Ramiro Guzmán, director ejecutivo de la constructora Coli Studio salió a la luz en una entrevista con Pablo Pescador de Starligh Financial, en redes sociales. CORTESIA: Pablo Pescador / Facebook
Analizan varias opciones legales en caso de Coli Studio; dudas sobre el fideicomiso
El cerco legal parece estrecharse sobre Coli Studio mientras varias de las veintisiete familias afectadas se niegan a firmar los nuevos contratos que la empresa les ha enviado, documentos que incluyen cláusulas de confidencialidad y un polémico plan de pagos, los representantes de la compañía han comenzado a presionar a las víctimas para que acepten un esquema de reestructuración bajo el paraguas de un fideicomiso de reciente creación en el que el nombre de Ramiro Guzmán, CEO de Coli Studio, prácticamente desaparece.
La maniobra, lejos de tranquilizar a los denunciantes, ha incrementado su desconfianza, por lo que han buscado asesoría legal y exploran ya una demanda penal conjunta y una acción civil para recuperar su dinero.
Pablo Pescador, quien se ostenta como el nuevo encargado de la constructora, envió en abril un correo electrónico a cada uno de los afectados con un nuevo contrato en el que Coli Studio detalla una lista de gastos administrativos y de diseño que, según la empresa, ya fueron ejecutados, y que en la práctica reducen a la mitad el monto que se les devolvería.
En el caso de Patricia Méndez, la psicóloga que entregó ochenta mil dólares en octubre de 2024 para la construcción de su oficina en Glendale, el documento le reconocía apenas cuarenta y cinco mil.
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“Ni de loca voy a firmar. Le mandé una respuesta y le dije: señor Pescador, ¿me cree estúpida o idiota? Déjese de cosas y cumpla lo acordado o aténgase a las consecuencias”, relató la mujer, quien dejó claro que “yo no conozco a esta persona ni me interesa conocerlo”.
El plan de pagos propuesto por Pescador contempla abonos mensuales de mil dólares durante los primeros cinco meses, y una liquidación del saldo restante, más una fracción de intereses, al sexto mes.
En una grabación en poder de Prensa Arizona, Pablo Pescador intenta convencer a una de las afectadas de firmar el nuevo contrato prometiendo que le “ofrece protecciones” e incluso una cantidad extra como compensación, pero afirma que debe ser en pagos “para poder cumplir con todas las responsabilidades”.
El problema, según denuncian las víctimas, es que ese esquema no les garantiza que vayan a recuperar su dinero, y además el nuevo contrato incluye una cláusula que las obliga a borrar cualquier publicación en redes sociales que pudiera “perjudicar razonablemente la reputación” de la compañía.
Jonathan Chacón, el contratista cuya licencia fue utilizada por Coli Studio para operar localmente sin que él recibiera remuneración alguna, resume el sentir general.
“Se van a hacer contratistas sin licencia; no van a poder operar ni hacer proyectos porque no van a tener licencia. Yo me salí del ‘Qualifying Party’ de esa compañía”.
La desconfianza se ha visto agravada por los movimientos corporativos que la empresa ha ejecutado en las últimas semanas.
El fideicomiso
El 17 de marzo de 2026, Coli Studio constituyó una nueva entidad denominada Starlight & Coli Trust SPV LLC, registrada ante la Corporación de Comisiones de Arizona bajo el número de identificación 25034684, en la que el agente estatutario y organizador es María Dolores Grijalva, esposa de Pablo Pescador y cuyo objeto social es la realización de “actividades misceláneas de inversión financiera”.
El propio Pescador figura como miembro y gerente de la sociedad, mientras que el nombre de Ramiro Guzmán, quien se ostentaba como director ejecutivo de Coli Studio cuando las víctimas firmaron sus contratos, ha desaparecido por completo de la nueva estructura.
La creación del fideicomiso, que según Pescador busca garantizar “transparencia y confianza” en el manejo de los fondos, ha sido interpretada por los abogados consultados como un intento de blindar los activos de la compañía frente a eventuales reclamaciones judiciales.
Un especialista en derecho de la construcción en Arizona que prefirió mantener el anonimato advirtió que “después de revisar este contrato con calma, te doy mi opinión sincera: el documento es excesivamente complejo y desbalanceado; no lo firmaría sin una revisión legal completa”.
