaciones recurrentes se reconozcan como un patrón, se escalen adecuadamente y sean revisadas por profesionales experimentados”, agregó.
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La SB 1174 forma parte de un paquete más amplio de reformas de seguridad infantil impulsado por la senadora Werner durante esta sesión legislativa y de acuerdo con datos del propio DCS, en 2025 la línea directa recibió más de 200,000 llamadas, pero solo una fracción derivó en investigaciones formales, lo que según expertos ha contribuido a que señales de alerta pasaran desapercibidas.
La ley aguarda ahora la firma de la gobernadora Katie Hobbs, quien no se ha pronunciado públicamente sobre la medida, aunque fuentes del Capitolio anticipan que la promulgará dado el amplio respaldo legislativo.
