Greg Stanton y demócratas de Arizona rechazan regla de la administración Trump que amenaza permisos de trabajo para beneficiarios de DACA. Foto:
El representante federal Greg Stanton (AZ-04) encabezó a la delegación demócrata de Arizona en la presentación de una carta de comentarios formales en oposición a una regla propuesta por la administración del presidente Donald Trump. La medida busca despojar de sus autorizaciones de trabajo a los beneficiarios del programa DACA y a otros inmigrantes por contactos menores con las fuerzas del orden, incluidos arrestos que nunca derivaron en una condena.
“Esta propuesta es un intento más de esta administración por dificultar que las personas accedan y mantengan su capacidad de trabajar. Estamos profundamente preocupados por los cambios propuestos en esta reglamentación, los cuales introducirán trámites administrativos innecesarios en un sistema ya sobrecargado, sin mejorar significativamente la integridad del programa”, señalaron los miembros de la delegación en la misiva.
El congresista Stanton ya había expuesto la problemática de los retrasos en las solicitudes de DACA a principios de este año tras reunirse con beneficiarios, abogados y defensores de derechos civiles. La preocupación en torno a los permisos de trabajo resurgió con fuerza durante la reunión del Consejo Asesor de Nuevos y Futuros Estadounidenses celebrada la semana pasada por Stanton, lo que subraya la severidad con la que esta propuesta afectaría a las familias de Arizona y a los jóvenes que han construido sus vidas en el estado.
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Denegación de permisos sin necesidad de condena
La regla, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), permitiría que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) deniegue o rechace la renovación de permisos de trabajo a cualquier persona que admita, sea arrestada o resulte acusada de ciertos actos penales. El cambio más controvertido es que la norma no requeriría que exista una sentencia o condena firme para denegar la solicitud.
Asimismo, la iniciativa exige la toma obligatoria de datos biométricos para todos los solicitantes —incluso en los procesos de renovación— y amplía las causales por las cuales una autorización laboral puede ser cancelada de manera automática. Esta medida aplicaría a quienes solicitan la autorización de empleo de forma independiente a su estatus migratorio, afectando a beneficiarios de DACA, personas con permiso de permanencia temporal por razones humanitarias (humanitarian parole) e individuos con órdenes de remoción.
Trabas burocráticas e impacto económico millonario
La normativa faculta a los oficiales de USCIS a considerar casi cualquier contacto con las autoridades policiales como motivo suficiente de rechazo, sin ofrecer un recurso o proceso de apelación significativo. Además, obligaría a los beneficiarios de DACA a someterse casi cada año a costosas y prolongadas citas para la toma de datos biométricos, agregando un obstáculo adicional a un sistema de renovación que actualmente padece severos retrasos.
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El impacto presupuestario de la propuesta también resulta considerable. Según las propias estimaciones del DHS, la implementación de esta norma le costaría a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente 27 mil millones de dólares a lo largo de la próxima década, además de provocar una pérdida estimada de 2 mil millones de dólares en ingresos fiscales no percibidos.