Para las víctimas, la figura del fideicomiso es solo un nuevo obstáculo en un camino que en algunos casos ya acumula años de promesas incumplidas.
Buscando claridad legal
En busca de claridad, una decena de afectados se reunió recientemente con el juez de paz Enrique Medina Ochoa, quien les explicó de manera detallada las opciones legales que tienen a su alcance.
Medina Ochoa detalló que, para aquellos que hayan entregado cheques que luego resultaron sin fondos o cuyas pérdidas no superen los diez mil dólares, la vía más rápida es acudir al tribunal de paz, donde con un costo de aproximadamente sesenta dólares y sin necesidad de abogado pueden obtener un fallo en cuestión de semanas.
“Es muy sencillo, presentas la queja, sirves al demandado y si no comparecen obtienes una sentencia en rebeldía”, les instruyó el juez.
Para los casos de mayor cuantía, el magistrado recomendó la vía del Tribunal Superior o la presentación de una denuncia colectiva ante la Fiscalía General, aunque advirtió sobre este último camino.
“Es lento, pero una vez que la fiscalía termina su investigación, esa información se vuelve pública y puede servir de base para una demanda civil sin costo de investigación”, dijo el magistrado.
Medina Ochoa también les explicó que en Arizona rige el régimen de bienes gananciales, lo que permite perseguir hasta el cincuenta por ciento de los bienes del cónyuge del deudor; sin embargo, alertó que si la empresa se declara en bancarrota, “el proceso se complica y se alarga”.
El juez fue especialmente enfático al recordarles a los afectados que la lentitud del sistema judicial no debe desanimarlos.
“Hay un caso muy similar, el de un tal Francisco Aguirre, que tardó dos años y medio o tres, pero el tipo terminó en la cárcel cinco años; ahora ya salió y me dicen que anda en lo mismo”, relató Medina Ochoa, en referencia a un precedente que persiguió la Fiscalía General y que culminó con una condena penal.
Aquel antecedente, sumado a la claridad con la que el juez expuso las opciones legales, ha alentado a los denunciantes a mantenerse unidos y a explorar todas las vías posibles, incluida una denuncia penal conjunta ante la Fiscalía del Condado de Maricopa y una demanda civil colectiva.
La Fiscal General Kris Mayes confirmó que su oficina ha recibido los reportes de fraude y describió el presunto modus operandi de estas compañías como “sofisticado y depredador”: exigen pagos iniciales elevados, cobran los cheques al día siguiente de la firma, y luego “dan largas al asunto” sin jamás tramitar los permisos ante las autoridades municipales.
El Registro de Contratistas de Arizona mantiene suspendida la licencia de la firma, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera ha colaborado en el análisis de las cuentas bancarias de los implicados.
Tres contratistas afectados iniciaron los trámites para desvincular su licencia de Coli Studio, pero han visto cómo su reputación profesional se ha visto manchada por las quejas que los clientes han interpuesto ante el Registro de Contratistas
“Entiendo a las personas, porque ahora que hemos hablado, más personas han denunciado sobre los trabajos que no les realizaron, pero las quejas van directo a mi licencia que utilizó Coli Studio”, lamentó Jonathan Chacón.
A pesar de ello, Chacón se mantiene firme en continuar la batalla legal junto al resto de los afectados; “si podemos hacer que dos de ellos hablen, se les cae todo. Pero tenemos que estar juntos”, sentenció.
Acosadas por las deudas, desgastadas por meses de promesas incumplidas y ahora enfrentadas a un nuevo esquema corporativo que no les genera confianza, un gran número de las familias afectadas en Phoenix han optado por no firmar los nuevos contratos y por agotar todas las instancias legales.
La Fiscalía General investiga, el Registro de Contratistas mantiene la licencia suspendida, y los abogados consultados por las víctimas preparan ya las primeras demandas.
Mientras tanto, Pablo Pescador insiste en que la empresa está siendo reestructurada “con transparencia y responsabilidad”, pero el reloj judicial ya ha empezado a correr y las víctimas han dejado claro que no aceptarán una cantidad menor de lo que ellos entregaron y mucho menos en pagos.
