Los últimos tiroteos de adolescentes ponen a escuelas y a la sociedad en alarma, mientras una pasiva legislatura se encuentra bajo escrutinio. Foto: Cortesía /
Dos tiroteos con sospechosos de 15 años en el área metropolitana de Phoenix dejaron un muerto y seis heridos y reavivaron el debate sobre el acceso de menores a las armas y la seguridad escolar, tras el asesinato de un estudiante en 2025.
Un adolescente de 15 años de Phoenix fue arrestado por el tiroteo del 4 de julio en Westgate Entertainment District, donde cinco menores resultaron heridos, incluida una niña de 8 años; el ataque ocurrió a las 21:00 horas durante los festejos del Día de la Independencia.
Semanas antes, un tiroteo en Desert Sky Mall dejó un adolescente de 17 años muerto y otro de 16 herido. Un jurado acusó a Guillermo Guzmán, de 15 años, de asesinato en segundo grado y asalto agravado; la policía señaló que el hecho se originó por una pelea entre jóvenes.
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Ambos casos avivaron la preocupación por la facilidad con que los menores acceden a armas de fuego y reabrieron la herida que dejó el homicidio de Michael Montoya, un alumno de 17 años apuñalado en 2025 dentro de un salón de la preparatoria Maryvale, del Distrito Escolar Phoenix Union High School.
Denuncias sobre seguridad escolar y el debate de la justicia restaurativa
La tragedia puso al descubierto, según exdocentes y padres, un patrón de ocultamiento de incidentes violentos y una política de justicia restaurativa que habría incrementado la inseguridad.
Teresa Pulido, exmaestra de la preparatoria Metro Tech del mismo distrito, denunció que la violencia escaló tras abandonarse la tolerancia cero: “Se pasó a la justicia restaurativa y el foco se puso en el agresor; las víctimas quedaron desprotegidas”, afirmó.
Pulido relató que alumnos le mostraban videos de agresiones y que, en septiembre de 2024, supo de dos armas con cargadores extendidos y un interruptor para convertir una pistola en automática en su escuela.
La directora, según la exmaestra, ordenó un confinamiento parcial para no alarmar a los padres; posteriormente, Pulido fue puesta en licencia y renunció por temor a represalias contra sus fuentes.
La exmaestra también aseguró que se redujo la sensibilidad de los detectores de metales para agilizar las filas, lo que habría facilitado el ingreso de armas, y que la dirección del distrito prefería no reportar los hallazgos para no perder alumnos.
Por su parte, el vocero del distrito, Richard Franco, declaró: “El Distrito Escolar Phoenix Union High School siempre priorizará la seguridad; no hemos recibido ninguna denuncia formal de un denunciante relacionada con la seguridad escolar y seguiremos evaluando nuestros sistemas”.
La iniciativa “Ley Michael” y la respuesta en la legislatura
La diputada estatal Lydia Guzmán (Distrito 24) presentó la iniciativa “Ley Michael” (HB 4109), que exige notificación inmediata a los padres ante amenazas graves, protege a los denunciantes y tipifica como delito el incumplimiento de los protocolos de seguridad, pero fue rechazada por la legislatura de dominio republicano.
Guzmán relató que, tras el apuñalamiento, acompañó a madres que protestaban y el personal de seguridad las hostigó: “Una mujer del equipo les gritó ‘fuera de aquí, no hay servicios para ustedes’; las madres lloraban, estaban aterradas”, dijo, y añadió que después la acusaron falsamente de introducir un cuchillo al plantel, lo que interpreta como una represalia.
La diputada vinculó la violencia escolar con el fracaso educativo y pidió una auditoría independiente de seguridad en el distrito.
“Cuando un joven no sabe leer ni escribir, es presa fácil para las pandillas y los cárteles; aquí han reclutado a nuestros muchachos”, La vocera del Departamento de Policía de Phoenix, Mercedes Fortune, recalcó la colaboración con las escuelas. “Valoramos la alianza con los distritos; los oficiales de recursos escolares continuarán asignándose a las preparatorias de Phoenix Union el próximo ciclo y cualquier amenaza se investiga con toda seriedad”.
Aumento de delitos menores y las leyes de armas en Arizona
En el ámbito estatal, Arizona ha flexibilizado sus leyes de armas: permite el porte sin permiso desde 2021 y ha limitado la regulación local. Propuestas para elevar la edad de compra a 21 años, sancionar el almacenamiento negligente o exigir verificación universal de antecedentes han quedado estancadas o fueron rechazadas.
Según datos preliminares del Departamento de Seguridad Pública, los delitos con armas cometidos por menores crecieron un 18 % en 2025.
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Adolescentes armados, denuncias de ocultamiento y una legislatura que no endurece controles mantienen en vilo a las comunidades del Valle del Sol, que exigen acciones concretas para recuperar la seguridad en escuelas y espacios públicos.
El debate trasciende las aulas y pone a prueba la capacidad de las autoridades para frenar una violencia que ya cobró vidas inocentes.
