La Fiscal General de Arizona confirmó que recibió reportes de fraude y diseñador denuncia que recibió cheques sin fondo por Coli Studio por sus servicios. Foto: Oscar Ramos
Ante los recientes testimonios que han salido a la luz, de familias afectadas por empresas constructoras, que presuntamente no cumplieron con sus proyectos, la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, confirmó que su oficina ha recibido los reportes y realizan las investigaciones correspondientes.
En un comunicado, explicó que se trata de familias que buscaban construir las Unidades de Vivienda Accesorias (ADU, por sus siglas en inglés), conocidas como “casitas”, en sus patios traseros, pero que las empresas contratadas presuntamente no realizaron ninguna construcción, provocándoles daños económicos de hasta 250 mil dólares.
La Fiscal Mayes calificó el presunto modus operandi de estas compañías como ‘sofisticado y depredador’, ya que exigen pagos iniciales elevados para después desaparecer sin comenzar la obra de construcción.
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“Cobran el cheque de inmediato y luego dan largas al asunto. Las víctimas informan que los grandes depósitos se cobraron a los pocos días de la firma, mientras que la empresa prometió repetidamente que la construcción comenzaría ‘pronto’”, detalló Mayes.
Además, advirtió que según los reportes recibidos, dichas empresas nunca tramitan los permisos ante las autoridades, por lo que cuando las familias acuden directamente a las oficinas municipales, encuentran que no se sometieron planos ni se solicitaron permisos.
De igual manera, mencionó que los presuntos estafadores utilizan la licencia de otro contratista para que permitan el uso de sus credenciales, dejando al contratista con licencia legalmente expuesto a cualquier queja, mientras que mientras que, según los testimonios, la empresa no habría realizado los trabajos prometidos.
Por ello, lanzó un llamado a toda la comunidad para no caer en este tipo de estafas y recomendó a las familias que busquen construir una ‘casita’ u otro proyecto, que soliciten varios presupuestos por escrito a la empresa que se los ofrece, el cual debe incluir una descripción detallada del proyecto, los materiales, un cronograma y el precio total.
“Un presupuesto legítimo incluye una descripción detallada del trabajo, los materiales, el cronograma y el precio total, incluyendo la mano de obra. Si un precio parece inusualmente bajo, probablemente lo sea. Desconfíe de cualquier contratista que le desaconseje obtener varios presupuestos”, concluyó el comunicado.
Más denuncias de presuntos afectados
Cada vez más personas que se consideran afectadas por Coli Studio Inc. dan su testimonio y no solo son familias que soñaron con la construcción de sus ‘casitas’, sino que también profesionistas denuncian a la empresa de contratar sus servicios y pagarlos con cheques sin fondos.
En entrevista para Prensa Arizona, Eddy Reyes, propietario de Ed Reyes Design, un diseñador y plans examener con más de 30 años de trayectoria, denunció que fue engañado por los encargados de Coli Studio.
Detalló que lo contactaron en julio de 2024 y le ofrecieron ser parte de un proyecto de importación de casas prefabricadas que vendrían desde China y él se encargaría de desarrollar los planos y proyectos en Arizona.
Incluso, mencionó, le enviaron un contrato en el que no solo les prestaría sus servicios, sino que le pagarían como empleado por una favorable cantidad de dinero. Para Eddy, ese contrato se le hizo “extraño” y pospuso firmarlo.
Lo que sí hizo fue realizar diseños como profesionista con su despacho, para clientes de Coli Studio. Entregó los proyectos terminados y todo marchaba bien, hasta que cobró por su trabajo.

Los encargados de la empresa le entregaron dos cheques por poco más de 7 mil dólares, pero cuando acudió a canjearlos, según relató, rebotaron. No tenían fondos.
Eddy Reyes no solo había hecho los diseños de los proyectos para los clientes, sino que también solicitó los permisos necesarios para iniciar con el proyecto de construcción ante el Ayuntamiento de Phoenix.
“Me dieron dos cheques que rebotaron dos veces y cuando les fui a reclamar que me devolvieran los dibujos o yo iba a cancelar los permisos, eh ellos decidieron hacerse los bobos o, ‘Ay, no, pero es que eso fue un accidente, que no sé qué’.”, relató.
