Está imagen de archivo un decomiso realizado por el Departamento de Policía de Phoenix demuestra como la proliferación de armas fomenta la delincuencia y el crimen organizado. CORTESIA: Phoenix Police Department
La violencia armada continúa siendo una crisis de salud pública en Estados Unidos, especialmente en Arizona, donde las armas de fuego son una de las principales causas de muerte entre menores, ya sea por suicidio o violencia. Para iniciar 2025, solo en la ciudad de Phoenix se reportaron varias muertes en tiroteos ocurridos en diferentes puntos de la urbe, lo que evidencia el alcance de esta problemática, sin embargo, lejos de promover regulaciones, los legisladores republicanos están impulsando medidas que podrían incrementar el acceso a las armas incluso en lugares prohibidos por ley, como los campus universitarios.
Recientemente, el Equipo de Revisión de Mortalidad Infantil de Arizona (CFRT, por sus siglas en inglés) propuso retirar las armas de fuego de los hogares con niños, una medida destinada a prevenir tragedias. Los representantes republicanos Quang Nguyen y Selina Bliss rechazaron de manera contundente esta recomendación, argumentando que atenta contra los derechos protegidos por la Segunda Enmienda.
“Estamos consternados de que el CFRT esté abogando por despojar a los arizonenses de sus derechos en sus propios hogares”, declararon en una carta dirigida al Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
Mientras tanto, la senadora republicana Wendy Rogers presentó el proyecto de ley SB 1020, que busca legalizar el porte de armas ocultas en los campus de universidades y colegios públicos del estado. De aprobarse, esta legislación impediría a instituciones como la Universidad Estatal de Arizona (ASU) o la Universidad de Arizona (UofA) prohibir que personas con permisos de porte oculto porten armas en sus instalaciones. Actualmente, estas universidades prohíben la presencia de armas en sus campus, salvo en casos excepcionales, como armas almacenadas en vehículos.
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Cifras alarmantes
En 2020, el 54% de las muertes por armas de fuego en Estados Unidos fueron suicidios, mientras que los homicidios representaron el 43% y los accidentes el 3%. En Arizona, la tasa de mortalidad por armas supera las 18 muertes por cada 100,000 personas anualmente. A nivel nacional, se registró un promedio de un tiroteo masivo cada 24 horas en 2024, acumulando casi 8,000 víctimas fatales en un solo año.
Estas cifras reflejan la urgente necesidad de implementar medidas de seguridad. Sin embargo, los legisladores republicanos argumentan que la educación sobre el uso seguro y el almacenamiento adecuado de armas son soluciones más efectivas que la eliminación de armas de los hogares. Para los defensores del control de armas, estas medidas son insuficientes y ponen en riesgo la vida de niños y adolescentes.
El proyecto SB 1020 también ha generado una fuerte controversia. Sus defensores argumentan que permitir el porte oculto en los campus incrementaría la seguridad personal de estudiantes y empleados en situaciones de emergencia. En contraste, los críticos advierten que más armas en ambientes académicos podrían aumentar el riesgo de violencia y accidentes.
“Los ciudadanos responsables con permisos de porte oculto tienen el derecho de protegerse, sin importar dónde se encuentren, incluso en campus universitarios”, declaró la senadora Rogers. Sin embargo, activistas y comunidades universitarias han manifestado su preocupación por el impacto negativo que esta medida podría tener en la seguridad.
Con una mayoría republicana en la legislatura estatal, el SB 1020 podría avanzar hasta el escritorio de la gobernadora Katie Hobbs, quien ha vetado previamente proyectos de ley que buscaban flexibilizar las restricciones sobre armas de fuego. Dado su historial, es probable que la gobernadora bloquee esta iniciativa, lo que podría intensificar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El debate en Arizona ilustra un dilema nacional: cómo abordar la violencia armada mientras se respetan los derechos constitucionales. Con la frecuencia de tiroteos masivos en niveles alarmantes y las muertes relacionadas con armas de fuego en aumento, encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y las libertades individuales sigue siendo un desafío urgente para los legisladores y la sociedad en general.
