En medio del temor y la incertidumbre de la comunidad inmigrante, la propuesta bipartidista de “Ley Dignidad” emerge como un tenue rayo de esperanza. Foto: Cortesía / Pixabay
En medio del endurecimiento migratorio federal, la congresista republicana María Elvira Salazar impulsa la “Ley Dignidad” (H.R. 4393), una propuesta bipartidista que busca equilibrar seguridad fronteriza con protección laboral para indocumentados, despertando esperanzas y escepticismos especialmente en estados fronterizos como Arizona.
Presentada junto a la demócrata Verónica Escobar de Texas el pasado 15 de julio, la iniciativa surge cuando encuestas revelan que el 63% de votantes hispanos considera las políticas migratorias de Trump “demasiado duras”.
La propuesta establece un “Programa Dignidad”: estatus legal renovable cada siete años para indocumentados que ingresaron antes de 2021, previo pago de $7,000 en restitución, cumplimiento de requisitos de residencia, ausencia de antecedentes penales y monitoreo del Departamento de Seguridad Nacional.
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Excluye acceso a ciudadanía o beneficios federales y paralelamente, fortalece controles fronterizos e implementa la verificación obligatoria de empleo (E-Verify). Salazar, representante floridiana de origen cubano, defiende el proyecto como solución tras “40 años de sistema roto”.
“Estados Unidos es un país de negocios. Si deportáramos a estos trabajadores, el estadounidense promedio lo sentiría”, argumenta Salazar.
La realidad y la narrativa
El impacto potencial en Arizona es significativo, donde según Jorge Mendoza Yescas, cónsul general de México en Phoenix, la comunidad mexicana representa “la mayoría de personas indocumentadas”.
Mendoza observa la propuesta con “interés, sensibilidad y sentido de responsabilidad”, destacando que los datos oficiales del Sector Tucson (mayo-julio 2025) contradicen la narrativa de “crisis” fronteriza: estaciones como Ajo, Douglas, Wilcox y Nogales registran apenas “entre una y cinco detenciones diarias”.
Estos flujos reducidos reflejan, según el cónsul, necesidades “económicas, familiares y humanitarias” más que amenazas de seguridad.
No obstante, Mendoza advierte sobre obstáculos económicos: las multas de $7,000 y el impuesto del 1.5% a los ingresos durante el programa “podrían dejar fuera a trabajadores agrícolas o jornaleros con ingresos bajos”.
Subraya que para miles de mexicanos en Arizona que “llevan décadas construyendo una vida digna”, la iniciativa representa esperanza, pero exige que la dignidad “no sea solo una palabra” sino “políticas públicas sin exclusiones económicas”.
Apoyo conservador y resistencias
Desde una perspectiva política inesperada, el analista conservador Félix García respalda la propuesta como “solución conservadora, realista y moral”. Destaca su financiamiento mediante multas a beneficiarios (“autorresponsabilidad, no permisividad”) y medidas de seguridad como E-Verify.
García recoge el reto directo de Salazar a Trump: “Presidente […] si quiere deportar a 11 millones de personas, buena suerte. Pero si no va a hacerlo, permítanos arreglarlo nosotros”. Concluye que apoyar la ley “no nos hace menos republicanos […] nos hace más humanos”.
La iniciativa enfrenta resistencias sólidas. Grupos proinmigrantes la acusan de crear una “clase permanente secundaria”, mientras figuras republicanas como Stephen Miller,arquitecto de políticas duras de Trump, promueven deportaciones masivas.
La Casa Blanca ha mostrado frialdad: su secretaria de prensa Karoline Leavit declaró que ni Trump ni su equipo “han leído esta legislación” y recordó que el presidente “no apoyará amnistía para extranjeros ilegales”.
Una solución con futuro incierto
Salazar insiste en que su propuesta es “el arte de lo posible” en un Congreso polarizado, argumentando que con la frontera sur “asegurada” es momento de “mirar hacia adentro”.
Ha apelado directamente a Trump, llamándolo “hombre inteligente” y “experito en construcción”, sugiriendo que podría ser “para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud”.
El destino de la Ley Dignidad dependerá de superar décadas de bloqueo legislativo. Mientras tanto, en Arizona, las palabras de Mendoza resuenan con particular fuerza: la verdadera prueba será si esta iniciativa logra transformar el concepto de “dignidad” de un eslogan político en una realidad tangible para quienes, según el cónsul, “no solo trabajan: sueñan, educan hijos, pagan impuestos y aportan profundamente” a las comunidades donde viven.
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Como resume García: “La seguridad y la compasión no se excluyen. El Dignity Actdemuestra que pueden y deben coexistir”.
