En entredicho el poder de los jueces federales para emitir órdenes judiciales, ante apelación del gobierno de Donald Trump sobre la cancelación de la ciudadanía por nacimiento. Foto: Cortesía / Pexels
La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará argumentos el 15 de mayo sobre un recurso de la administración Donald Trump para aplicar su orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes indocumentados o con visas temporales nacidos en el país.
Sin embargo, el tribunal no evaluará directamente la constitucionalidad de la medida, sino un tema técnico con implicaciones profundas: el poder de los jueces federales para emitir órdenes judiciales que bloqueen políticas presidenciales a nivel nacional.
Tres jueces federales emitieron en los últimos meses mandatos judiciales que frenaron la orden de Donald Trump, argumentando que viola la Enmienda 14, la cual garantiza ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”.
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La administración republicana apeló urgentemente, alegando que estos fallos “exceden la autoridad” de los tribunales de distrito, los cuales, según el Departamento de Justicia, solo deberían poder bloquear políticas en sus jurisdicciones geográficas o para los demandantes específicos.
“El Poder Ejecutivo no puede funcionar si un juez cualquiera puede paralizar cada acción presidencial en todo el país”, sostuvo la administración en su apelación.
La orden ejecutiva de Trump, firmada el primer día de su segundo mandato en 2025, busca excluir de la ciudadanía por nacimiento a niños de padres indocumentados o con visas no inmigrantes. Expertos legales señalan que esto contradice precedentes de la Corte Suprema y el texto claro de la Enmienda 14, ratificada en 1868 para garantizar derechos a afroamericanos tras la Guerra Civil.
Si los magistrados aceptan los argumentos de Trump, su gobierno podría aplicar la política en algunas regiones mientras continúan los litigios, pero si respaldan el alcance nacional de las injunctions, se mantendría el bloqueo total.
Un desafío al sistema de frenos
El caso trasciende el debate migratorio. Desde 2025, órdenes judiciales nacionales han paralizado múltiples políticas de Trump, desde restricciones a asilo hasta recortes ambientales. Para grupos defensores de derechos, estas injunctions son “la única forma viable de detener acciones ilegales del gobierno”.
“Sin ellas, una administración podría aplicar políticas inconstitucionales en regiones donde no hay demandantes activos”, explicaron activistas.
La Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora de 6-3, anunció su decisión de realizar una audiencia especial en mayo, algo inusual para apelaciones de emergencia, esto sugiere que los magistrados ven el tema como prioritario y se espera un fallo a finales de mayo o junio.
Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes han calificado la orden de Trump como “un ataque a los fundamentos de la igualdad” y por su parte, sectores conservadores celebran el posible fin de lo que llaman “gobierno judicial”, donde jueces individuales “dictan la política nacional”.
El caso enfrenta dos principios: la necesidad de controles al poder ejecutivo y el riesgo de fragmentar la aplicación de leyes federales.
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Como señaló el juez federal William Fletcher en uno de los fallos bloqueados: “La Enmienda 14 no tiene excepciones. Negar ciudadanía por estatus migratorio de los padres es inconstitucional, punto”.
La decisión de la Corte Suprema no solo definirá el destino de esta política, sino el equilibrio de poderes en Estados Unidos para futuras administraciones.
