El juez calificó a los despidos masivos como una “farsa” ideada por la oficina central de recursos humanos. Foto: Cortesía / Facebook Donald J. Trump
Un juez federal ordenó este jueves que varias agencias del gobierno reinstalen a decenas de miles de empleados en período de prueba, despedidos en el marco de la turbulenta estrategia del presidente Donald Trump para reducir drásticamente la burocracia federal. La decisión, emitida por el juez de distrito de EE. UU. William Alsup, calificó a los despidos masivos como una “farsa” ideada por la oficina central de recursos humanos para eludir los requisitos legales en la reducción de la plantilla gubernamental.
Alsup, designado durante la administración del expresidente Bill Clinton y radicado en San Francisco, argumentó que la medida tomada por la Oficina de Personal (OPM) fue “ilegal”, ya que se utilizó un pretexto inadecuado para despedir a empleados que aún se encontraban en período de prueba. Según el fallo, el objetivo real de esta maniobra era recortar la fuerza laboral federal sin seguir los procedimientos establecidos, poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado de diversas agencias estatales.
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El juez Alsup emitió órdenes específicas para que los departamentos de Defensa, Tesoro, Energía, Agricultura y Asuntos de Veteranos “inmediatamente” ofrezcan a los trabajadores despedidos la reincorporación a sus puestos de trabajo. Con esta sentencia, Alsup dejó en claro que la estrategia de recorte implementada por la administración Trump no solo vulneraba los derechos laborales de los empleados en período de prueba, sino que además representaba un ataque directo a las garantías que protegen el debido proceso en el ámbito federal.
La decisión del juez es considerada una de las mayores y más contundentes críticas al intento de Trump de reducir la burocracia gubernamental mediante despidos masivos. Expertos legales han señalado que esta orden podría tener implicaciones de gran alcance para la estructura del gobierno federal, ya que el fallo impone un control judicial sobre las medidas administrativas adoptadas sin el debido respaldo legal. Aunque es casi seguro que la administración Trump apelará la sentencia, el fallo marca un importante precedente en la lucha contra las medidas de reducción extrema de la plantilla federal.
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Para muchos, la sentencia de Alsup representa una victoria para los derechos de los trabajadores y un freno a las políticas de recorte que, según críticos, se implementan más por motivos ideológicos y de privatización que por razones de eficiencia o modernización administrativa. Con este fallo, se reitera la importancia de respetar los procedimientos legales establecidos para cualquier medida que afecte a la fuerza laboral, recordando que la protección de los derechos laborales es fundamental para el funcionamiento del gobierno y la preservación del estado de derecho en Estados Unidos.
