David Schweikert, congresista republicano por Arizona y fallido candidato a la gubernatura, propone el SMARTER Act, que elimina la inmigración familiar y la lotería de visas para residencias. Foto: Magnific
El congresista republicano por Arizona, David Schweikert, presentó recientemente el SMARTER Act (H.R. 10400), una propuesta que eliminaría las categorías de inmigración familiar F1, F2B, F3 y F4, reduciría el límite mundial de visas familiares de 226,000 a 88,000, suprimiría el programa de lotería de visas y crearía un sistema de puntos basado en edad, educación, inglés y salario.
El proyecto, que no tiene copatrocinadores y permanece en el Comité Judicial de la Cámara, contradice el discurso republicano de apoyo a la “inmigración legal” al recortar drásticamente las vías legales existentes, según el registro legislativo del Congreso.
La abogada de inmigración Ayensa Millán, de CIMA Law Group, analizó la propuesta y advirtió que las cuestiones jurídicas más complejas no se limitan a la autoridad del Congreso para modificar las categorías migratorias.
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“La Corte Suprema ha reconocido históricamente una amplia autoridad federal en materia de inmigración. Más bien, las cuestiones más complejas podrían estar relacionadas con la retroactividad, las garantías procesales, la autoridad administrativa y la revisión judicial”, señaló Millán.
Uno de los puntos más delicados, según la abogada, es el impacto sobre los casos pendientes.
“Podrían surgir litigios si el Congreso aplicara el nuevo sistema a peticiones que ya se encontraban pendientes. La cuestión fundamental sería determinar si las personas afectadas recibieron notificación adecuada y las garantías procesales exigidas por la ley antes de que se eliminara una vía migratoria existente”, explicó Millán.
La propuesta también crea la SMART Board, un órgano administrativo con amplia discreción para determinar los niveles de inmigración basándose en condiciones económicas.
“El alcance de esa autoridad y los estándares que regulen su ejercicio podrían convertirse en objeto de revisión judicial”, advirtió la abogada.
Añadió además que las restricciones a los mecanismos ordinarios de revisión administrativa podrían generar litigios relacionados con el debido proceso y el acceso a la justicia.
El uso de inteligencia artificial para identificar a personas que permanezcan en el país después de vencer sus visas plantea otro frente legal.
“¿Qué mecanismo tendría una persona para corregir una determinación automatizada antes de que produzca una consecuencia migratoria?”, preguntó Millán.
“Esta cuestión adquiere especial importancia cuando una decisión automatizada pueda desencadenar procedimientos de remoción o afectar futuras solicitudes migratorias”, agregó.
La abogada también señaló que el sistema de puntos podría generar litigios si los criterios legales se aplican de manera inconsistente o si un sistema aparentemente neutral produce una discriminación jurídicamente prohibida.
“Un sistema migratorio basado en puntos utilizaría factores como educación, experiencia profesional y dominio del inglés. Estas clasificaciones no son necesariamente inconstitucionales, pero su implementación podría generar litigios”, afirmó.
El impacto sobre Arizona sería directo, pues el estado tiene una de las poblaciones inmigrantes más grandes del país y México es el principal país de origen de los solicitantes de visas familiares.
En el Boletín de Visas de septiembre de 2026, las categorías F1, F3 y F4 para México tenían fechas de acción final mucho más antiguas que para otras regiones, lo que refleja la enorme demanda acumulada y la eliminación de esas categorías dejaría a miles de familias sin ninguna vía legal para reunificarse.
Schweikert, un veterano de 15 años en la Cámara y candidato fallido a la gubernatura en 2026, ha justificado la iniciativa argumentando que el sistema actual es “incoherente”.
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Sin embargo, el efecto neto de su propuesta sería una reducción significativa de la inmigración legal, no una expansión.
La conclusión de Millán es contundente: “Si se promulga, los litigios más importantes no se limitarían a determinar si el Congreso puede modificar la política migratoria, sino cómo esos cambios pueden aplicarse a individuos, casos pendientes y decisiones administrativas. Esto añadiría caos al sistema migratorio actual, resultando en menos avenidas legales para ingresar a Estados Unidos y en un incremento sustancial en procesos de deportación”.
