Corte Suprema evade tambien instalación de escuela charter religiosa en Oklahoma
Un doble revés judicial marcó esta semana la agenda en educación del presidente Donald Trump. Mientras un juez federal en Boston ordenó reactivar empleados despedidos del Departamento de Educación, frenando su plan de desmantelamiento, la Corte Suprema dejó en veremos la creación del primer colegio charter religioso financiado con fondos públicos en Oklahoma, un proyecto emblemático para sectores conservadores.
La Corte Suprema, dividida 4-4, mantuvo vigente un fallo de la justicia estatal de Oklahoma que declaró inconstitucional el contrato de St. Isidore of Seville, una escuela virtual católica que planeaba operar como charter público.
El empate técnico, con la jueza Amy Coney Barrett recusada sin explicación, dejó sin resolución nacional el debate en la educación sobre si instituciones religiosas pueden acceder a financiamiento estatal sin violar la separación entre iglesia y Estado.
Te puede interesar: Walmart y JPMorgan advierten sobre inflación y recesión en Estados Unidos
La escuela, respaldada por las diócesis de Oklahoma City y Tulsa, prometía un currículo de educación “fiel a las enseñanzas de Jesucristo”, incluyendo misas obligatorias y formación doctrinal. Aunque sus defensores argumentaron que estaría abierta a estudiantes de cualquier fe, la Corte de Oklahoma determinó que su operación constituiría un respaldo estatal al catolicismo.
“El estado estaría financiando directamente una escuela religiosa”, escribió el juez James Winchester en la opinión mayoritaria, citando violaciones a la Constitución estatal y federal.
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, celebró el fallo como una victoria contra el “radicalismo religioso”: “Los contribuyentes no financiarán escuelas de la sharia o el satanismo”.
Su declaración, publicada en Facebook, refleja la tensión en el tema de la educación en un estado donde líderes republicanos como el gobernador Kevin Stitt han impulsado agendas religiosas, incluyendo la colocación de Biblias en aulas públicas.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Misty G. Smith, directora de St. Isidore, calificó la decisión de “decepcionante” para cientos de familias, especialmente en zonas rurales sin acceso a educación católica. “Seguiremos luchando por ser un recurso valioso, sin importar el origen o credo de los estudiantes”, afirmó en un comunicado.
Brian Shellum, presidente de la junta de charters de Oklahoma, defendió la necesidad de “sumar a todos” ante la crisis educativa estatal, que ocupa los últimos puestos nacionales en rendimiento académico.
El caso St. Isidore llegó a la Corte en un contexto de avances conservadores para integrar religión en escuelas públicas. Desde Luisiana, que exige exhibir los Diez Mandamientos, hasta las recientes órdenes de Oklahoma de enseñar la Biblia, el movimiento refleja una estrategia para redefinir los límites constitucionales.
Expertos legales advierten que, aunque el empate en la Corte Suprema no sienta precedente, allana el camino para futuras batallas.
“Es una invitación a otros estados a presentar casos similares”, señaló Justin Driver, profesor de derecho en Yale, en análisis previos al fallo.
El tema podría reaparecer ante el tribunal una vez se resuelva la recusación de Barrett o con nuevos jueces.
El Departamento de Educación
Paralelamente, el juez federal Myong Joun en Massachusetts bloqueó dos iniciativas clave del plan de Trump para desmantelar el Departamento de Educación, incluyendo despidos masivos. La orden judicial preliminar reactiva temporalmente a empleados despedidos y cuestiona la autoridad ejecutiva para desarticular una agencia federal sin aprobación legislativa.
Este fallo representa un obstáculo significativo para una promesa central de la campaña de Trump, quien ha tildado al Departamento de Educación de “burocracia innecesaria”.
Sin embargo, organizaciones educativas y sindicatos docentes celebraron la decisión como un respiro para programas de ayuda estudiantil y becas Pell, actualmente bajo escrutinio republicano.
Ambos casos ilustran la profundización de divisiones en torno al rol del Estado en educación. Para progresistas, son victorias temporales contra la erosión de la laicidad y los servicios públicos. Para conservadores, representan obstáculos en su cruzada por “elección escolar” y reducción de agencias federales.
Como resume Drummond: “Esto no es sobre excluir religiones, sino evitar que el Estado las patrocine”.
Pero en un país donde el 45% de los estados permiten vouchers religiosos, la batalla por St. Isidore parece ser solo el primer capítulo de un debate que redefine qué significa “público” en la educación estadounidense.
