El senador Rubén Gallego calificó los centros de datos en Arizona como un ‘mal necesario’ para la competitividad tecnológica. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Ante un creciente rechazo vecinal y de alerta por el impacto energético e hídrico de los centros de datos en Arizona, el senador federal Rubén Gallego fijó una postura que busca el equilibrio: calificó estas instalaciones como un “mal necesario” para la competitividad tecnológica del país, pero exigió el fin de las exenciones fiscales que han disfrutado desde 2013 y que, a su juicio, han desequilibrado la balanza en perjuicio de los residentes.
“El residente local debe quedar indemne. No deberíamos pagar más en las facturas de electricidad porque los centros de datos estén aquí”, declaró Gallego tras un acto con veteranos en Phoenix, donde añadió que “el centro de datos y los hiperescaladores tienen que querer ser parte de la solución”.
El senador demócrata fue más allá al calificar algunos de estos complejos de “abusivos” por aprovecharse de los beneficios fiscales estatales para construir “monstruosidades” en zonas densamente pobladas sin un plan de uso de recursos a largo plazo.
“Eso no es justo para nuestras comunidades”, sentenció.
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La exención fiscal que Gallego quiere derogar fue aprobada en 2013 por la legislatura de Arizona y exonera a los centros de datos del pago de impuestos sobre transacciones y uso de equipos durante un máximo de diez años, siempre que inviertan al menos 50 millones de dólares en los condados de Maricopa o Pima, o 25 millones en el resto del estado.
La ley, prorrogada en 2021, ha costado solo a la ciudad de Phoenix más de doce millones de dólares anuales en ingresos no percibidos, según una auditoría municipal.
Para Gallego, el resultado es una anomalía: “Algunos centros de datos acaban pagando, en promedio, menos que algunos de los propietarios de viviendas que están justo al lado. Eso no es un buen trato”.
La postura del senador no es aislada, pues tanto la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego como la gobernadora Katie Hobbs han reclamado públicamente el fin de las exenciones.
Hobbs llegó a exigir la derogación en las negociaciones presupuestarias estatales, mientras que la alcaldesa ya advirtió en su discurso sobre el Estado de la Ciudad de 2025 que “nuestro estado todavía incentiva nuevos centros de datos, un vestigio de una época anterior a que nuestra economía fuera el imán de crecimiento laboral que es hoy”.
El propio Gallego ha presentado en el Senado federal la Ley de Aceleración de Capacidad Confiable (ARC Act) para que los desarrolladores asuman el costo de la nueva generación eléctrica que sus proyectos demandan.
La controversia coincide con la aprobación, el pasado 6 de mayo, de un permiso militar para el Proyecto Baccara, un macrocomplejo de dos centros de datos y una planta de gas que ocupará 160 acres al sur de Surprise, en las inmediaciones de la Base de la Fuerza Aérea Luke.
La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa dio luz verde con un voto de 4 a 1 pese a la oposición de cientos de vecinos y a las advertencias de que las emisiones del proyecto, hasta 200 toneladas anuales de gases de efecto invernadero podrían disparar los costos sanitarios entre 11.5 y 19.3 millones de dólares al año, según la herramienta COBRA de la EPA.
La resistencia vecinal no es nueva, pues en Chandler, el ayuntamiento tumbó por unanimidad un centro de datos respaldado por la exsenadora Kyrsten Sinema; en Mesa, la presión comunitaria forzó la retirada de otro proyecto, y en Ahwatukee Foothills los residentes mantienen una batalla abierta contra una instalación que consideran una amenaza para sus facturas eléctricas y su calidad de vida.
Mientras tanto, el área metropolitana de Phoenix se ha convertido en el segundo mayor mercado de centros de datos del país, solo por detrás del norte de Virginia, con 176 instalaciones ya operativas y casi una veintena más en construcción o planificación, según el Data Center Map.
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La propia Universidad Estatal de Arizona advirtió en marzo de que los centros de datos han solicitado tanta electricidad que haría falta una nueva planta de energía cada año para satisfacerlos.
Gallego resumió su posición con un diagnóstico que conecta los dos extremos del debate: “Me temo que tal vez no tengamos suficiente agua y tal vez no tengamos suficiente generación de energía para poder dejar indemnes a todos los demás”.
