Nueva resolución judicial pone en mayor riesgo a los beneficiarios de DACA. CORTESIA: Aliento / Facebook
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia dictaminó que la condición de beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no impide por sí sola que un inmigrante sea deportado.
La decisión, revelada por el Caucus Hispano del Congreso, allana el camino para la expulsión de aproximadamente medio millón de jóvenes conocidos como Soñadores sin necesidad de que se revoque previamente su estatus migratorio.
El fallo, adoptado por un panel de tres jueces, se originó a partir de la apelación presentada por abogados del Departamento de Seguridad Nacional contra la resolución de un juez migratorio que había paralizado el proceso de expulsión de una beneficiaria de DACA, Catalina “Xóchitl” Santiago, argumentando precisamente que su estatus la protegía.
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El nuevo precedente no implica la deportación inmediata de Santiago, pero sí otorga a los jueces migratorios la facultad de expulsar a personas con DACA sin haber anulado antes su protección.
“Esta decisión pone una diana de deportación en la espalda de cada Soñador de este país”, denunció el representante demócrata por Texas, Joaquín Castro, durante una conferencia de prensa del Caucus.
El presidente del grupo, el neoyorquino Adriano Espaillat, explicó que antes los jueces estaban obligados a cancelar primero el DACA antes de ordenar la expulsión, mientras que ahora podrán proceder a la deportación directamente, lo que calificó de “una escalada grave en la ofensiva contra los beneficiarios”.
La senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, acusó a la administración de Donald Trump de incumplir su promesa de trabajar con los demócratas en un plan para mantener a los Soñadores en el país y calificó la decisión de “indefendible”.
“Su fallo supone una escalada clara en la cruzada del presidente Trump para despojar de sus protecciones a los beneficiarios de DACA. Está atacando el programa desde todos los ángulos”, afirmó.
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La decisión coincide con las advertencias de organizaciones defensoras de inmigrantes, que llevan meses denunciando que los Soñadores han sido arrastrados por la ola de detenciones masivas de la actual administración a pesar de sus permisos legales.
Según datos oficiales, en la actualidad hay cerca de 500.000 beneficiarios activos del programa creado en 2012 por el presidente Barack Obama, diseñado para evitar la deportación de menores que llegaron al país sin autorización y permitirles acceder a permisos de trabajo, licencias de conducir y matrículas universitarias.
Durante su primer mandato, Trump intentó sin éxito cancelar DACA en 2017, frenando nuevas solicitudes y dejando en vilo a cientos de miles de jóvenes.
La Corte Suprema falló contra aquella medida. Ahora, la nueva ofensiva legal llega desde la rama administrativa, lo que, según los legisladores demócratas, representa una vuelta de tuerca en la estrategia para desmantelar el programa por la vía judicial.
