Actualmente, la orden de restricción de ciudadanía por nacimiento está suspendida en todo el país, luego de que tres tribunales rechazaran los argumentos. Foto: Cortesía / Facebook Donald Trump
El presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que permita la implementación parcial de su polémica orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por nacimiento, mientras continúan los litigios en curso.
En aplicaciones de emergencia presentadas este jueves, la administración pide que se limiten las órdenes dictadas por jueces de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington, las cuales han bloqueado la medida firmada por Trump poco después de iniciar su segundo mandato.
Actualmente, la orden está suspendida en todo el país, luego de que tres tribunales de apelaciones federales, incluyendo uno en Massachusetts, rechazaran los argumentos del Ejecutivo.
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La orden en cuestión impediría que los niños nacidos después del 19 de febrero obtengan la ciudadanía si sus padres se encuentran en el país de manera ilegal, además de prohibir a las agencias estadounidenses emitir documentos que reconozcan la ciudadanía de dichos menores.
Aproximadamente dos docenas de estados, junto a diversos individuos y grupos, han interpuesto demandas argumentando que la medida vulnera la garantía de la 14ª Enmienda, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana.
El Departamento de Justicia, sin embargo, sostiene que los jueces de distrito carecen de la autoridad para otorgar un efecto de alcance nacional a sus resoluciones. En lugar de ello, la administración Trump busca que la Corte Suprema permita que su plan entre en vigor para todos, salvo para aquellos pocos que han impugnado la orden, argumentando que los estados no tienen el derecho legal ni la legitimidad para cuestionarla.
La abogada general interina, Sarah Harris, defendió la constitucionalidad de la orden señalando que, interpretada correctamente, la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda “no extiende la ciudadanía de forma universal a todos los que nacen en EE. UU”.
No obstante, el recurso de emergencia se centra en la cuestión del alcance de los mandatos judiciales nacionales, tema sobre el cual cinco jueces conservadores han expresado preocupaciones en ocasiones anteriores, aunque la Corte nunca ha fallado en ese sentido.
Harris también destacó que, en febrero, los tribunales emitieron 15 órdenes que bloqueaban acciones de la administración a nivel nacional, en contraste con las 14 dictadas durante los primeros tres años del mandato de Joe Biden.
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Este ritmo acelerado de decisiones judiciales subraya la rapidez con la que Trump ha movido su agenda: en menos de dos meses, además de la polémica medida sobre la ciudadanía por nacimiento, ha despedido a miles de empleados federales, reestructurado decenas de miles de millones de dólares en ayudas extranjeras y domésticas, y restringido derechos de comunidades, como la de personas trans.
La decisión final de la Corte Suprema determinará si se puede dar un efecto limitado a la política, permitiendo al gobierno avanzar en su agenda de reforma tributaria y de inmigración, o si se mantendrán las protecciones constitucionales que garantizan el derecho a la ciudadanía para quienes nacen en territorio estadounidense. Mientras tanto, Trump insiste en que “es hora de regresar a un sistema que nos haga más ricos y poderosos”, en un debate que promete tener repercusiones históricas.