Eliminar beneficios fiscales a centros de datos al menos por 3 años, generará alrededor de 57 millones para el gasto público más apremiante como guarderías y ayuda alimentaria. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La gobernadora Katie Hobbs reiteró que la congelación por tres años de nuevas exenciones fiscales para centros de datos ahorrará 57 millones de dólares al erario estatal, recursos que ya se canalizan a cuidado infantil, hospitales rurales y asistencia alimentaria en el presupuesto vigente.
La mandataria advirtió que su administración no ha terminado de regular a esta industria.
“Arizona es un socio en el progreso, no un cheque en blanco; un estado que pone servidores antes que los ciudadanos construye para el futuro pero olvida a quienes lo habitan”, dijo.
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Hobbs, quien como senadora estatal votó en 2013 a favor de la exención original, reconoció que aquel incentivo cumplió su objetivo: el estado se sitúa hoy entre los diez primeros del país en número de centros de datos; según el Goldwater Institute, Phoenix es el segundo mercado nacional con más proyectos planeados.
La moratoria fiscal a los centros de datos
La propuesta inicial de la gobernadora buscaba eliminar por completo el beneficio fiscal y aplicar un gravamen al uso de agua, pero la negociación con la legislatura de mayoría republicana la obligó a pactar una moratoria de tres años.
“Nadie obtuvo todo lo que quería”, admitió.
La líder de la minoría demócrata en el Senado, Priya Sundareshan, calificó la medida como la moratoria más extensa de su tipo en la nación.
“Estas megacorporaciones rentables no necesitan un obsequio fiscal que el resto de nosotros sí pagamos”.
Los ahorros generados por la congelación permitieron asignar 44 millones de dólares a cuidado infantil, cuatro millones a asistencia alimentaria y fondos para nosocomios rurales, confirmó la gobernadora.
El programa Double Up Food Bucks, que duplica el valor de alimentos frescos para familias vulnerables, figura entre los beneficiados.
Jesse Gruner, directora de Pinnacle Prevention, organización que opera dicho programa, dijo lo que la partida representa.
“Es un salvavidas frente a los devastadores recortes federales a SNAP, Medicaid y los programas de la era covid, en un entorno presupuestario increíblemente ajustado”.
Nuevas regulaciones tarifarias y la Comisión de Corporaciones de Arizona
Hobbs adelantó que buscará nuevas restricciones.
“Debemos actuar para que los centros de datos no disparen las facturas de electricidad de los arizonenses; tenemos que proteger nuestra agua del bombeo descontrolado y escuchar a las comunidades”, declaró
Igualmente anunció que trabajará con la Comisión de Corporaciones de Arizona, regulador energético estatal.
Según datos de la empresa Salt River Project, la demanda eléctrica de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030 y presionar al alza las tarifas residenciales; un solo centro de datos de gran escala puede consumir más de un millón de galones de agua al día para refrigeración, de acuerdo con un informe de 2024 del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona.
El impacto hídrico y energético del sector tecnológico en el estado
La gobernadora aclaró que no se plantea una prohibición total a la edificación de estas instalaciones.
“Hay lugares donde tienen sentido, donde generan oportunidad económica y no succionan el agua subterránea ni sobrecargan los servicios públicos”, explicó.
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Con 98 centros en operación y 86 más en construcción o planeados, el debate sobre la huella hídrica y energética de esta industria cobra fuerza en un estado que enfrenta una sequía prolongada y apagones selectivos en horas pico.
Analistas locales advierten que, sin una regulación más estricta, el crecimiento acelerado del sector tecnológico podría trasladar costos crecientes a las familias, mientras el gobierno estatal intenta equilibrar desarrollo económico, protección de recursos y equidad fiscal en un presupuesto condicionado por los recortes federales.