Rompe el silencio Ramiro Guzmán
El CEO afirma que Coli Studio “fue victima de su propio éxito” y de “sabotaje”
Ramiro Guzmán, director ejecutivo de la constructora Coli Studio, recientemente rompió el silencio en un video publicado en redes sociales donde admitió que su compañía cometió “errores” y careció de las herramientas financieras necesarias para gestionar el crecimiento acelerado que experimentó en 2024, aunque eludió referirse directamente a las acusaciones de fraude que enfrenta ante la Fiscalía General de Arizona y el Registro de Contratistas.
La declaración, realizada en formato de entrevista con el doctor Pablo Pescador de Starligh Financial, quien funge como una especie de mediador y reestructurador de la empresa, constituye el primer pronunciamiento público extenso de Guzmán después de meses de señalamientos por parte al menos de 27 familias que denuncian haber sido defraudadas.
Vale señalar que ni Ramiro Guzmán, ni Pablo Pescador han aceptado responder a las peticiones de entrevista de Prensa Arizona sobre las denuncias de los afectados, aunque califican los reportes como “amarillismo”.
“Yo creo que Coli fue víctima de su propio éxito, por así decirlo, en el año 2024, con una idea, con una intención, la visión de crear segundas viviendas pasado una nueva ley del estado. Un grupo de personas nos reunimos para hacer la logística y tratar de traer ese sueño a una realidad”, comenzó relatando Guzmán.
Sin embargo, el empresario admitió que la compañía se equivocó al rodearse de asesores que “realmente no sabían su trabajo” y de contratistas que decían tener licencias que no poseían; “lo que cometimos mal fue no tener las herramientas necesarias, los planes correctos, la asesoría correcta”, puntualizó.
Durante la conversación, Pescador introdujo el concepto del fideicomiso como la solución para garantizar transparencia en el manejo de los fondos de los clientes, una figura que, según el propio Guzmán, desconocía hasta hace poco.
“Hasta ahorita que usted me habla del fideicomiso me vengo a enterar. Creo que lo que cometimos mal fue no tener las herramientas necesarias”, confesó el director de Coli Studio, una revelación que contrasta con su rol como máximo responsable de una empresa que manejaba cientos de miles de dólares en anticipos para la construcción de las llamadas “casitas” o unidades de vivienda accesorias.
El directivo atribuyó parte de la crisis a un supuesto sabotaje interno y según su relato, varios vendedores y contratistas abandonaron la compañía al mismo tiempo y crearon sus propios negocios similares, llevándose consigo clientes y generando cancelaciones masivas.
“Lo que más creo que dañó fue que estas personas, una vez que abrieron sus propias compañías, motivaron a los clientes que ya estaban en contratos para cancelar con información falsa de que Coli estaba en quiebra”, afirmó.
Guzmán aseguró que, a pesar de todo, la mayoría de sus clientes se han mantenido leales al proyecto.
El tono de la entrevista, no obstante, generó reacciones adversas entre las víctimas. Pescador minimiza las denuncias al afirmar que las personas que cancelaron sus contratos “no son tantos como dicen por ahí, ciertas personas, algunos cuantos, uno, dos, tres”, una declaración que contradice abiertamente a las 27 familias, entre ellas algunas que ya han presentado quejas formales ante la Fiscal General Kris Mayes y el Registro de Contratistas.
Respecto al camino a seguir, Guzmán fue categórico al afirmar que la bancarrota “nunca fue una opción”, a pesar de que muchas otras compañías en situaciones similares optan por esa vía.
“Mi responsabilidad siempre va a ser con el cliente que confió en mí, indirecta o directamente. Vamos a cumplir con lo que tengamos que cumplir en el factor de reembolsos”, prometió Guzmán.
Pescador, por su parte, dejó entrever que el plan de reestructuración incluye un esquema de pagos a plazos, de mil dólares mensuales durante cinco meses, con una liquidación sustancial al sexto mes y un fideicomiso que garantice que los fondos no se toquen hasta que se verifiquen los avances de obra.
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La declaración de Guzmán se produce en un momento de máxima tensión judicial para la compañía, que recientemente constituyó una nueva entidad denominada Starlight & Coli Trust SPV LLC bajo el paraguas de Starlight Financial Group, la firma de Pescador.
Mientras las víctimas se preparan para acudir a los tribunales y la investigación de la Fiscalía sigue su curso, la primera admisión pública de responsabilidad por parte del director de Coli Studio abre un nuevo capítulo en un caso que ha cimbrado a la comunidad latina del Valle del Sol.
