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La Corte Suprema de Arizona ha decidido volver a una ley territorial anterior a la estadidad que prohibía los abortos en casi todos los casos.
El tribunal votó 4-2 para levantar la suspensión de la ley territorial, lo que significa que una ley de 1864 de la época de la Guerra Civil entrará en vigor en 14 días. Prohíbe todos los abortos excepto en los casos en que “es necesario salvar” la vida de una persona embarazada y conlleva una posible pena de prisión de dos a cinco años para los proveedores de servicios de aborto.
La ley no establece excepciones para la violación o el incesto.
Minutos después de que se emitiera el fallo, la gobernadora Katie Hobbs calificó la noticia como un “día oscuro para Arizona”.
“Permítanme ser claro: la prohibición del aborto en Arizona en 2022 es extrema y perjudica a las mujeres. Y la prohibición casi total de la época de la Guerra Civil que continúa pesando sobre nuestras cabezas sólo sirve para crear más caos para las mujeres y los médicos en nuestro estado”, dijo. “Estoy devastado por esta decisión y sé que muchos arizonenses también lo están”.
El presidente Biden calificó el fallo de “cruel” y un ejemplo de una “agenda extrema”.
“La vicepresidenta Harris y yo apoyamos a la gran mayoría de estadounidenses que apoyan el derecho de la mujer a elegir. Continuaremos luchando para proteger los derechos reproductivos y pediremos al Congreso que apruebe una ley que restablezca las protecciones de Roe v. Wade para las mujeres en todos los estados”, dijo Biden en una declaración preparada.
El tribunal había escuchado argumentos desde diciembre sobre si se debería restablecer una ley anterior a la estadidad que prohíbe casi todos los abortos. Hasta ese momento, los abortos eran legales en Arizona hasta las 15 semanas de embarazo según una ley de 2022 firmada por el entonces gobernador. Doug Ducey.
La cuestión del aborto implica preocupaciones de moralidad y política pública, e invariablemente inspira debates animados y engendra desacuerdos apasionados entre los ciudadanos. Un asunto político de esta gravedad debe ser resuelto en última instancia por nuestros ciudadanos a través de la legislatura o el proceso de iniciativa. Hoy nos negamos a tomar esta importante decisión política porque esos juicios están reservados a nuestros ciudadanos. En cambio, simplemente cumplimos con nuestro limitado papel constitucional y nuestro deber de interpretar la ley tal como está escrita.
Juez John R. López IV en Planned Parenthood et al v Kristin Mayes/Hazelrigg (p.28)
Una decisión judicial anterior bloqueó la aplicación de la ley de 1864 poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera la decisión Roe v. Wade de 1973, que garantizaba el derecho constitucional al aborto. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade en junio de 2022, el entonces fiscal general estatal, Mark Brnovich, un republicano, persuadió a un juez estatal en Tucson para que levantara el bloqueo a la aplicación de la ley de 1864.
El sucesor demócrata de Brnovich, el fiscal general Kris Mayes, había instado al tribunal superior del estado a ponerse del lado del Tribunal de Apelaciones y mantener en suspenso la ley de 1864.
El fallo sigue al de la Corte Suprema de Florida, que allanó el camino para que el estado prohibiera los abortos después de las seis semanas de embarazo, que es antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Sin embargo, los votantes pueden eliminar las restricciones mediante un referéndum en noviembre.