El diseñador continuó exigiendo el pago de sus servicios y ante la negativa les retiró sus diseños, que aunque no habían pagado por ellos, los representantes de la empresa los utilizaban para atraer más clientes.
Al ver sus diseños modificados mínimamente para continuar vendiendo los proyectos, Eddy Reyes exigió el pago de sus servicios nuevamente, y ahora la respuesta de la empresa fue más agresiva.
En una ocasión, recordó, pidió reunirse con Ramiro Guzmán, quien se ostentaba como el encargado de Coli Studio, pero él solicitó que fuera en un lugar público.
Acudieron a un lugar cercano a las oficinas de la empresa y una de las empleadas, a quien identificó como Erika La Rosa, llevó a sus dos hermanos, con el fin de intimidarlo.
“Erica llegó con su familia porque tenía dos hermanos, dos gorilas estos, con intención de intimidarme, ya sabes, me dijeron: aquí no te vamos a dar nada”, denunció.
Eddy Reyes aseguró que él no se intimidó y que continuará acusando a Coli Studio hasta las últimas consecuencias por no cumplir con su responsabilidad de pagar un servicio realizado.
Responsabilidad cae en contratista afectado
Por su parte, Jonathán Chacón, quien acusa a Coli Studio de utilizar su licencia de construcción y no pagar lo acordado en el contrato firmado por ambas partes, dio a conocer que ahora su nombre ha resultado afectado.
Explicó que hace unos días vio en su perfil publicado en el Registro de Contratistas (ROC) de Arizona, un total de siete quejas por la falta de incumplimiento de las obras, que asegura, es derivado del actuar de Coli Studio con las familias afectadas.
Cuando acudió a solicitar más información ante el ROC, le confirmaron que las quejas fueron interpuestas por familias que pagaron grandes cantidades de dinero para proyectos de construcción con Coli Studio que, según las quejas, nunca se realizaron.
“Las quejas las hicieron las familias que fueron afectadas por la empresa. Una persona pagó 60 mil dólares por construirle un asador, otro les dio 190 mil dólares para una casita y nomás le hicieron un hoyo en su patio”, expuso.
Chacón agregó que también existen quejas de otros contratistas a los que Coli Studio les debe cerca de 32 mil dólares.
Sin embargo, el contratista lamentó que las quejas se presenten en su licencia utilizada por la empresa, ya que él mismo es una víctima más que también resultó afectado y le adeudan miles de dólares.
“Entiendo a las personas, porque ahora que hemos hablado, más personas han denunciado sobre los trabajos que no le realizaron, pero las quejas van directo a mi licencia que utilizó Coli Studio”, dijo.
Jonathan Chacón busca que esta pesadilla termine pronto y que las autoridades lleven a la justicia a los encargados de la empresa señalados por presuntamente afectar decenas de personas con miles de dólares.
Actos de intimidación
Personas que se ostentan como representantes de la empresa Coli Studio presuntamente habrían emprendido actos que pueden considerarse como intimidación en contra de algunas de las familias denunciantes, así como de Prensa Arizona.
A las familias afectadas, quien se ostenta como representante, Pablo Pescador envió nuevos contratos con descuentos de algunos servicios que presuntamente sí realizaron, con el fin de regresar sólo una parte de sus anticipos.
Sin embargo, al hacerse público por medio de Prensa Arizona, ahora los afectados mencionan que nuevamente les enviaron nuevos contratos, ahora sin descuentos, y con el compromiso de regresarles su dinero, pero con cantidades mínimas de mil dólares al mes.
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Prensa Arizona, medio que ha dado voz a las personas afectadas, también recibió un correo electrónico por parte del doctor Pablo Pescador, en donde firma como representante de Starlight Financial Group SW LLC y Coli Studio Inc.
En la carta, menciona que tomará acciones legales contra el medio por difamación y daños a la empresa, ya que asegura que la publicación de los testimonios de las familias que se dicen afectadas, son “hechos sin fundamentos”.











