La fiscal de Maricopa, Rachel Mitchell, concluyó su investigación revelando solo 8 votantes no ciudadanos de 60 señalados. No hay fraude electoral. Foto: Facebook MCAO
La fiscal del Condado Maricopa, Rachel Mitchell, anunció que su oficina concluyó una investigación de varios meses sobre 60 personas señaladas como posibles no ciudadanas que habían emitido votos en elecciones anteriores; de ellas, 52 resultaron ser ciudadanas y solo ocho no lo eran.
La investigación representa la continuación del caso iniciado por el registrador del condado, Justin Heap, quien en primavera refirió 207 individuos a fiscales estatales y del condado tras identificarlos con la herramienta federal SAVE, un sistema que ha producido falsos positivos en varios estados.
La republicana Mitchell señaló que siete de los ocho no ciudadanos se registraron para votar mientras renovaban su licencia de conducir por lo que tienen estatus legal y el restante lo hizo mediante un formulario en papel en el que marcó que no era ciudadano.
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Falla sistémica en el ADOT
“Aunque nuestros hallazgos hoy no cambiarían el resultado de ninguna elección pasada, cada votante inelegible diluye el voto de un ciudadano”, declaró Mitchell.
Agregó que es “crucial que arreglemos esto hacia adelante para que no se arrojen dudas sobre la seguridad y los resultados de nuestras elecciones“.
La funcionaria calificó el problema como una “falla sistémica” del sistema estatal de licencias de conducir y pidió mejor capacitación para los empleados del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, por sus siglas en inglés).
“Deberían preguntarle a alguien si quiere registrarse para votar antes de que se llene cualquier formulario”, dijo.
Los votantes entrevistados por detectives no recordaban haberse registrado ni haber sido consultados al respecto, según el reporte.
Del total de 60 investigados, cinco se registraron sin afiliación partidista, dos como republicanos y uno como demócrata y habían emitido votos de manera esporádica en elecciones generales desde 2012; dos votaron en primarias republicanas de 2020 y 2022, y dos en la elección especial de Glendale de 2025.
Mitchell dijo que no encontró evidencia de que intentaran inclinar alguna elección específica.
Impacto del sistema federal SAVE
La investigación aún no está completa, pues de los 207 votantes referidos por Heap, Mitchell solo ha revisado 60; los 147 restantes siguen bajo investigación de su oficina y de la Fiscalía General de Arizona, que encabeza la demócrata Kris Mayes.
Una fuente cercana a la investigación estatal dijo a Votebeat que está cerca de concluir y que, hasta ahora, los investigadores estatales también están encontrando “muchos ciudadanos”.
El caso refleja las consecuencias del uso del sistema SAVE, que el Departamento de Seguridad Nacional amplió el año pasado para verificar ciudadanía a gran escala.
En junio, una jueza federal bloqueó su uso por preocupaciones de privacidad y derechos electorales, pero la Corte Suprema permitió la semana pasada que los funcionarios electorales reanuden su utilización.
Sin embargo, el fallo probablemente no tenga un impacto significativo en las elecciones intermedias porque la ley federal prohíbe eliminar votantes en masa en los 90 días previos a los comicios.
Heap colocó a los 207 votantes en estatus de “no elegible” a principios de año, un proceso que, según expertos electorales, podría no cumplir con los requisitos legales de notificación establecidos en la ley estatal.
Los votantes en ese estatus permanecen en los padrones, pero no reciben boletas por correo y deben mostrar prueba de ciudadanía antes de votar, según el reporte.
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La oficina de Heap no respondió cómo manejará los 60 votantes ya investigados por Mitchell, ya que otros estados, incluido Texas, han tenido que reinstalar votantes después de que ciudadanos fueron señalados erróneamente por el sistema SAVE.
