Encuentran crematorio, centro de reclutamiento, tráfico de órganos y abuso sexual que operaba el CJNG en Jalisco. Foto: Cortesía / Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco
En La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, se ha descubierto un predio que funcionó como centro clandestino de exterminio y reclutamiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Conocido como rancho Izaguirre, el lugar ha sido señalado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes obtuvieron nuevos testimonios que revelan prácticas ilícitas atroces y violentas, que incluyen desde asesinatos sistemáticos y reclutamiento forzado hasta experimentos médicos y abusos sexuales.
El predio fue localizado el pasado 5 de marzo tras una llamada anónima, lo que permitió a los Guerreros Buscadores de Jalisco adentrarse en el sitio y documentar evidencias escalofriantes. A pesar de que en septiembre de 2024 las autoridades estatales habían intervenido el lugar, según denuncian los activistas, la intervención fue insuficiente, ya que no se aseguraron ni documentaron los hornos crematorios ni se resguardaron los restos humanos, a pesar de existir pruebas claras en el sitio.
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En el rancho se encontraron tres hornos crematorios subterráneos, restos óseos, ropa, maletas, credenciales, zapatos, casquillos y diversas estructuras que se utilizaban para adiestramiento armado. Estos hallazgos confirman que el lugar no solo era utilizado para desechar cuerpos, sino también como centro de reclutamiento.
Según testimonio de Indira Navarro, líder del colectivo, la historia de horror comenzó en la central de autobuses, donde jóvenes eran atraídos con ofertas laborales de hasta 5,000 pesos a la semana para desempeñarse como guardias de seguridad o chóferes, pero una vez reunidos en la central, los jóvenes eran interceptados y llevados al rancho, donde se les sometía a aislamiento y violencia física, siendo obligados a enterrar y quemar cuerpos disgregados.
Uno de los testimonios más desgarradores proviene de una joven identificada como María, quien afirmó haber estado tres años privada de su libertad en el rancho. En su relato, María reveló que en el predio se llevaban a cabo “experimentos médicos” relacionados con la venta de órganos, y que también se presenciaban casos de abuso infantil.
Además, explicó que aquellos que mostraban signos de debilidad eran enviados a un área conocida como “la puerquera”, donde cerdos atacaban y devoraban partes de los cautivos, en una brutal práctica destinada a castigar y controlar a los reclutas.
El colectivo también documentó que en el rancho los jóvenes eran forzados a participar en peleas en lodo como método de castigo, y que debían vestir ropa naranja, similar a uniformes penitenciarios, para facilitar su identificación y aquellos que intentaban escapar eran ejecutados de inmediato.
Algunos mandos del CJNG incluso solicitaban la entrega de personas específicas, en actos de represalia contra civiles, como empresarios que habían tenido conflictos con el grupo criminal.
La magnitud de estos abusos ha generado un clamor por justicia y la necesidad de intervención urgente. Indira Navarro instó al Gobierno Federal y a organismos internacionales a actuar, declarando: “Necesitamos apoyo urgente. Esto ya sobrepasó al Estado. Aquí desaparecen personas todos los días. Esto no se puede quedar así”.
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Además, numerosas familias se han comunicado con el colectivo para identificar prendas y objetos encontrados en el rancho, lo que evidencia la extensión del impacto en la comunidad.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció recientemente la apertura de una investigación sobre el caso y criticó la falta de acción previa por parte de las autoridades locales y estatales. La situación se agrava aún más al considerar que, según el registro estatal de personas desaparecidas en Jalisco, existen actualmente 15,426 personas no localizadas, siendo Zapopan el municipio con mayor número de casos, con 2,774 reportadas hasta el 28 de febrero.
