Las personas además de ser prácticamente secuestradas por éstos “anexos”, eran además despojadas de su identidad y sus beneficios eran cobrados por los estafadores en una intrincada red de corrupción. SCREENSHOT: Stolen People Stolen Benefits
El litigio es por el fraude en hogares de vida sobria dirigidos a nativos americanos
Un proceso judicial de clase contra el estado de Arizona ha salido a la luz, acusando a agencias estatales de permitir y facilitar un esquema de fraude masivo relacionado con hogares de vida sobria (anexos), que afectó principalmente a comunidades nativas americanas.
De acuerdo con la demanda presentada por la firma de abogados Brewer-Wood, el fraude costó $2.8 mil millones de dólares a los contribuyentes de Arizona, y miles de nativos americanos fueron víctimas de este esquema, en lo que se considera uno de los fraudes más grandes en la historia de Medicaid en Estados Unidos.
El abogado John Brewer, quien encabeza el litigio, señaló en una entrevista de radio que el fraude fue masivo y que las autoridades estatales estaban al tanto de la situación desde 2019. “Había un gran daño, y el estado lo sabía”, afirmó Brewer, quien sostiene que las agencias responsables no tomaron las medidas necesarias para frenar el abuso.
Demandadas: AHCCCS y ADHS
La demanda, que busca representar a miles de afectados, fue presentada contra dos agencias estatales clave: el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios de Salud (ADHS).
AHCCCS, que supervisa el Programa de Salud para Indígenas Americanos, es acusado de facilitar el fraude mediante la aprobación de facturas falsas presentadas por los delincuentes que operaban estos falsos hogares de vida sobria. Según Brewer, los fraudulentos cobraban por servicios inexistentes, y AHCCCS aprobaba estos pagos sin mayor control.
Por su parte, el Departamento de Salud de Arizona (ADHS) es señalado por no haber intervenido en el momento oportuno para detener el fraude, a pesar de ser responsable de la regulación de estos servicios de salud y de la protección de los ciudadanos del estado. Brewer argumenta que la agencia debería haber intervenido mucho antes para evitar el daño.
La trama fraudulenta no solo se limitó a un mal manejo administrativo, sino que estuvo dirigida específicamente contra las comunidades nativas americanas. De acuerdo con Brewer, los estafadores, en su mayoría provenientes de Nevada, vieron una “oportunidad dorada” al aprovecharse de los fondos de Medicaid administrados por AHCCCS. Los hogares de vida sobria eran, en realidad, fachadas que cobraban por servicios que nunca se prestaban, y que a menudo involucraban explotación y abuso físico y emocional hacia los residentes.
El fraude alcanzó tal magnitud que la Nación Navajo declaró en 2023 una emergencia de salud pública. “Llaman a esto el síndrome de la ‘furgoneta blanca’”, explicó Brewer, haciendo referencia a la táctica de los estafadores, quienes se desplazaban hacia las reservas nativas americanas para ofrecer sus ‘servicios’ fraudulentos.
Tragedia y muertes
Uno de los casos más trágicos expuestos en la demanda fue el de Carson Leslie, quien falleció después de ser transportado en una de estas furgonetas cerca de Flagstaff. Según Brewer, Leslie fue intoxicado con alcohol en el vehículo y falleció con una tasa de alcohol en sangre de 0.543, un nivel letal. “Lo dejaron allí y desecharon su cuerpo como si fuera basura”, relató Brewer, quien indicó que este tipo de situaciones no son casos aislados.
Reva Stewart, defensora de las víctimas del fraude, afirmó que alrededor de 2,000 personas han muerto o desaparecido a causa de estos hogares de vida sobria fraudulentos.
“Es uno de los fraudes más grandes en la historia de Medicaid en los Estados Unidos”, subrayó Brewer, advirtiendo que este es un problema que involucra dinero federal y no solo un programa estatal de Arizona.
El caso ha puesto en evidencia las fallas en la supervisión de los programas de Medicaid, los cuales son financiados por el gobierno federal. La magnitud del fraude ha captado la atención no solo de las autoridades locales, sino también de activistas y defensores de los derechos humanos, que exigen justicia para las víctimas y rendición de cuentas para las agencias estatales involucradas.
